A su juicio, “esta suspensión está negando la tutela efectiva para defender por parte de una Entidad de Dominio Público, como es el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que es de todos y todas”
Tras conocerse este pasado miércoles la decisión del TSJA de suspender de manera cautelar el Acuerdo tomado en el consistorio zaragozano, ratificado por todos los grupos municipales, a excepción del Partido Popular, en el que se decidía emprender acciones para cambiar la titularidad registral de La Catedral de San Salvador -La Seo- y la Iglesia de La Magdalena, la Asociación Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) comunica que “en dicho acuerdo se decidió emprender las acciones administrativas y judiciales declarativas de dominio y de posible nulidad y rectificación registral, conducentes al reconocimiento como bienes de dominio público de aquellos que la Iglesia Católica había inmatriculado utilizando los privilegios que le otorgaba una legislación franquista”.
“Entendemos que esta suspensión supone una intromisión de la judicatura en el poder ejecutivo local, ya que impide el cumplimiento de un acuerdo de Gobierno que ha contado por dos ocasiones con el respaldo de la mayoría del Pleno, tanto cuando se aprobó la moción de CHA del 27 de mayo de 2016, como al rechazar la moción del PP del 28 de abril que pedía no continuar con las medidas ya emprendidas en defensa de los intereses de las zaragozanas y zaragozanos”, sostienen desde MHUEL.
A su juicio, “esta suspensión está negando la tutela efectiva para defender por parte de una Entidad de Dominio Público, como es el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que es de todos y todas”. Por ello añaden, “no se entiende esta suspensión cautelar cuando ya el Juzgado de Primera Instancia en el acto de conciliación de fecha 19 de abril de 2017 estima a la vista de los datos y documentos aportados que el solicitante (este Ayuntamiento) reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales necesarios”.
Por último, desde MHUEL animan al Gobierno de Zaragoza “a continuar con su lucha por la defensa de los valores comunitarios y no dejarse arredrar por lo que, nos tememos, es una nueva ingerencia de la Judicatura aragonesa a favor de los intereses de unos pocos y en contra de los de todas”.
