México: laicidad, candidatos, debate?

COMENTARIO: El Estado laico por supuesto que no está afiliado ni privilegia ninguna creencia O CONVICCIÓN, como también debe garantizar el libre ejercicio de cualquier persona a la religión que estime O A NINGUNA.

Para el laicismo las creencias religiosas y las convicciones de cualquier índole tienen el mismo rango, de lo contrario se caería en un multiconfesionalismo plurirreligioso, que vulneraría la libertad de conciencia de un sector de la población que no tenga esas creencias.


Es imprescindible que el tema del Estado laico, con todas sus consecuencias jurídicas y sociales, culturales y científicas, forme parte del debate político y que los candidatos a la presidencia de México se vean precisados a tomar una posición clara a ese respecto. No hay lugar para la ambigüedad.

Las campañas presidenciales se encuentran en su apogeo. En el seno de nuestra sociedad hipercrítica, cada día mejor informada, los ciudadanos exigen a los partidos y a sus candidatos definiciones, no vagas generalizaciones; ideas viables, no ilusiones vanas ni alusiones evasivas; respuestas concretas para aquí y para ahora, no utopías oníricas; compromisos de cumplimiento constatable; palabras veraces ante los problemas y los conflictos reales del país.

Son muchas las preguntas que pudieran formulárseles. Deben surgir en la recta final de estas breves campañas, en el debate programado para el 10 de junio, en sus encuentros con las muy diversas comunidades mexicanas.

Deberá escudriñarse y conocerse -con intención puramente esclarecedora, al margen de cualquier ánimo jacobino o anticlerical- la opinión honrada de cada uno de los aspirantes: ¿están animados, en verdad, por el pensamiento laico? Sea cual sea la íntima convicción filosófica asumida por cada candidato ¿está dispuesto, si resultara victorioso en las urnas, a hacer del suyo un gobierno laico similar al de cualquier país democrático y moderno?

Graves e importantes como son otros muchos temas y problemas mexicanos, hay uno que descuella hoy en el ámbito político. Está relacionado, de una u otra manera, con los problemas fundamentales de la convivencia entre los mexicanos. Se vincula, de modo íntimo, con el proceso consolidador de la democracia nacional. Se conecta con los otros muchos que conciernen a la convivencia ciudadana. De su respeto depende que el orden legal transite por vías, cada vez más anchas y abiertas, capaces de multiplicar y robustecer los derechos, las garantías, las libertades en México.

Se trata de la esencia misma del Estado, de su naturaleza, de sus indeclinables responsabilidades hacia el futuro del país. Los candidatos están obligados a no rehuir su tratamiento. El asunto se relaciona con la calidad y con el grado de avance de nuestra democracia. No pueden eludirlo ni escurrirse bajo el manto de imprecisiones verbales, lugares comunes o fraseologías ambiguas.

Los electores tienen derecho a examinar el pensamiento verdadero de los candidatos acerca, entre otros, de los siguientes temas conectados con la esencia del Estado laico: primacía de la racionalidad científica y jurídica frente a dogmas y creencias; interrupción legal del embarazo y reformas despenalizadoras del aborto; derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; parejas de hecho; condón; píldora del día siguiente; investigación científica de vanguardia en torno del genoma humano y a propósito de las células madre embrionarias; diversas técnicas de la reproducción asistida; muerte digna; derechos de los homosexuales y de los transexuales; uniones legales entre personas del mismo sexo y su posible adopción de niños; relación entre la llamada libertad religiosa, que es ejercida en México sin restricciones, y el concepto democrático de genuina igualdad religiosa, tan incómodo para los fundamentalistas jerarcas católicos…

Y aunque es verdad que los candidatos presidenciales comparecieron ante la 93 asamblea plenaria de los obispos mexicanos celebrada entre el 17 y el 20 de abril pasado y fueron sometidos por los altos prelados (incluido el nuncio apostólico, lo que significa una intromisión del Vaticano en la política interna de México) a todo género de preguntas e inquisiciones en torno de los temas que más angustian a la jerarquía política católica, lo cierto es que la reunión se cerró y se encerró a piedra y lodo sin la presencia de los representantes de los medios de comunicación.

En virtud del carácter enclaustrado de aquella encerrona, ha sido imposible saber a ciencia cierta qué dijeron y cuáles fueron los compromisos asumidos por los aspirantes presidenciales ante los encumbrados personeros de la Iglesia Católica. Surgieron versiones diversas, hubo filtraciones, sí, pero, al día de hoy, nadie sabe con certeza lo que en verdad ocurrió durante aquellas reuniones casi secretas.

Los partidos y sus candidatos tienen la obligación ética y política de informar al país de manera precisa en torno del contenido de las comparecencias de sus abanderados ante los obispos y difundir videos, documentos, grabaciones y testimonios de diversa índole a partir de cuyo examen la opinión pública pueda conocer la verdad acerca de lo hablado –o pactado- durante aquellas reuniones semiocultas.

De modo independiente a lo anterior, cada candidato debería formular una declaración explícita, sin subterfugios, en torno del riguroso cumplimiento de las normas laicas de la República, en derredor de la neutralidad del Estado en materia religiosa y, al mismo tiempo, a propósito de la expresa supremacía de las leyes laicas, condición sin la cual no habría tolerancia democrática entre las diferentes maneras de pensar, creer o no creer, vivir la propia fe o no estar adscrito a ninguna.

Los candidatos presidenciales –y quienes disputarán curules en el Congreso o pugnarán por alcanzar gobiernos estatales o alcaldías– tienen obligación, por un lado, de reafirmar, con palabras y actos indubitables, la autonomía de la política y la supremacía del Estado y, por el otro y sin desmedro de lo anterior, mantener contactos, al amparo de la ley, con todos los grupos confesionales existentes en el país. De ello deberá ser informada la opinión pública con veracidad y pulcritud.

Los candidatos están obligados a definirse, a no mentir, a evitar equívocos entre sus potenciales electores. Y ello de modo independiente a sus muy íntimas creencias religiosas o convicciones éticas o filosóficas.

Un Estado laico, por definición, no está afiliado a ningún credo y es garante de la existencia y del ejercicio de todas las religiones. Esa es una de las claves de la convivencia democrática. Los servidores públicos pueden tener religión o no tenerla –de modo tan militante como deseen vivirla– pero, en ejercicio de sus funciones, no deben favorecer ni dar prioridad a ninguna confesión por encima de otra u otras.

Lo arriba enunciado no quiere decir que los gobernantes deban abstenerse de mantener relaciones -siempre transparentes, por supuesto- con los mandos de las diversas iglesias. Por el contrario, deben hacerlo. Es su obligación. La buena marcha de nuestra democracia así lo aconseja.

La comunicación y las relaciones respetuosas entre el gobierno laico y las diversas iglesias es importante para analizar y resolver problemas antes de que estos se compliquen. Sin embargo, cuando se trate del estricto cumplimiento de las leyes, los funcionarios deben actuar al margen de sus íntimas creencias personales y asegurarse de que las iglesias y sus pastores –no importa su jerarquía– cumplan la Constitución y ajusten sus conductas a la normativa laica.

Es obligado preguntar a los candidatos si se comprometerían a designar al frente de las oficinas gubernamentales encargadas de los asuntos religiosos a ciudadanos convencidos de las exigencias democráticas del Estado laico. Quien encabece la secretaría de gobernación deberá ser republicano íntegro, ciudadano laico irreprochable.

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