Las maniobras del obispado de Córdoba para encubrir las huellas islámicas de la mezquita son una ofensa al arte y a la historia de España
Las maniobras llevadas a cabo por el obispado de Córdoba para encubrir las huellas de lo que fue la más importante mezquita de Occidente son una ofensa al arte y a la historia de España, y contradicen además el espíritu ecuménico de un monumento calificado como Patrimonio Mundial de la Unesco desde hace 30 años. Respetar la huella islámica y andalusí de la mezquita de las columnas que impresiona a millones de visitantes de todo el planeta es coherente con la promoción de la tolerancia deseable en la convivencia entre culturas diferentes.
De manera nada transparente, el recinto fue inmatriculado a nombre del cabildo catedralicio, al amparo de una ley de origen franquista y por una cantidad de dinero ridícula. Después llegaron los esfuerzos para llenar la mezquita-catedral de iconografía católica, culminados en los últimos meses con una profusión de imágenes trasladadas desde otros templos, a título temporal. Todo esto es innecesario y se presta a malas interpretaciones sobre el recelo de la Iglesia católica hacia el islam.
La línea correcta es justamente la contraria: hacer todo lo posible para favorecer la mejor relación posible entre un islam moderado y una Iglesia católica tolerante, y de ambas con el conjunto de los ciudadanos que no profesan confesión religiosa alguna. Córdoba es un símbolo de la voluntad de entendimiento y convivencia. Que en el recinto se celebren oficios católicos no es en absoluto incompatible con los usos culturales y con una gestión profesionalizada.
El conjunto que ha llegado hasta nuestros días es el resultado de un rico mestizaje, y negar uno de sus componentes —eliminando de un plumazo la denominación de mezquita, como hace el obispado— contribuye a poner en evidencia una forma de actuar excluyente e intransigente, además de contradictoria con las medidas de regeneración de la Iglesia católica iniciadas por el papa Francisco.
La mejor forma de garantizar el futuro del conjunto arquitectónico y cultural es gestionarlo desde el sector público. La Junta de Andalucía ha propuesto unas fórmulas; el Ayuntamiento, del PP, apoya la posición de la Iglesia. El Gobierno no debe lavarse las manos respecto a un asunto que afecta a un icono del arte español e internacional, y también a la imagen de este país ante los millones de extranjeros que nos visitan.
