Se acumulan los conflictos provocados por la Universidad Católica de Murcia (UCAM, llamada de San Antonio), en gran parte ligados a su política sistemática de compra de voluntades entre el denso y más que cuestionado elenco de políticos murcianos del PP. Esta conducta que representa y en realidad monopoliza su fundador y presidente, José Luis Mendoza, viene caracterizando la presencia de la institución en la Región de Murcia desde 1997 y coincidente con el inicio del predominio del Partido Popular (1995) tanto en la Comunidad Autónoma (CARM) como en el Ayuntamiento de la capital. El hecho de que desde 2015 la mayoría de este partido en ambas instituciones haya perdido la mayoría absoluta (aunque sigue gobernando gracias a un pacto con Ciudadanos) ha permitido que se levante la veda sobre los abusos y trapacerías del tal Mendoza y su escandalosa Universidad.
La metodología empleada por Mendoza en su plan de copo sobre las instituciones relacionadas con su negocio consiste en una doble actuación: por una parte, vinculando a las actividades académicas de la UCAM a personajes del PP o, al menos, probadamente conservadores (y que considerara manejables) que puedan dar juego en las instituciones, donde trabajaran, en su caso, teniendo en cuenta sus intereses; y por otra, contratando para sus grados, postgrados o títulos propios a políticos del PP que cesan en sus puestos y que en ciertos casos ya han favorecido a la universidad o se espera que lo hagan vía relaciones políticas, esencialmente.
La acción de control funciona, en general, de la manera descrita, aunque los “fichajes” pueden no tener carácter político estricto, cono ha sido el caso de Antonio Peñalver. Uno de los pocos murcianos olímpicos, que ganó una medalla de plata en Decatlón en Barcelona (1992), nombrado director general de Deportes en la CARM en 2007, que días antes de cesar en su cargo, con la llegada del nuevo presidente de la CARM en 2015, dejó firmados nada menos que 27 contratos con la UCAM a través de la sociedad pública Centro de Alto Rendimiento, por un importe total de 220.000 euros y sin mediar convocatoria pública alguna. A los tres meses era contratado como profesor sin respetar los dos años de “espera” que dicta la norma sobre incompatibilidades. El atleta declaró que no tuvo intención, con la firma de esos contratos, de beneficiarse después de la generosidad del contratista.
Sobre nombramientos por la CARM de gente procedente dela UCAM o que ejercen funciones docentes en ellas, brillan y aumentan los ejemplos según ha ido avanzando el tiempo, demostrando que esa es la estrategia de Mendoza, que se impone a la voluntad (se supone que sin gran trauma) de los decisores políticos del PP murciano. La prueba más evidente y notable es el hecho de que actualmente haya cuatro consejeros en el Gobierno de la CARM, de un total de nueve, que proceden de la UCAM: las responsables de Agricultura y Sanidad y los de Desarrollo Económico y Fomento, siendo este último el abogado Pablo Rivera Barrachina, el más reciente, nombrado en mayo de este año tras ejercer como profesor en la Escuela de Prácticas Jurídicas y en el Máster de Abogacía de la susodicha entidad académica.
Los altos cargos procedentes de la UCAM que ejercen tanto en la CARM como en el Ayuntamiento de Murcia son, al menos, una veintena y abarcan directores generales, jefes de servicio, concejales, inspectores de Hacienda y hasta jueces, como es el caso de Andrés Pacheco Guevara, expresidente de la Audiencia Provincial, que enseña Derecho Procesal. También se detectan altos cargos ‘mendocistas’ en la Administración del Estado, como los Ministerios de Hacienda y Defensa. Y el propio número uno de la lista del PP al Congreso por Murcia, el ciezano Teodoro García, es profesor de Electrotecnia. Acerca de las compatibilidades, y por lo que a los cargos regionales se refiere, se supone que en una buena parte son burladas, principalmente por el mero hecho de no solicitarlas.
El último escándalo –superpuesto a otros, vigentes y en terreno judicial– es de índole urbanística y ni es el primero ni será el último. Ha estallado en el Ayuntamiento de Murcia al denunciar la oposición que siete edificios académicos del campus universitario, con un total de 3.500 metros cuadrados edificados, carecen de licencia y se han construidos sobre Suelo Protegido de Huerta. Y ha ilustrado el adecuado carácter de prepotencia del beneficiario, con intervención necesaria de sus deudores en la Administración, ya que el jefe de Disciplina Urbanística en el Ayuntamiento de Murcia, encargado de vigilar y castigar esas ilegalidades, es José Luis Camacho Porto, que ejerce también como profesor en la UCAM en el grado de Ingeniería Civil. En la crónica chusca de este abuso figura la declaración del interfecto, Camacho Porto, que pese a pasar continuamente junto a esos edificios ilegales, yendo a clase, asegura que “no se había fijado” en ellos. La atención se ha fijado, desde luego, en el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, anteriormente alto cargo de la Consejería de Obras Públicas, periodo en el que fue profesor de la UCAM en el título de Experto en Urbanismo (en flagrante incompatibilidad). El concejal ha respaldado la deficiente visión del funcionario, aunque asegura que ha intervenido debidamente en la denuncia de la ilegalidad descubierta. El cuadro se completa con Nuria Fuentes, directora general de Urbanismo en la CARM y antes concejala popular en la capital, en cuyas manos está el expediente de legalización del desaguisado–que se considera imposible de enmendar, por lo que hay iniciado un expediente de derribo– que sin embargo parece dispuesta a bendecir en última instancia la aberración por el “interés social” del infractor, que es una universidad. Nuria Fuentes, parece broma advertirlo, ha sido profesora en la UCAM antes de su nombramiento y, atención, el nuevo consejero Rivera Barrachina, del clan beneficiario, es la instancia definitiva en el Urbanismo en la región. Pero este espectáculo grotesco no barrunta nada bueno para la conflictiva universidad ya que José Luis Manzanera, uno de los fiscales más competentes e irreductibles de la región, ha instado causa penal por el desaguisado.
Mendoza, muy en su papel de gran perturbador social (y de cuya ocurrencia en honrar comodoctor honoris causa al primer ministro israelí, Netanyahu, ya dio cuenta cuartopoder.es), no solamente se ha negado a declarar ante la titular del Juzgado nº 5 de la capital que lleva el asunto, negando el delito contra el territorio del que se le acusa, sino que ha presentado ante el Ayuntamiento y la CARM la solicitud para construir otros 47.000 m2 de instalaciones universitarias en la misma zona protegida que ya ha violado (apelando, claro, al “interés social” de sus obras).
A este escándalo urbanístico habría que añadir el serio conflicto que enfrenta a la UCAM con la Universidad pública por el uso de los hospitales públicos por parte de los alumnos en prácticas, que Mendoza pretende que sea equitativo y que la comunidad universitaria pública rechaza de plano, planteándose que, como ya ha dictado la Comunidad Valenciana, las universidades privadas hagan sus prácticas en los hospitales privados. Este asunto se encona día a día y mientras, para que no falte ninguna salsa en la indescriptible personalidad de Mendoza, éste ha sido denunciado por homófobo por la asociación No Te Prives tras declarar, en sede universitaria, que el matrimonio homosexual es “una abominación a los ojos de Dios”.
