Resulta francamente vergonzosa la cifra de varios miles de mujeres privadas de la libertad por el Estado mexicano acusadas de un delito llamado aborto.
El tema de la interrupción de la gestación entra dentro de los asuntos de la libertad personal, y por supuesto es imposible un acuerdo universal en una sociedad compleja como la mexicana.
Hoy existen varios miles de cultos registrados frente a la Segob, y cada uno tiene valores diversos respecto del tema y, adicionalmente, las leyes deben garantizar el derecho de todas y todos para profesar el culto que nos convenza; personalmente soy un ferviente defensor de la libertad de culto.
No existen razones válidas para impedir que cada persona crea y actúe de acuerdo con los códigos morales de la religión que elija.
Por supuesto, el código moral de la religión mayoritaria (la católica) es el más conocido, pero existen muchos otros que defienden valores diversos e, incluso, hay un segmento poblacional, nada despreciable, que no profesa ningún culto, a lo que también tiene derecho.
La inclusión del delito de aborto es la concreción, en los cuerpos legislativos, de los valores de una religión concreta y, si las demás no coinciden, se verán en riesgo de ser atropellados en sus derechos.
Ninguna sociedad avanzada tiende a preservar el delito del aborto; ya existen muchas legislaciones que de plano lo han excluido de sus códigos penales.
En el sentido más práctico, conservar esa conducta como delito para ser perseguido por la policía judicial y el Ministerio Público carece de efectos positivos sobre la sociedad, porque no se previene la existencia de abortos.
Estamos contemplando a una sociedad como la norteamericana que, a pesar de todas sus contradicciones intrínsecas respecto del tema, está mostrando una disminución en el número total de abortos a pesar de que en muchos estados no es delito, debido a una mayor conciencia de las personas en el uso sistemático de métodos de control de la fertilidad.
En otras palabras, la despenalización del aborto ha dado como resultado que disminuya el fenómeno.
Para ninguna mujer resulta placentero abortar, en alguna medida siempre significa una pérdida, que no se compara con las molestias del uso sistemático de anticonceptivos. Entonces, desde todos los ángulos, el de la salud pública, así como el de la defensa del Estado laico, respetuoso e incluyente, el delito no debería siquiera existir, mucho menos deberíamos tener absolutamente a ninguna mujer presa por dicha conducta.
Cada persona puede discutir acerca de la validez de la conducta, de la bondad o maldad del procedimiento, pero de ninguna manera debemos trasladar esos valores para transformar el asunto en un crimen que amerite la cárcel.
La famosa ley de amnistía que se discute en estos días en el Congreso mexicano propone otorgar libertad inmediata a esas miles de mujeres, que por supuesto nunca debieron pasar un sólo día de sus vidas privadas de la libertad. Ojalá lo cumplan a la brevedad y le entren al asunto más importante, que es la despenalización a nivel federal.
Raymundo Canales de la Fuente
