CÓRDOBA perdió la capitalidad cultural europea y, si nadie pone remedio, también perderá su Mezquita-Catedral en 2016. El Obispado la inmatriculó en 2006 (tras el escándalo de las vigas), alegando como títulos justificativos su conquista y consagración, ambos inadmisibles en Derecho. ¿Por qué se inscribió por primera vez hace apenas siete años cuando el Registro existe desde hace siglo y medio? ¿Y por qué alude a una "toma de posesión" y no propiedad?
Hasta la reforma del artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario, perpetrada por Aznar en 1998, los templos destinados al culto católico quedaban fuera del Registro al considerarse "bienes de dominio público". Algo lógico en un Estado integrista pero inadmisible en un Estado aconfesional. Curiosamente, la reforma no tocó dos artículos "preconstitucionales" que equiparan a la Iglesia Católica con una Administración, y atribuyen a Diocesanos Católicos la funcionalidad de fedatarios públicos. Esta doble inconstitucionalidad invierte el espíritu de la norma como un calcetín: todo lo que antes era público ahora puede ser susceptible de apropiación. Con ese premeditado olvido, la Iglesia ha inmatriculado miles de bienes, siendo el más simbólico nuestra Mezquita-Catedral.
Que esté inscrita a su nombre no quiere decir que sea suya. Pero su acceso al Registro permite pensar equivocadamente que se trate de un bien privado y, en consecuencia, adquirible por usucapión. A estos efectos, el artículo 35 considera la inscripción como justo título y presume que el titular ha poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente y de buena fe durante la vigencia del asiento. De manera que sólo le bastaría poseerla durante 10 años para hacerla suya. Justo en 2016. A nadie se le pasa por la cabeza usucapir el Acueducto de Segovia, el Teatro de Mérida o la Alhambra. Tampoco la Mezquita-Catedral. Gracias a la oposición del pueblo de Córdoba al cabildo, la Mezquita no se convirtió en una Catedral más. Que fuera Carlos V quien resolviera aquel conflicto para arrepentirse después, demuestra que nunca fue de la Iglesia. Por eso, como ciudadano de Córdoba, exijo a la Administración andaluza que reconozca la naturaleza pública de la Mezquita-Catedral para evitar que pueda ser adquirida o hipotecada como un bien privado cualquiera. Porque entonces nuestra única esperanza se reduciría al utópico desahucio de la Iglesia Católica por impago.
Presentación de la campaña de Europa Laica contra las inmatriculaciones y por una Mezquita de uso civil
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