Militar, civil y religiosa

A 39 del comienzo de la dictadura. El componente religioso no fue menos clave que el represivo, el político o el económico. Si no, no habría logrado la profundidad y la extensión temporal que alcanzó.

Es infructuoso, a 39 años del inicio de la dictadura militar más feroz de la historia argentina, seguir cargando las tintas contra la Iglesia católica por el silencio que todavía guarda con respecto a sus compromisos con los crímenes de lesa humanidad. Que dé información, que abra sus archivos, que deje de proteger a los sacerdotes denunciados o que haga una autocrítica real, son acciones que poco sentido tiene reclamar a una Iglesia que no va a hacer lo que en más de 30 años de democracia nunca hizo. El conjunto de los reclamos debe estar dirigido al Poder Judicial: es el Estado a través de sus sentencias judiciales quien cuenta con mayores capacidades para construir y legitimar un relato histórico sobre la responsabilidad de los crímenes, respaldando la larga tarea educativa y clarificadora de los organismos de Derechos Humanos. Hasta el momento, el proceso de verdad y justicia iniciado en los ’80, frenado en los ’90 y reabierto en 2004 ha mantenido impoluta a la Iglesia. Hasta diciembre de 2014, los sacerdotes católicos representan menos del 1% de las 2624 personas imputadas y de las 552 condenadas por delitos de lesa humanidad. Sólo un capellán de la policía ha sido condenado, mientras que a uno del ejército lo absolvieron, otro está prófugo y dos se encuentran imputados. El resto falleció impune o no está lejos de hacerlo.

PARTICIPACIÓN NECESARIA. La dictadura que ocupó el poder entre 1976 y 1983 fue cívico-militar y también eclesiástica. Su componente religioso no fue mucho menos fundamental que el represivo, el político o el económico. La profundidad y la extensión temporal que alcanzó, no se habrían logrado sin la legitimación religiosa al gobierno militar y a la violencia desplegada, que tuvo un gran impacto en los imaginarios políticos y sociales. Al otro día de derrocado el gobierno constitucional, el Episcopado, a través de su presidente Adolfo Tortolo, señaló que la Iglesia «cooperaría positivamente en la restauración del auténtico espíritu nacional» (diario La Nación, 25/03/1976). Pero esta legitimación no reposó solamente en el plano del discurso público de los obispos. Una herramienta clave fue el trabajo que realizaron los capellanes militares, fortaleciendo la conciencia de los genocidas.

Hace tiempo que el término complicidad dejó de explicar la conducta de la Iglesia. A nivel institucional, su responsabilidad en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado fue la de un «partícipe necesario»: aquel cuya colaboración ha sido «esencial» para la comisión del delito o, más precisamente, sin la cual el delito no podría haberse cometido del modo en que ocurrió. No se trata de un «coautor» pues realizó un aporte algo menor, pero sí de un colaborador necesario al fin último de los autores. La Iglesia, a través de su Vicariato Castrense, se convirtió en un engranaje de la maquinaria represiva. La dimensión religiosa estuvo presente con diferentes intensidades: convenciendo de la peligrosidad ideológica y material del «enemigo subversivo», intensificando las ideas de «crisis moral» y «guerra justa», excitando a las Fuerzas Armadas a la toma del poder, acompañando su accionar represivo, avalando teológicamente los métodos clandestinos o instando a los detenidos a la delación. Y en un registro histórico de más largo plazo, esa dimensión se observó en la formación castrense que desde los años ’60 articulaba el nacionalcatolicismo y la Doctrina de la Seguridad Nacional.

PODER ESPIRITUAL. Es el Poder Judicial el único capacitado para identificar y probar la «participación necesaria» de los capellanes en estos delitos. ¿Y por qué sostener esta presunción como hipótesis de trabajo inicial? Porque hacia el interior de cada unidad militar, los capellanes ocuparon una posición de cierta «paridad» e influencia con los jefes castrenses y el resto de los uniformados. Ejercieron una forma de poder espiritual que, en razón de ese carácter, favoreció sobre la conducta de los militares un resultado por momentos tanto o más efectivo que la propia disciplina castrense. De allí que el represor Juan Bautista Sasiaiñ halagara los resultados de las «acampadas militares religiosas» porque –según su visión– «conseguían en tres días lo que los oficiales en un año» (diario personal de Bonamín, 04/06/1975). O que Videla declarara que el accionar de los militares contó con la asistencia de los capellanes en el marco de una «relación de colaboración y amistad» (revista Cambio 16, 12/02/2012). En este patrón de conducta, acercándose en la ESMA los «tiempos de espadas», el Vicariato logró efectivizar, por ejemplo, el pedido de que algún capellán se quedase por las noches. De los tres que había en ese momento, Alberto Zanchetta aceptó ir «tres veces por semana» (diario de Bonamín, 18/06/1975).

Los capellanes se convirtieron en los colaboradores necesarios que aliviaron la conciencia de los genocidas, hostigada por los problemas que causaba la aplicación de torturas y los métodos represivos ilegales. Los desvelos del obispo Bonamín –jefe de los capellanes– respecto de la tortura se concentraron en disipar las preocupaciones de conciencia que en los militares dejaba la «guerra justa», y definir «normas claras» para que los capellanes pudiesen transmitir en sus lugares de acción. A esos fines sirvieron las conferencias que pronunció. En una oportunidad, luego de dictar una en el Colegio Militar, registró en su diario que se acercaron muchos cadetes de 4º año para «formular preguntas, sobre ética de la guerrilla (trato de prisioneros… torturas para ‘hacer cantar’)». Y en la Escuela Lemos de Campo de Mayo, «a pedido de su director», les habló a los oficiales sobre la «visión teológica y actitud del Ejército», a raíz de que algunos «atacaron a unos guerrilleros, matando a dos». Con esa misma convicción expuso «sobre las torturas» a los sacerdotes que revestían funciones en el Operativo Independencia en Tucumán (diarios de Bonamín 04/06, 15/10/1975 y 22/04/1976).

COMO LOS JEFES. Cinco capellanes han llegado a estrados judiciales en calidad de testigos. En esas instancias sólo les ha sido solicitada información que pudieran recordar sobre las víctimas o los hechos investigados. Es la suerte que ha corrido, por ejemplo, el secretario del Vicariato Emilio Grasselli desde el Juicio a las Juntas hasta hoy. Conoció lo que ocurría en el ambiente militar, fue un vínculo clave con la Marina y confeccionó más de 2500 fichas con datos de desaparecidos; sin embargo, el Poder Judicial no le ha hecho más que preguntas sobre terceros. ¿Eso es todo lo que puede hacerse? Otros siete sacerdotes llegaron a ser imputados, gracias a que previamente fueron señalados en testimonios de sobrevivientes por su presencia en centros clandestinos de detención o sesiones de interrogatorio y tortura. Pero existe un conjunto mayor sin denuncias, cuya presencia en unidades que alojaron centros clandestinos puede probarse documentalmente, y sobre los que hay que ajustar la lente judicial.

Muchos militares han sido imputados o condenados –además de como autores directos– por los delitos cometidos por sus subordinados en el área o unidad militar de la cual eran responsables, es decir, bajo la carátula de la «autoría mediata». En un sentido similar (y ajenos a definiciones en materia legal) nos preguntamos si podría aplicarse para el caso de los capellanes una máxima equivalente. Puede establecerse que estos también tuvieron una «responsabilidad» –aunque distinta– sobre lo que ocurría dentro de su jurisdicción. Primero porque –como dijimos antes– ocuparon una posición de cierta paridad e influencia. Segundo, porque no fueron simples sacerdotes que visitaban los lugares esporádica o casualmente, sino que se trató de funcionarios estatales nombrados y remunerados especialmente para asistir «espiritualmente» a un determinado grupo de militares. Este es un punto fundamental. El Vicariato y sus miembros tienen una doble pertenencia: la Iglesia y el Estado. Es una institución eclesiástica incorporada a la estructura estatal: la designación del vicario nace de un acuerdo entre el Papa y el presidente, y los nombramientos de capellanes deben ser autorizados por el Ministerio de Defensa. Ha sido así desde su creación en 1957 hasta la actualidad.

El despliegue de sus 400 capellanes en el período 1975-1983 fue sistemático y estratégico: 1) los comandantes de cada Fuerza mantuvieron un fluido contacto con los tres capellanes mayores; 2) los generales que comandaron las cinco zonas militares en que se dividió el plan de exterminio fueron asistidos cada uno por dos capellanes; 3) el 80% de los jefes de las áreas, que tuvieron a su cargo la represión directa, contaron con acompañamiento religioso. Por último, alrededor de 100 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos. Por lo menos diez de ellos todavía están vivos, con un promedio de edad de 70 años. Es evidente que pueden conservar información relevante respecto de víctimas, victimarios, hechos o niños apropiados. Por tanto, es imperioso que se los cite a dar testimonio o se los indague. Al estar probada su presencia en unidades con centros clandestinos, el Poder Judicial cuenta con una herramienta para saldar al menos una mínima parte de esta deuda con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, antes de que la muerte se termine de hermanar con la impunidad.

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