Para nadie es un secreto que la Iglesia Católica busca ganar más y más espacios en las decisiones políticas. Aunque no es una cuestión de los últimos sexenios —está el antecedente, por ejemplo, de la relación de piquete de ombligo entre Carlos Salinas y el nuncio Girolamo Prigione durante su mandato—, es cierto que la influencia eclesiástica ha aumentado durante la década del panismo en la Presidencia. Aunque México es un país eminentemente católico, no es una nación donde exista una religión oficial. Este principio de laicidad es defendido por la Constitución, con la finalidad de garantizar la libertad de culto para los mexicanos.
Sin embargo, la Iglesia Católica busca incrementar su cuota de poder dentro del escenario político nacional. Casos recientes como la supuesta intervención de Benedicto XVI en contra de la despenalización del aborto o el fracaso de las políticas públicas sobre educación sexual en Guanajuato, evidencian que la intervención del clero orienta al país hacia un conservadurismo contraproducente. Pese a la resistencia, personajes como el cardenal Norberto Rivera se envalentonan y defienden que la Iglesia “puede y debe” meterse en las labores del Estado, con la venia de aspirantes a la Presidencia como Josefina Vazquez Mota y Ernesto Cordero.
La voz de Rivera ha tenido eco en diferentes ámbitos. Conscientes de que la Iglesia Católica se quiere comer todo el pastel, ahora también la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas se puesto en contra del Estado laico. Bajo la filosofía del o todo coludos o todos rabones, los evangélicos también solicitan que los ministros de culto tengan participación en la vida política. Han puesto el dedo en la llaga al afirmar que vivimos en una simulación, pues “todos sabemos que la jerarquía católica interviene en cuestiones de política proselitista, y esto exhibe lo inútil que ya resulta la fracción E del artículo 130 constitucional”
La ley de separación de Estado – Iglesia no es inútil. Empero, sus palabras aciertan cuando nos referimos a la debilidad del Estado mexicano para mantener a raya a los jerarcas católicos, quienes sin reparo se han convertido en personajes de la clase política mexicana. Nombres como Juan Sandoval íñiguez u Onésimo Cepeda están íntimamente vinculados con la agenda nacional. Además, habría que sumar a funcionarios como el gobernador Emilio González o el ex presidente Vicente Fox, cuya religión ha determinado el rumbo de sus decisiones políticas. Sin una clara demarcación, es lógico que los ministros de culto alboroten al gallinero en pos de sus intereses.
Por desgracia, aunque muchas religiones promueven el amor al prójimo o los valores familiares, también son organismos reticentes al cambio. Temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, la familia homoparental o la educación sexual son áreas donde no sólo impera el pensamiento conservador, sino la persecución y la penalización. Permitir que los ministros participen —en especial, a la Iglesia Católica— es, amén de un empoderamiento, una legitimación. ¿Estamos dispuestos a permitir que la Biblia (o cualquier otro libro sagrado) quede por encima de la Constitución? No, señores sacerdotes, la política no es cruz de su parroquia.
Imagen: La Jornada
Archivos de imagen relacionados
