Mollet aprueba la primera moción para no eximir del IBI a la Iglesia

El pleno del Ayuntamiento de Mollet del Vallès, gobernado por el PSC y CiU, aprobó anoche una moción para reclamar el pago del IBI por los edificios propiedad de confesiones religiosas que tengan actividad económica y generen beneficios, y no un uso estríctamente religioso. Fuentes municipales pusieron el ejemplo de un inmueble de la Iglesia alquilado a una entidad financiera.

La moción, primera presentada por un municipio en Catalunya, destaca que la crisis ha supuesto la aplicación de duras medidas y recuerda que el aumento de impuestos «afecta a la mayoría de asalariados y pensionistas». El ayuntamiento pide un «gesto solidario» de las entidades exentas del pago del IBI, y reclamará al Gobierno que reforme la ley de mecenazgo y la de haciendas locales, tal como han propuesto IU y el PSOE en toda España.

Sin embargo, la Generalitat se sumó ayer a las tesis del PP para rechazar estas iniciativas. «Somos partidarios de que se cumpla la normativa y que se respeten los acuerdos establecidos», afirmó el portavoz del Govern, Francesc Homs con el mismo argumento de la legalidad -Concordato de 1979 y leyes de mecenenazgo y haciendas locales- esgrimido el lunes por Mariano Rajoy para mantener las exenciones. Homs también criticó que el PSOE haga ahora la propuesta que no llevó a cabo mientras gobernó.

INHIBICIÓN DE LA FEMP / La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en manos del PP, anunció que no pedirá al Gobierno que modifique la normativa y se limitará a asesorar a los ayuntamientos de que «no tienen competencias para determinar si pueden cobrar o no porque son del Estado». Por su parte L'Associaciò Catalana de Municipis (ACM) reclamó que se haga una revisión de todas exenciones fiscales y no solo las de la Iglesia.

El PP envió ayer una carta, firmada por el responsable de política local, Manuel Cobo, a los alcaldes y concejales para que rechacen las mociones «demagógicas» del PSOE. El partido que lidera Rubalcaba le preguntó «si su intención es que el Gobierno ingrese en las arcas municipales lo que la Iglesia no paga».

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