Monarquía e Iglesia Católica: la irrevocable herencia de la transición española

En innumerables ocasiones, hemos tenido la oportunidad de escuchar a los dirigentes del Partido Popular hacer referencia a la nefasta herencia que ha recibido el actual gobierno del Sr. Rajoy de manos del anterior gobierno socialista.

Justifican, gracias a este argumento, la adopción de decisiones políticas que atentan contra los intereses de la ciudadanía española y que, además, son del todo irrespetuosas con los contenidos recogidos en el programa electoral que les llevó a la Moncloa en el año 2011. ¡Bendita herencia!.

Por otra parte, somos muchos los españoles que consideramos que ha llegado el momento de que en España se abra un proceso de reflexión sobre otra herencia. Me refiero al legado recibido -en forma de texto constitucional- por un buen número de españoles y a los cuales se les ha negado, de forma sistemática,  cualquier oportunidad de ratificar o revocar el espíritu o el contenido de la Constitución Española de 1978.

El texto constitucional supone un legado político y legislativo para todos los españoles, especialmente para aquellos que hoy en día tenemos menos de 53 años. Me explico. La constitución se llevó a referéndum en diciembre de 1978 y para poder participar en dicho plebiscito era necesario tener cumplidos los 18 años –es decir, haber nacido antes del año 1960-. Este hecho implica, si nos atenemos a  datos demográficos a 1 de enero de 2013 (INE, 2013), que un 66% -2 de cada 3 españoles- de las personas que actualmente componen la sociedad española, no ha tenido oportunidad alguna de refrendar el sagrado texto constitucional.

La constitución española es producto de una situación sociopolítica complicada –tres años más tarde, en el año 1981, España aún sufriría un intento de golpe de estado- y es fruto de ese gran experimento que fue la transición española a la democracia. Un proceso con notables éxitos en el corto plazo pero, a mi entender, insuficiente para afrontar el largo. Su propio nombre lo indica: transición.

El experimento dejó como legado a todos los españoles un régimen monárquico por pura necesidad; un falso estado aconfesional donde campa a sus anchas una privilegiada iglesia católica; un país que renunció a castigar los excesos de la dictadura franquista y de sus protagonistas, como en el caso del fundador del partido que actualmente gobierna España, Manuel Fraga Iribarne. Por necesidad. Por puro miedo a sufrir un nuevo “cuartelazo” que diera al traste con el proceso de construcción democrático.

Parece evidente que el ansia democrática permitió ciertas concesiones que, actualmente,  son una amenaza para la solidez de nuestro modelo -de igual forma que la aluminosis debilita la resistencia del hormigón y pone en peligro la estabilidad de todo un edificio-.

Tanto la transición, como el actual modelo democrático, es patrimonio de todos los españoles  -si bien es cierto que de unos más que de otros-. De hecho,  todos los españoles disfrutamos de él, aunque también, en ocasiones y en mi caso, es motivo de padecimiento.

De un tiempo a esta parte, se aprecia un progresivo desgaste de ciertas instituciones españolas. Por este motivo, soy de la opinión de que es hora virar el rumbo; de abrir un nuevo proceso que permita el cambio desde la cultura de la transición a la cultura de la participación.

Actualmente, la monarquía española no desempeña la misma función institucional que en el año 1978. A esto hay que añadir cierto desgaste de la institución como se evidencia en el último barómetro del CIS, donde la confianza que la institución monárquica despierta entre los españoles es del 3,68 en una escala del 0 al 10.

La iglesia católica tampoco despierta demasiada confianza entre la población española; recibe un 3.56 en una escala del 0 al 10.

¿A que se debe tan pobre valoración?

Lógicamente, los presuntos casos de corrupción en que se ven inmersos  miembros de la casa real y  algunos partidos políticos  españoles han supuesto un importante deterioro en su imagen pública. La corrupción juega un papel fundamental en el desgaste y descrédito de las instituciones.  La casa real y los partidos políticos , en mayor o menor medida, se encargan de recordar  a los españoles que la diferencia de trato, la desigualdad y los privilegios perviven en España. Esta realidad escuece. Indigna. Máxime si tenemos en cuenta como ha librado in extremis la infanta su imputación por el caso NOOS.

¿En que lugar quedan ahora las palabras pronunciadas por el rey en referencia a la igualdad de los españoles ante la ley? Para la gran mayoría de españoles tan devaluadas como la institución. Por el contrario, el Partido Popular ha celebrado públicamente la suspensión de la imputación de la infanta Cristina. En palabras de A. Alonso, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, la decisión judicial demuestra que «todos somos iguales ante la ley para lo bueno y para lo malo».

Me sorprende el fervor con que el PP defiende la constitución española y el estado de derecho. No deja de resultar fascinante la capacidad que tiene el PP para apropiarse de ambos elementos, teniendo en cuenta que Alianza Popular -embrión ideológico y orgánico del actual Partido Popular- contaba en el año 1978 con 9 parlamentarios, de los cuales 5 votaron en contra, 2 optaron por la abstención y solamente 2 votaron de forma favorable a la aprobación del texto constitucional.

A tenor de su comportamiento, parece evidente que el PP no contaba, allá por el año 1978, con que el modelo constitucional pudiera llegar a convertirse en un marco tan favorable para la consecución de sus intereses.

En el caso de la iglesia católica, es innegable la gran capacidad de incidencia que tiene la Conferencia Episcopal en las decisiones políticas de los gobiernos españoles. Me exaspera que los gobiernos de un estado, supuestamente aconfesional, no pongan freno a esa  enconada obsesión por imponer al conjunto de sociedad española cierto tipo de comportamientos, valores y creencias que, por su naturaleza religiosa, corresponden al ámbito privado de las personas. La iglesia católica pretende controlar la natalidad y la mortalidad, la educación, las prácticas sanitarias, las relaciones sexuales, la naturaleza del matrimonio… ¡Qué contradicción! Empecinados en no dejar vivir, tan defensores se proclaman de la vida.

Para la consecución de sus propósitos, la jerarquía católica cuenta con importantes peones dentro del gobierno popular. Sin ir más lejos, el ministro Gallardón ha adoptado forma de monje guerrero en la defensa del dogma católico; “por recuperar la cultura de la vida”, dice el discípulo aventajado de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y del señor Fraga Iribarne –que, en ambos casos, de la cultura de la vida saben bastante-.

Nadie mejor que su padre -José María Ruíz-Gallardón-, para ilustrarnos sobre el fondo ideológico del hoy ministro de Justicia: «¿conservador yo?, tendrías que conocer a mi hijo Alberto, ése sí que es de derechas». Casi nada. Por otra parte, me reservo mis comentarios en referencia a las palabras del ministro de justicia, J. Fernández Díaz. Quizá su mensaje -“El aborto tiene algo que ver con ETA”- no sea del todo disparatado, ya que puede darse el caso de que, en breve, las mujeres españolas deberán acudir ataviadas con un pasamontañas a las clínicas de control de embarazo.

Salvando las distancias, ciertos elementos del panorama actual español me recuerdan aquella certera viñeta firmada por el genial Andrés Rábago,“El Roto”, y en la cual aparecen dos personajes –de asombroso parecido al monarca Felipe II y al cardenal Espinosa-  sentados en sendos tronos y sellando un macabro pacto. Dice el monarca: “para  vosotros las almas y para nosotros los cuerpos”. A lo que el cardenal responde un escueto: “¡Trato hecho!”.

Naturalmente, la situación que refleja la viñeta del Roto no se ciñe a la realidad. En ella, se echa en falta al Partido Popular reclamando para sí una parte de los cuerpos: el de las mujeres. Quizá, el Sr. Gallardón tenga pensado dejar la quema de brujas para la segunda legislatura.

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