MHUEL recuerda al alcalde de Zaragoza que colocar un belén en el ayuntamiento es contraria a la Constitución

Una decisión que como asegura la asociación aragonesa Movimiento Hacia un Estado Laico que un lugar que representa a toda la ciudadanía no puede identificarse «con una determinada confesión religiosa pudiendo ofender a los vecinos que profesan otros credos distintos o que no tienen ninguna creencia»

El pasado 9 de diciembre se celebraba el Día del Laicismo y la Libertad de Conciencia, un día más tarde la corporación de PP y Ciudadanos colocaba ante la entrada del salón del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza un belén.

Una decisión que como asegura la asociación aragonesa Movimiento Hacia un Estado Laico que es la propia Constitución de la que el PP siempre hace gala en sus sesiones plenarias la que señala que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». De esta forma el artículo 16.3 de la Carta Magna del Estado español regula la aconfesionalidad de los poderes y cargos públicos y su necesaria neutralidad en los que se refiere a creencias religiosas.

Asimismo, MHUEL recuerda que, al margen de la norma, el Salón de Plenos del Ayuntamiento es un espacio públicos donde reside la pluralidad representativa de todos y todas las vecinas de Zaragoza, por lo tanto, para esta asociación «está de sobra la presencia de un belén que identifica a la institución con una determinada confesión religiosa pudiendo ofender a los vecinos que profesan otros credos distintos o que no tienen ninguna creencia».

Una decisión del equipo de Jorge Azcón ha sido valorado por la asociación laicista como una «oportunidad política» que podría ofender a «aquellos creyentes católicos que pueden sentirse molestos por el uso de su simbología por motivos de oportunidad política y por otro el uso indebido de dicha simbología en un alarde de confesionalismo impropio de un cargo público como lo es el Sr Azcón que está representando a todos y por igual en su papel institucional de Alcalde de Zaragoza».

Por todo ello, MHUEL ha confirmado que llevará hasta la Oficina del Defensor del Pueblo esta decisión política para que califique y determine si dicha conducta es impropia dentro del marco jurídico constitucional.

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