Milicia y religión en las procesiones

La tradicional presencia de militares y agentes de policía en las procesiones religiosas valencianas puede estar tocando a su fin tras la sentencia que esta misma semana eximía al jefe de la Policía Local de Vila-real, Ángel Torres, de asistir a la procesión del Corpus, tal como obligaba el alcalde del municipio castellonense Manuel Vilanova. El juzgado avala la libertad religiosa de Torres y anula el decreto del munícipe que requería su presencia en todos los actos confesionales.

La noticia ha corrido como la pólvora y son muchos los policías que han reclamado copia de la sentencia ante posibles nuevos casos mientras que los sindicatos policiales exigirán a la conselleria de Justicia la exclusión de los actos religiosos en la norma marco, la cual establece que los mandos de la policía local deberán participar en aquellas ceremonias protocolarias que decidan las autoridades municipales. Este fallo judicial refresca la memoria sobre otro incidente similar ocurrido en Valencia hace más de una década. En noviembre de 1993, durante el V centenario de la advocación de la Virgen de los Desamparados el Ejército decidió rendirle un homenaje en el acuartelamiento de San Juan de Ribera de Valencia. Un sargento primero, Francisco Hernández, y otros compañeros se negaron a participar en los actos «por razones de conciencia» y presentaron a su coronel jefe una instancia pidiendo ser relevados del acto. Ante el aluvión de quejas, el mando militar rechazó las peticiones y les obligó a participar en el acto ante la imposibilidad de encontrar sustitutos.
Cuando entró la Virgen al cuartel Hernández abandonó la formación y se salió de la fila. Su actitud le causó la apertura de expediente por dos faltas graves solicitando cinco meses de arresto. Desde ese momento comenzó una batalla judicial entre la institución militar y el sargento, que a su vez se querelló contra el entonces jefe de la III Región Militar, Agustín Quesada, por violar su derecho a la libertad religiosa.
Finalmente los tribunales fallaron a favor de Hernández avalando su libertad religiosa, tal como ha ocurrido con Ángel Torres en Vila-real, para no participar en el acto, aunque archivó la querella contra su superior. Por otra parte, el sargento tuvo que cumplir los dos meses de arresto a los que Quesada le castigó por el delito de desobediencia aunque posteriormente el Tribunal Militar sentenció que el entonces general jefe infringió la ley al arrestar al suboficial. Por último, el Ministerio de Defensa indemnizó con cinco millones de pesetas a Francisco Hernández por los daños ocasionados y anuló al arresto que ya había cumplido.
También, el Tribunal Constitucional avaló la negativa de un mando policial de Sevilla a asistir a una procesión en Málaga en 1999.
La tradición en Valencia
La presencia militar en procesiones y actos religiosos en Valencia es tan tradicional como antigua. En la Semana Santa Marinera son varios los desfiles procesionales que cuentan con el acompañamiento de militares custodiando sus pasos o en las procesiones, entre otras, de San Vicente Ferrer o la del Corpus, la de mayor importancia en la ciudad.
Precisamente la asistencia de soldados en esta procesión provocó que en mayo del año 2000 el colectivo Capellans i Cristians Pacifistes remitiera al Arzobispado de Valencia un escrito en el que exigían que se prohibiera la presencia militar en el Corpus. Incluso, también pidieron a la alcaldesa Rita Barberá que dejara de participar como cargo político en el acto. Desde este colectivo aceptaron «con optimismo y muy bien» la sentencia a favor del jefe de policía de Vila-real ya que, a su juicio, «sirve para clarificar y diferenciar lo que es una procesión religiosa de un acto político o militar». Afirman que no «entendemos cómo unas personas que van a la guerra y se dedican a matar y destruir pueden ir a una procesión religiosa» y se preguntan «qué pintan allí».

Asimismo, Capellans i Cristians aseguran que «no comprendemos como las autoridades eclesiásticas permiten y parece que estén de acuerdo con procesionar con autoridades civiles, políticas y militares». El colectivo ha protestado en reiteradas ocasiones, con pancartas en plena procesión, la presencia de militares el día del Corpus.

Torres se define como un «luchador» por la laicidad               

«Sólo puedo decir, con todos los respetos, que sus acusaciones son de mal gusto y las niego tajantemente, yo trabajo siempre que se me requiere y nunca he eludido mis responsabilidades pero nunca iré a actos religiosos». El intendente principal de la Policía Local de Vila-real, Ángel Torres, negó ayer la insinuación que lanzó el pasado jueves el alcalde, Manuel Vilanova, de que la batalla judicial emprendida por el policía sólo pretenda trabajar menos y atribuyó sus «hirientes» palabras «a que no me conoce, siempre acudo muy gustoso a cualquier trabajo no confesional».
Torres negó que la pugna judicial que mantiene con el político del PP en los tribunales a cuenta de su asistencia a actos religiosos tenga sólo un trasfondo de enemistad personal y laboral. «Me considero un luchador, una persona comprometida con el movimiento de Europa laica que sólo desea lograr que las administraciones sean neutras respecto a las creencias religiosas de sus empleados», subrayó. El máximo responsable de la seguridad municipal puntualizó que su rechazo a asistir a oficios religiosos tampoco esconde ateísmo. «Creo que existe un ser creador pero no estoy en absoluto de acuerdo con la parafernalia que rodea ciertas confesiones religiosas como el catolicismo y, por ello, me amparo en mis derechos constitucionales para no participar; si el alcalde o cualquier otro vecino de Vila-real desea acudir a procesiones o misas está en su derecho de hacerlo y por supuesto que yo lo respeto», añadió. Torres anunció que acudirá a la ofrenda floral de hoy a supervisar el dispositivo policial de corte de calles.

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