Miranda revisará el censo de bienes de la Iglesia y solicitará que pague el IBI

El Ayuntamiento pedirá al Gobierno central que suprima la exención en la Ley de Haciendas Locales y que derogue los pactos con la Santa Sede

«A Dios rogando y el IBI pagando». Así resumió el concejal de Ganemos, José Ignacio Redondo, el sentido de la moción presentada por su grupo, y respaldada por PSOE, IU y Miranda Puede, dirigida a solicitar al Gobierno central que se suprima de la Ley de Haciendas Locales la exención de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de la que disfrutan las confesiones religiosas. Entiende que es una «situación irregular», más aún en un periodo en el que por la crisis económica el recibo ha subido «entre el 4% y el 10%» para el resto de los propietarios.

El privilegio del que disfruta un sector entiende Ganemos que «grava enormemente nuestras arcas municipales, así como a los mirandeses obligados a tributar, que ven aumentados dicho impuesto por lo que la Iglesia no paga». De ahí que se planteara crear un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de confesiones religiosas en la ciudad. Un padrón que podría servir para calcular los ingresos municipales en concepto de IBI en caso de que se suprimiera la exención. Si bien, el portavoz del PSOE, Miguel Ángel Adrián, recordó que su partido ya elaboró uno tiempo atrás, cuando trato de cobrar por determinadas propiedades. Algo que le fue imposible, porque perdió los juicios en los que acabó el intento. Uno de los casos afectó a El Convento, un hotel-restaurante, propiedad de una orden religiosa y, por tanto, exento de un pago que repercute en otros negocios similares.

Además, el texto de la moción abogó por pedir al Congreso que se deroguen los acuerdos del Estado español con la Santa Sede en materia económica. Una medida que implicaría, por ejemplo, la eliminación de la casilla de asignación a la Iglesia Católica del IRPF.

Aspectos como éste, suponen para Redondo, «un engaño a la aconfesionalidad que de forma muy ambigua proponía la Constitución». Pero más grave considera aún que pasadas más de tres décadas «los privilegios han aumentado en lo tocante a aspectos económicos y tributarios, en la cuestión de la enseñanza y los servicios sociales, con la complicidad de los distintos gobiernos». Cambiar, aseguró, depende de «la voluntad política».

Más allá del pago del IBI, buena parte del debate del pleno giró en torno a la laicidad o no de la administración, a la existencia del hecho religioso, a la libertad de confesión y al derecho de muchas personas a que se les presten unos servicios vinculados a una fe que consideran un valor inalienable.

«Es una institución milenaria, con aciertos y errores, pero no podemos permitir que se la demonice», demandó el portavoz popular, Borja Suárez, para quien el debate estaba poniendo de manifiesto una «animadversión manifiesta» hacia una entidad que desarrolla una labor muy positiva, más allá de la espiritual.

En ese sentido, tanto Redondo como Ubieto quisieron dejar clara la diferencia entre la «iglesia de base», con personas que trabajan directamente para ayudar al prójimo, y la estructura eclesiástica a la que acusaron de beneficiarse del esfuerzo de la sociedad.

Por su parte, Adrián trató, sin conseguirlo, de centrar el debate de la moción pidiendo que se diferenciara «el derecho religioso de la exención impositiva». Antes, la portavoz de Miranda Puede había aprovechado el debate para reclamar una vez más la supresión de la asignatura de religión del currículo educativo y la derogación del delito de supuesta ofensa a los sentimientos religiosos del Código Penal.

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