Hasta doce provincias, junto a Ceuta y Melilla, no han notificado interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos cinco años, a las que hay que sumar los territorios que solo hacen una parte de las intervenciones. Las expertas ven en ello un incumplimiento de la Ley del Aborto de 2010, que reconoce “a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan”.
100, 200 o incluso más son los kilómetros que separan a muchas mujeres de su derecho al aborto en España. De Jaén a Granada o Málaga. De Soria a Valladolid. De Toledo a Madrid o de Huesca y Teruel a Zaragoza. Miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada año a desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad autónoma debido a que los servicios de salud no llevan a cabo esta práctica sanitaria en los lugares en los que viven. Una discriminación geográfica que se da de diferentes formas y a la que la opacidad institucional dificulta poner cifras exactas, pero que constituye uno de los obstáculos del acceso al aborto en nuestro país incluso más de diez años después de la puesta en marcha de la Ley del Aborto.
Según los informes estadísticos anuales que publica el Ministerio de Sanidad, hay hasta 12 provincias que no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, a pesar de que en ellas ha habido mujeres que las han solicitado. Son Jaén en Andalucía; Toledo, Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha; Huesca y Teruel en Aragón; Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria en Castilla y León y Cáceres en Extremadura. También las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto implica que dentro de sus fronteras no se han realizado y que derivan a las mujeres a otros territorios, según confirman varias consejerías de Sanidad a elDiario.es. A ellas hay que sumarles algunas islas de Canarias y Baleares y otros territorios que solo realizan una parte de las intervenciones y desplazan a las mujeres en determinados circunstancias.
Las razones que señalan las consejerías apuntan especialmente a que, en estas provincias, “no existen clínicas privadas” con las que concertar la prestación, dicen fuentes del Departamento de Sanidad de Aragón en referencia a Huesca y Teruel. “Hay clínicas en todas las provincias salvo en Jaén, pues ninguna empresa licitó en su momento. Las mujeres tienen que desplazarse a otra”, añade la Consejería de Salud andaluza. Y lo mismo en Castilla-La Mancha, cuya Consejería de Sanidad argumenta que las mujeres “eligen libre y voluntariamente” su destino de entre los convenios que mantiene el gobierno autonómico, es decir, las mujeres de Cuenca, Toledo y Guadalajara deben ir a Albacete, Ciudad Real, Madrid, Valencia o Murcia para abortar.
La dificultad de ponerle cifras
El de las clínicas es el modelo imperante para la prestación del servicio en España e implica que la Administración lo concierta con ellas y las mujeres no pagan por la intervención, pero incluso si en un territorio no hay centros, tampoco los hospitales públicos asumen los abortos. “Un incumplimiento”, según las expertas consultadas para este reportaje, de la Ley del Aborto de 2010, que en su artículo 19 reconoce que las administraciones públicas deben garantizar “a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan”. Las clínicas, cree Raquel Hurtado, coordinadora del Área de Intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), “tienen un nivel de especialización altísimo y hacen una excelente labor” pero “la ley tiene que cumplirse y es el Estado el que debe asegurarlo”.
La situación no es nueva, ocurre desde que este derecho se despenalizara en España, en 1985, y hasta en ocho provincias se ha extendido desde entonces, según publicó Newtral. Pero la cifra concreta de mujeres afectadas “es muy difícil de conocer” con los datos disponibles, denuncia Silvia Aldavert, coordinadora de L’ Associació drets sexuals i reproductius de Catalunya. La organización ha publicado recientemente un ambicioso estudio en el que identifica numerosas “barreras” en el ejercicio del derecho al aborto en España, entre las que está precisamente “la inequidad de acceso territorial”. A pesar de su extensa investigación, “el caos y la falta de transparencia es tal que es imposible hacer un recorrido preciso” más allá de aproximaciones, denuncia.
“Si nadie tiene que desplazarse fuera de su provincia para parir, ¿por qué sí tenemos que hacerlo para abortar?”, se pregunta L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius
Solo en 2019, 4.300 mujeres que vivían en la docena de provincias sin abortos quisieron acceder a la prestación y fueron trasladadas. Son 20.800 desde 2015. A ellas hay que añadirles otras tantas que se han visto obligadas a desplazarse entre islas, en el caso de los archipiélagos canario y balear, “donde solo algunas los realizan”, señala el informe catalán. Y también los territorios que solo hacen una parte de las intervenciones, por ejemplo, solo de menos de nueve semanas de gestación; o los que derivan a las mujeres embarazadas de más de 14 semanas.
Sin embargo, no es fácil saber con exactitud cuáles son porque no hay un mapeo público al respecto. Los informes de Sanidad incluyen un anexo en el que detallan qué centros de cada territorio han notificado abortos el año anterior, es decir, los han realizado. Y en ese listado falta desde 2015 la docena de provincias citada, pero las que sí aparecen solo especifican el centro, no cuántos realizaron y qué tipología. Por eso se dan casos como el de Burgos, que sí está en los informes de Sanidad como provincia que notifica, pero únicamente el hospital de Miranda de Ebro. Con la información pública disponible, no es posible saber si todos los abortos de la provincia se hacen en ese centro, pero el exjefe de servicio de Ginecología, Abel Renuncio, que es actualmente ginecólogo del Hospital Universitario de Burgos, explica a elDiario.es que allí se realizan únicamente los del área sanitaria correspondiente, y que el resto de mujeres de la provincia “son trasladadas a una clínica de Valladolid”.
Teniendo en cuenta todas las formas de exclusión, L’ Associació drets sexuals i reproductius ha intentado ponerle una cifra “aproximada” al problema: “Un mínimo de 6.407 mujeres y personas gestantes debe desplazarse cada año fuera de su provincia, su isla o, incluso, su comunidad o ciudad autónoma para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”. Son una minoría de los abortos practicados al año en España, no suponen ni el 7% del total, pero “no pueden considerarse excepciones teniendo en cuenta que el impacto que supone para las mujeres esta vulneración es muy importante”, reza el estudio. “Si nadie tiene que desplazarse fuera de su provincia para parir, ¿por qué sí tenemos que hacerlo para abortar?”, se preguntan las investigadoras.
Sin aborto más allá de la semana 14
Además de las doce provincias que no hacen ningún aborto, hay lugares que solo realizan una parte, entre ellos Lleida o La Rioja. El caso de la provincia catalana lo conoce bien Aldavert: “Sabemos que en Lleida no hay clínicas y que hay algunos centros públicos que realizan abortos, pero solo farmacológicos –con medicamentos– hasta la semana 9. Es decir, a partir de ese momento de gestación y aquellas mujeres que eligen método instrumental –quirúrgico– tienen que desplazarse”. En La Rioja tampoco hay clínicas acreditadas, y el único centro que notificó en 2019 interrupciones del embarazo fue el hospital de Logroño, pero un reportaje de la revista Pikara reveló hace escasos meses que las riojanas tienen que salir a Zaragoza, Pamplona o Bilbao a abortar. “Lo que nos llega de allí es que no se hace casi nada, puede que lo poco que se notifica sean casos ya graves, en los que esté en riesgo la salud de la madre y este tipo de circunstancias”, señala Aldavert.
A todo esto hay que sumarles los territorios que no hacen abortos más allá de la semana 14, que es el límite que impone la ley al aborto libre. A partir de entonces, solo es legal abortar si hay riesgo para la vida o salud de la embarazada o de “graves anomalías en el feto”, establece la norma aprobada en 2010. Eva Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) explica que son intervenciones “que requieren de unas técnicas, formación e infraestructura que no todas las clínicas tienen”, por lo que algunas regiones derivan estos casos. Son una mínima parte de las mujeres que cada año abortan en España, pero “están muy afectadas emocionalmente, suelen ser embarazos deseados que dejan de serlo y se tienen que desplazar para ello”.
“En muchos casos están en situaciones delicadas y se les hace trasladarse muchos kilómetros, lejos de su residencia y su entorno, con todo lo que eso implica”Mar Martín — AGASEX
En Andalucía, por ejemplo, esta intervención solo se realiza en Sevilla, Málaga y Cádiz. En Catalunya se hace en Girona y Barcelona. Y Castilla y León asume los abortos hasta la semana 22, confirma Renuncio, pero tras ese momento, que es muy excepcional y solo se permite por circunstancias médicas muy graves, las mujeres deben ir a Madrid –en 2019, fueron once castellanoleonesas–. “Supone una discriminación” hacia mujeres “que en muchos casos están en situaciones delicadas y se les hace trasladarse muchos kilómetros, lejos de su residencia y su entorno, con todo lo que eso implica”, cree Mar Martín, de la Asociación Gallega para la Salud Sexual (AGASEX).
En Galicia, aseguran fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas), se hacen todos los abortos “con los supuestos incluidos en la ley en todos los tiempos de gestación” y especifican que en Vigo y Ourense están los hospitales que realizan todas las intervenciones, “incluidas las superiores a 22 semanas”. No obstante, dejan en el aire si desde A Coruña y Lugo deben trasladarse en estos casos particulares. El caso de esta última provincia, además, es confuso: según los informes de Sanidad ha notificado abortos en 2016, 2017 y 2018, pero no en 2015 ni 2019. Y los años en los que sí, solo los notifica un centro, en concreto el Centro de Orientación Familiar, donde según varios medios en 2017 comenzaron a ofrecerse abortos, pero solo farmacológicos. Fue precisamente en esa provincia donde un año antes una mujer perdió el útero tras ser obligada a viajar 500 kilómetros para interrumpir su embarazo, en el que habían surgido enormes complicaciones tras la semana 32. El Sergas fue condenado.
Pero no es el único caso que ha trascendido a la opinión pública. Un año más tarde, en 2017, Women’s Link denunció el de una mujer que tuvo que ir de Murcia a Madrid para abortar tras detectarle una grave anomalía fetal. Para Estefany Molina, abogada de la organización, estas situaciones “evidencian que aunque tenemos una ley muy buena en términos de despenalización”, a día de hoy “existen obstáculos para acceder al aborto en condiciones de igualdad”. Y pone el foco en dos efectos: “No siempre y no todo el coste del viaje está cubierto por la sanidad pública”, y aunque lo esté, tienen que adelantarlo, lo que “impacta en las mujeres con escasos recursos”. Por otro lado, “están las consecuencias para las migrantes en situación irregular que viven en Ceuta y Melilla” y que “sí o sí para abortar tienen que ir a la península”, por lo que “sabemos que muchas no van a hacerlo porque deben pasar necesariamente por Policía, que probablemente las detengan y encierren en un CETI”.
El aborto, ante la falta de voluntad política
Las consejerías de Sanidad de las distintas comunidades afectadas señalan la inexistencia de clínicas con las que concertar el servicio el motivo de este obstáculo, pero desde L’ Associació drets sexuals i reproductius Aldavert aluden a “una falta enorme de voluntad política” para solucionar el problema. También Women’s Link recuerda que “es el Estado el que debe asegurarse de que las mujeres acceden al aborto sin discriminación” y si no hay posibilidad de hacer conciertos, “los hospitales públicos deberían tener la obligación de hacerlo y no forzar a las mujeres a viajar”. Hurtado, de la FPFE, recuerda que la ley estipula que los abortos se hagan en la red sanitaria pública, y contempla como “excepcional” el hecho de hacerlo en centros acreditados, sin embargo, esta es una de las peculiaridades del aborto en España: el servicio público apenas realiza interrupciones voluntarias del embarazo.
La Ley del Aborto reconoce la objeción de conciencia de los médicos, pero como un derecho individual, y nunca puede implicar que se menoscabe “el acceso y la calidad asistencial de la prestación”
La cuestión viene de lejos. Fueron las clínicas las que asumieron la tarea de practicar abortos hace más de 30 años ante la dejadez institucional, y en un momento de enorme estigma, los profesionales que las dirigen aún todavía hoy decidieron formarse en el extranjero “y dar un paso adelante” en una prestación que casi nadie quería hacer, explica Rodríguez, de ACAI: “Suponía un problema y fuimos capaces de enfrentarnos a las inseguridad y toda la presión que había”. Una vez que la ley actual entró en vigor, las comunidades, en vez de crear circuitos específicos en el seno de la sanidad pública, optaron por seguir manteniendo la vía de los conciertos. Y entre las razones, las consejerías aluden a varios motivos: a que es el modelo imperante, a que en las clínicas las mujeres “tienen privacidad y anonimato” o a la objeción de conciencia.
Así lo especifica el Gobierno castellanomanchego que, al ser preguntado por la posibilidad de que la sanidad pública asuma los abortos donde no hay clínicas, alude a que “existe objeción de conciencia en la totalidad de los servicios implicados” y también la Consejería de Salud de Andalucía, que apunta a que “se considera lo más seguro para las mujeres desde que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a la objeción de conciencia de los médicos”. Y sigue: “La Junta no puede preguntar a priori a un médico si está a favor o en contra de practicar abortos para organizar los servicios de un hospital”.
Un uso de la objeción de conciencia “ilegal” y sin relevo generacional
Sin embargo, la ley reconoce el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, pero también que debe “manifestarse anticipadamente y por escrito” precisamente para que “el acceso y la calidad asistencial de la prestación no puedan resultar menoscabadas” por el ejercicio de este derecho. Así lo recuerda Renuncio, ginecólogo del Hospital de Burgos: “La objeción de conciencia puede jugar un papel en la dificultad de asumir este servicio en la sanidad pública, pero no puede ser una decisión colectiva. La trampa está en que tampoco desde la Administración se recaba esa información porque no hay una voluntad de ver a las claras qué grado de objeción hay y con cuántos profesionales cuenta el sistema para poder ponerlo en práctica o no”.
Por eso desde Women’s Link hablan de un uso de la objeción de conciencia “ilegal”, debido a que es un derecho fundamental reconocido por la norma, pero solo individualmente. En la práctica, dice Molina, “nos encontramos con una objeción de conciencia institucional. Y me refiero a que un hospital entero no puede ser objetor de conciencia”. Aldavert cree lo mismo y apunta a que “al final tiene que ver con la falta de voluntad política porque reorganizar los circuitos en la sanidad pública es mucho más costoso”. En ACAI, donde están los profesionales expertos, apuntan también a otro motivo: “El aborto sigue siendo una práctica estigmatizada y no normalizada que no se enseña, a pesar de que la formación está incorporada en la ley sin que se haya cumplido en diez años”, denuncia Rodríguez.
Esto conlleva que las clínicas se estén viendo “sin relevo generacional” de profesionales, dice la vicepresidencia de ACAI, para la que “muchas veces” la objeción de conciencia “no se está haciendo por una cuestión ideológica o moral”, sino que “tiene mucho que ver con que dentro de la profesión, de la carrera profesional de un ginecólogo son temas que no suman, no dan prestigio en la trayectoria profesional”. Algo que para la L’ Associació drets sexuals i reproductius está “muy vinculado” con “la principal barrera en el acceso al aborto” que hay en España: “la falta de información” y la ausencia “de una apuesta clara y contundente” por tomar el asunto “realmente como lo que es: un derecho, y despojarlo del estigma, los tabús y los tópicos que siguen repitiéndose generación tras generación”.
Reportaje elaborado con información de Daniel Cela, Laura Cornejo, Francisca Bravo, Gonzalo Cortizo y Candela Canales.
