La Plataforma por la Enseñanza Pública pide votar contra la privatización
No solo en Valencia se cede suelo escolar público para que la Iglesia abra más sedes universitarias o colegios allí donde hacen más falta plazas educativas. Esta fórmula se ha extendido por el cinturón de Valencia a varios municipios gobernados por el PP, como Xàtiva, Torrent, Paterna o Alboraia. Este último, pegado a la capital, ha protagonizado el último capítulo al recalificar dos parcelas que permitirán a la parroquia local vender sus 5.500 metros cuadrados como "suelo residencial" para edificar y obtener, además, un terreno de "huerta protegida" para hacer un complejo educativo religioso concertado en todas las etapas educativas. Mientras, las coordinadoras de padres de alumnos de la red pública de los cinco de los distritos de Valencia con más crecimiento de población carecen -desde hace cuatro años- de plazas escolares suficientes y los alumnos se hacinan en barracones y aulas provisionales, según denunciaron ayer los afectados y miembros de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que mañana se encadenarán en el Ayuntamiento en protesta.
"Con estas cesiones de suelo público a la Universidad Católica, tenemos el temor de que todo el suelo escolar sea cedido a la iniciativa privada, mientras en muchos barrios siguen sin resolverse los problemas de falta de infraestructuras educativas básicas", describió María José Navarro, la presidenta de la federación de asociaciones de padres FAPA-Valencia, en la conferencia de prensa conjunta con los sindicatos STEPV, CC OO, UGT y Escola Valenciana.
En Campanar, un barrio con más de 18.000 vecinos nuevos censados, cada curso entre "25 y 50 niños por curso" han sido desplazados de su barrio a otros colegios por la Consejería de Educación por falta de plazas escolares. Sus representantes, Gregori Fidel y Clodoaldo Roldán, denunciaron la "improvisación" de la Administración educativa, que, pese a que el Consejo Escolar Municipal de Valencia emitió un informe en 2010 detallando el déficit de plazas por barrio, no ha hecho nada. "La solución: añadir más barracones en los colegios e invadir espacios comunes para habilitar aulas provisionales".
Las quejas se prolongan en estos barrios y municipios desde hace años, sin que la Generalitat ni las Administraciones locales hayan modificado su gestión. ¿Cómo parar esto? "Hay que salir a la calle y reivindicar que la escuela pública es la única que garantiza la escolarización gratuita para todos", puntualizó Navarro.
"Que la ciudad se rebele ante lo que está sucediendo: sobran odontólogos y se autoriza otra facultad para la Universidad Católica; se privatizan las escuelas infantiles construidas con dinero público y los padres pagan entre 350 y 400 euros mensuales; se desvía el dinero a entidades privadas que sí tienen ánimo de lucro…", se extendió Ángel Martí, de Escola Valenciana. "Solo queda rebelarse para impedir que esta ciudad vuelva al siglo XVIII, donde solo estudiaban los que podían pagárselo", remató.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los usuarios de la escuela pública? La respuesta llegó de la mano de Gregori Fidel, de la coordinadora de Campanar, que rememoró la máxima del fallecido sociólogo valenciano Josep Vicent Marqués de que "David gana muchas veces a Goliat". Y aludió a los logros de las plataformas ciudadanas. Desde los movimientos que en los setenta defendían lemas como El Saler per al poble y el Llit del Túria és nostre i el volem verd, a los de Salvem el Botànic y la iniciativa vecinal de Salvem El Cabanyal.
Más específico, Martí, subrayó que la Comunidad Valenciana es la "campeona" en fracaso escolar y en recortes educativos, con su política de favorecer la enseñanza privada, de forma que, "si el PP lleva en su programa electoral la privatización", habrá que votar en contra de esta gestión. "Que los ciudadanos reflexionen y reflejen su indignación", remató.
En paralelo, Compromís volvió a denunciar que la consejería no ha pagado a los colegios e institutos los gastos de funcionamiento del primer cuatrimestre y que los directores han tenido que devolver las facturas del gas, luz, teléfono o Internet por falta de recursos.
