La religión católica dejará de ser oficial en Bolivia si prospera una propuesta del Gobierno del presidente Evo Morales a la Asamblea Constituyente, que debería aprobar el 6 de agosto la nueva Carta Magna del país.
El proyecto señala que "el Estado plurinacional no tiene, profesa ni promueve religión alguna, y no reconoce carácter oficial a ninguna Iglesia o institución religiosa nacional o extranjera", aunque se respetará "la espiritualidad de cada cultura y la libertad de creencia, sin imposición dogmática".
El borrador, que contiene "sugerencias" sobre las autonomías, el papel rector del Estado en el manejo de la economía y la regulación de la actividad privada en función de su "utilidad social", entre otros temas, prevé la puesta en marcha de autonomías regionales (reclamación que abandera la oposición) y un sistema similar para las comunidades indígenas. A estas se les reconocería el derecho a impartir la ancestral "justicia comunitaria".