Excepto en fechas señaladas como este 1 de noviembre, el debate sobre la muerte suele estar ausente de la conversación social en nuestro país. A veces la excepción se rompe a consecuencia de algún suceso trágico que genera controversia y pone nuevamente de actualidad la cuestión de cómo afrontamos el fin de la vida. Las diferentes visiones sobre la vida y la muerte que conviven en una sociedad plural lo convierten en un tema complicado en el que se mezclan las convicciones personales con los derechos que una sociedad ha de preservar por encima de las creencias individuales de sus miembros.
Holanda fue un país pionero en legalizar la eutanasia en 2002. Posiblemente el fuerte individualismo que fomenta las diferentes corrientes protestantes en la práctica religiosa sirvió de acicate entonces y haya estimulado ahora un paso más. El Gobierno neerlandés ha anunciado un proyecto de ley que permitiría el suicidio supervisado para la personas que –aunque no estén desahuciadas por enfermedad– crean que han completado su vida. Con ello, Holanda ha ido más allá de la cuestión de la dignidad y ha planteado la cuestión del final del periplo vital en términos de derecho a morir libremente. Se trata de una idea a la que los diferentes poderes han sido históricamente reticentes puesto que de la vida y la muerte de los ciudadanos solo podían disponer el Estado o el dios correspondiente.
En 2011 en Nafarroa y este verano en el Parlamento de Gasteiz se han aprobado sendas leyes sobre el derecho a una muerte digna. Aunque ambas suponen un avance respecto a la situación anterior, son también tributarias de una legislación española que prohibe expresamente la eutanasia. Al norte del Bidasoa, el proceso al médico Nicolas Bonnemaison resultó elocuente. En Euskal Herria falta todavía mucho camino por recorrer para que se reconozca el derecho a una muerte digna que dé prioridad a la voluntad de las personas y su entorno. Su reconocimiento posibilitaría que la pérdida y el duelo sean humanamente más soportables para todos.
