Miles de islamistas egipcios salen a la calle en defensa del presidente Morsi

El mandatario convoca el referéndum sobre la nueva Constitución para el 15 de diciembre. Morsi se sitúa por encima de la ley

Egipto ha experimentado este fin de semana un pulso en las calles de su capital entre las fuerzas islamistas y las laicas, antesala del escenario que probablemente se producirá en el referéndum constitucional, que este sábado el presidente Mohamed Morsi ha convocado para el próximo día 15. Después de que la oposición llenara a rebosar la plaza de Tahrir este viernes, hoy ha sido el turno de los islamistas. Más de 100.000 personas respondieron a la convocatoria de los Hermanos Musulmanes en la explanada frente a la Universidad de El Cairo para expresar su apoyo a Morsi, cuyos últimos movimientos han desatado la enésima crisis política de la atribulada transición egipcia.

A primera hora de la tarde, todos los accesos a la universidad ya se encontraban colapsados, y seguían llegando marchas provenientes de varios puntos de la ciudad al grito de “el pueblo quiere la aplicación de la sharía”. Docenas de autobuses alineados en los márgenes de la explanada y con matrículas de distintas provincias del país daban fe de la movilización islamista. En la demostración de fuerza de ayer, convocada bajo el lema “legitimidad y sharía”, se unieron los Hermanos Musulmanes y las corrientes salafistas, una rama ultraconservadora del islam.

“La mayoría del pueblo está con el presidente Morsi. Sus acciones eran necesarias para apuntalar la revolución”, apuntaba Tarek Munir, un ingeniero que se declara simpatizante de la Hermandad. Por encima de la marea humana se elevaban banderas de Egipto, carteles con la fotografía de Morsi, y banderas negras con una inscripción en blanco de la profesión de fe del islam, enseña que utilizan algunos grupos islamistas radicales. El ambiente festivo que rodeaba la marcha se vio solo alterado por la caída de un árbol, provocando la muerte de una persona y heridas a otras 15.

La última crisis de la transición egipcia tiene sus raíces en la decisión del presidente Morsi del pasado 22 de noviembre de firmar un decreto con rango de declaración constitucional en el que se arroga unos poderes cuasi absolutos, y blinda la Asamblea Constituyente de una probable disolución por parte del Tribunal Constitucional. Desde entonces, el rais islamista ha reiterado en varias ocasiones, la última anteayer en una entrevista televisiva, que no pretende eternizarse en el poder, y que la medida tiene un carácter temporal. “Su validez terminará pronto, cuando se apruebe la Constitución. No hay lugar para una dictadura”, afirmó el mandatario.

Según organizaciones de derechos humanos, la nueva Carta Magna no garantiza la libertad de expresión ni de culto

Tras un amago de buscar una salida negociada al conflicto, Morsi y su movimiento político, los Hermanos Musulmanes, optaron por acelerar el proceso de redacción de la nueva Carta Magna. En una sesión maratoniana, la Asamblea Constituyente aprobó la madrugada del viernes el borrador final. La mayoría de representantes laicos se había retirado del comité acusando a la mayoría islamista de imponer sus tesis. Según las organizaciones de derechos humanos, el texto presenta algunas mejoras respecto a la Constitución de 1971, pero no ofrece suficientes garantías de libertad de expresión y de culto.

El movimiento de la Hermandad sitúa a la oposición laica en una posición difícil, entre la espada de una Carta Magna de corte islamista y la pared de un decretazo que otorga a su adversario “poderes faraónicos”. Sin embargo, en la manifestación del viernes sus líderes se mostraron desafiantes, una actitud compartida por las asociaciones de la judicatura. Muchos jueces se han declarado en huelga y amenazan con no supervisar el referéndum constitucional. Una delegación de la Asamblea Constituyente se reunió este sábado con Morsi para entregarle el borrador final de la Constitución, y el presidente aprovechó la ocasión para anunciar el día de celebración del referéndum.

La Hermandad atesora argumentos para el optimismo. En las cinco ocasiones que los egipcios han sido convocados a las urnas tras la revolución, los islamistas han resultado vencedores. Ahora bien, el margen de su victoria ha ido reduciéndose en cada contienda. Morsi solo recibió en las presidenciales el 51% de los sufragios, y muchos analistas apuntan a una erosión de su popularidad desde entonces. Próximamente, el pueblo emitirá su veredicto. Lo que no está nada claro es que, como en las anteriores ocasiones, las urnas sirvan para aplazar las disputas y encauzar el país hacia la estabilidad.

Los artículos clave de la Constitución egipcia

La aprobación de la nueva Constitución del Egipto posrevolucionario ha sido un proceso accidentado y tortuoso. La primera Asamblea Constituyente, rechazada por los laicos por contener una aplastante mayoría islamista, fue disuelta por los tribunales en abril. Inmediatamente, el Parlamento aprobó un nuevo comité, algo más equilibrado, pero aún dominado por los islamistas. En consecuencia, el contenido de la nueva Carta Magna responde a los designios de esta corriente, y en concreto, de los Hermanos Musulmanes.

El artículo que ha suscitado un mayor debate ha sido el número 2, que establece la identidad del Estado, y el rol de la sharia o ley islámica. Finalmente, su redacción es la misma que en la Constitución del año 1971: “Islam es la religión del Estado, el árabe es su lengua oficial y los principios de la sharia son la principal fuente de legislación”. Hasta ahora, el artículo ha sido interpretado de forma laxa, y no ha constreñido el margen de maniobra del Parlamento.

Por esta razón, los ultraconservadores salafistas insistieron sin suerte en retirar la palabra “principios”, o sustituirla por “provisiones”, con la finalidad de aplicar la ley islámica de forma íntegra. Ahora bien, como concesión para obtener su apoyo, los Hermanos Musulmanes aceptaron añadir un nuevo como disposición adicional en el que se define los “principios de la sharia”, y se especifica que incluye también todas sus provisiones. Ello motivó el rechazo de los representantes laicos, pues creen que puede abrir la puerta a una teocracia.

El borrador de la Constitución es también criticado por laicos y organizaciones de derechos civiles al considerar que no ofrece suficientes garantías al respeto escrupuloso de las libertades individuales. Así, los artículos 31 y 44 prohíben las críticas y ofensas a personas y a los profeta. Además, en la sección sobre la prensa, se reconoce su libertad de expresión, pero se añade que “bajo una supervisión limitada”, lo que puede dar pie a la censura. De hecho, el representante en la Asamblea del Colegio de Periodistas se retiró en protesta.

También existen recelos respecto a las garantías a la libertad de culto, que está reconocida en el artículo 38, ya que sólo se reconoce para las “religiones de Abraham”. Una de las principales quejas de la comunidad copta es las enormes dificultades que conlleva construir o incluso reparar una iglesia.

Junto al artículo 2, el que quizás ha hecho correr más ríos de tinta fue uno referido a los derechos de la mujer. De acuerdo con su redactado, se reconocía su completa igualdad, pero siempre “de acuerdo con la sharia”. Esta última coletilla era inaceptable para los laicos, pues desconfían de la interpretación que se pueda hacer de la ley islámica. Finalmente, se llegó a un consenso para retirar el artículo. La cuestión de la igualdad se aborda en el artículo 30, que prohíbe cualquier discriminación en base al “género, origen, lengua, religión, creencia, opinión, estatus social, o minusvalía”.

Una de las partes más polémicas del texto es la referida a las Fuerzas Armadas. Luego de muchas discusiones, el Ejército ha conseguido que se respeten sus líneas rojas, y contará con una amplia autonomía para gestionar sus asuntos. Este hecho ha despertado las suspicacias entre muchos jóvenes revolucionarios, pues creen que hubo un pacto secreto entre la Hermandad y los generales para repartirse el poder.

Por ejemplo, se permite el juicio a civiles en tribunales castrenses, se limita la elección del Ministro de Defensa a oficiales del Ejército, y sobre todo, el Parlamento no tiene la potestad de establecer el presupuesto del Ejército, ya que compete al Consejo Nacional de Defensa. Este órgano, regulado en el artículo 198, está presidido por el rais, e incluye al primer ministro, así como a los altos cargos de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.

Por último, también ha sido objeto de largos debates la forma de gobierno. La Constitución anterior, la del 1971, establecía un sistema presidencialista, en el que el rais tenía unas competencias muy amplias. La nueva Carta Magna reduce algunos de sus poderes, pero se acerca al modelo francés, conocido como semi-presidencialista. Por ejemplo, el presidente tiene la capacidad de disolver el Parlamento, pero sólo si lo ratifica la ciudadanía en un referéndum. Además, a pesar de que el presidente nombra el primer ministro, éste debe contar con el apoyo de la mayoría de la Asamblea Popular.

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