Mujeres en Afganistán: entre el burka y la libertad

Una vez casado, el hombre considera que su mujer es una propiedad con la que puede hacer lo que quiera, porque ha pagado dote por ella.

A diferencia de la novia de la fotografía, el día de su boda Zohra estaba radiante, feliz, con una sonrisa de oreja a oreja. Las novias en Afganistán nunca sonríen, bajo ningún concepto. Ni tan siquiera cuando les toman fotos, como si celebraran su funeral en vez de su enlace. No en el caso de Zohra. Por algo ella es el prototipo de afgana que demuestra que la situación de las mujeres en el país ha cambiado desde la caída del régimen talibán en 2001. El presente ya no tiene nada que ver con el pasado, aunque el futuro continúa siendo incierto: el grueso de las tropas internacionales se marcha de Afganistán y, con ellas, buena parte de las ayudas extranjeras que se han destinado a las afganas en los últimos años para tratar de mejorar su situación. "Más del 80% de los matrimonios sigue siendo forzado", asegura con cara de preocupación Soraya Sobhrang, responsable de género en la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC). "O si no, la chica acepta el hombre que sus padres escogen para ella como marido, aunque no lo quiera. Por lo tanto, a la postre, es lo mismo", apostilla. En eso el hundimiento del régimen talibán sirvió para poco. Los cambios fueron mínimos.

Sin embargo, Sajia Begham, abogada e investigadora sobre derechos de las mujeres en Afganistán, aclara que esta situación no siempre fue así: "Antes de la guerra, los padres tenían muy en cuenta la opinión de sus hijas y no las casaban con alguien que ellas no quisieran. Pero con el inicio del conflicto se generalizaron la violación y secuestro de mujeres, y también los matrimonios forzados. Las familias creían que sus hijas estaban más seguras casadas que solteras, aunque fuera con un hombre que no desearan, porque al menos tendrían a alguien que las protegiera».

Zohra rompió con esa tradición y, en contra de las convenciones sociales de su país, se casó en septiembre pasado con un joven que ella misma escogió y de quien estaba locamente enamorada. Tal y como ocurre en los culebrones indios y turcos que ahora inundan las cadenas de televisión afganas, que tan poco tienen que ver con la realidad del país pero que encantan a las jóvenes. «Me daba miedo ir contra corriente", recuerda ahora Zohra. "Mi familia no estaba de acuerdo, pero al final dio su brazo a torcer". Como lo había hecho antes en tantas otras ocasiones.

Porque Zohra no solo se casó con quien quiso, sino que también fue al colegio y a la universidad. Es una de los 10 millones de niñas y niños escolarizados en Afganistán tras la caída del régimen talibán, estadística que tanto gusta difundir a la OTAN y a los Gobiernos occidentales para demostrar que su esfuerzo no fue en vano y que la intervención internacional en el país realmente sirvió para mejorar en parte la vida de las mujeres, condenadas al más puro ostracismo durante el lustro (1996-2001) que duró el régimen fundamentalista.

Las cifras hablan por sí solas. En la época talibán solo había un millón de alumnos, y todos eran niños. Las niñas y las mujeres tenían prohibido estudiar. De la misma manera, tampoco podían participar en la vida pública ni trabajar fuera de casa. Ahora en las ciudades, sobre todo en las del norte, es habitual verlas en todo tipo de empleos. Funcionarias, doctoras, maestras, periodistas, deportistas o parlamentarias. La lista es larga, aunque las que trabajan fuera del hogar continúan siendo una minoría.

Zohra se licenció en Medicina y ahora trabaja para una ONG internacional que le paga un sueldo que muchos españoles querrían: 2.000 dólares al mes, unos 1.500 euros. "Cobro más que mi padre y mi hermano juntos", dice la muchacha con orgullo. Así, asegura, se ganó el respeto de su familia y que esta primero aceptara que no se casara hasta que finalizara sus estudios y después que lo hiciera con quien a ella le dio la gana. "Tener unos ingresos puede cambiar la vida de una mujer en Afganistán", asegura Najiba Faiz, responsable de género de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), y cuya existencia se transformó cuando empezó a ganar más que su marido. «Antes tenía que pedirle permiso para salir de casa. Ahora puedo hacer lo que quiera", declara. Aunque, eso sí, él continúa llevando los pantalones en el hogar. "Hay convenciones que no te puedes saltar", argumenta ella.

A simple vista la boda de Zohra parecía un enlace convencional -hombres y mujeres lo celebraron en salones distintos, por separado, como marca la tradición-, pero de normal no tuvo nada. No solo los novios se amaban, sino que también ella renunció a que él pagara una dote a su familia, como es costumbre en el país. Se suele tratar de una gran cantidad de dinero, que puede llegar a los 7.000 euros, en un lugar donde el sueldo medio no supera los cien. "Muchos hombres se endeudan o venden alguna propiedad para conseguir el dinero", explica la responsable de género de la AIHRC. "O se llevan a cabo prácticas como el trueque o badal: intercambio de mujeres entre familias para casar a sus respectivos hijos sin necesidad de una transacción económica", añade. Un informe realizado en 2010 por la Unidad de Investigación y Evaluación en Afganistán (AREU, en sus siglas en inglés) llegó a la terrible conclusión de que la dote es una de las causas de la violencia contra la mujeres en ese país, y la pobreza endémica de sus habitantes. Una vez casado, el hombre considera que su mujer es una propiedad con la que puede hacer lo que quiera, por algo ha pagado por ella.

Así, sin dinero de por medio, Zohra creyó que su felicidad estaría asegurada, pero se equivocaba. "Mi padre nunca me pegó, pero mi marido ya me ha levantado la mano infinidad de veces», contaba tan solo cuatro meses después de la boda, sin dar crédito a que eso le estuviera pasando a ella. "Ya no es el mismo de antes. Su madre le ha calentado la cabeza. Le dice que no puede ser el único tonto que deje que su mujer haga lo que quiera".

"El problema es que en Afganistán existe una impunidad generalizada que afecta por completo a todos los estamentos de la sociedad, y aún más a las mujeres". Orzala Ashraf, una reconocida activista afgana por los derechos humanos, justifica así que la violencia contra las féminas en el país continúe siendo endémica, a pesar de los avances legales que en teoría se han dado. En 2009 el Gobierno aprobó una Ley para la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres que, por ejemplo, castiga el maltrato, la venta o el matrimonio forzoso. La nueva Constitución, aprobada tras la caída del dominio talibán, también establece igualdad de derechos para ambos sexos. Y Afganistán ha firmado y ratificado como país la Convención internacional para la eliminación de todas formas de discriminación contras las mujeres (CEDAW). Sin embargo, en la práctica todo se queda en papel mojado.

"Una solución?", dice pensativa Maryam Akrami, que dirige una casa de acogida para maltratadas en Kabul, cuando se le pregunta si existe alguna salida real para las que sufren violencia. "Que ahora haya casas de acogida ya es todo un avance, pero resulta difícil hablar de solución. Una vez entra aquí, la mujer está condenada a quedarse para siempre si su familia no acepta que regrese al hogar o si no vuelve a casarse. Es impensable que viva sola, sin estar vinculada a una figura masculina".

Ahora Zohra no sabe qué hacer. "No puedo divorciarme. Sería una vergüenza para mi familia. ¿Qué diría la gente si se enterara de que me casé por amor y que a los cuatro meses ya no quería estar con mi marido? Seríamos el hazmerreír de todo el mundo", comenta afligida. Ni haber estudiado una carrera universitaria ni tener un sueldo de ministro le sirven ahora para nada, si no es para huir. "Morir o irme del país. No me queda más opción", dice convencida. Está embarazada de tres meses y debe tomar una decisión. En Afganistán el hombre es quien tiene la custodia de los hijos. Si da a luz antes de marcharse, su marido se quedará con el recién nacido.

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Afganas se manifiestan por sus derechos. Foto: Mónica Bernabé

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Una mujer con su hija en el hospital de Qala-e-now, financiado por España. Foto: Mónica Bernabé

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