México: La libertad de pensamiento y expresión desprotegida pese al Comite de Protección al Periodismo

El Congreso del Estado promovió la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí, misma que fue publicada el día 25 de mayo de 2013, en el Periódico Oficial del Estado, en consecuencia en lo promulgado de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconocen como libertades fundamentales de los ciudadanos el derecho a la información, así como la libre manifestación de las ideas y el reconocimiento de estos derechos a los profesionales de la información. También se incluyen los artículos 13 el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de la convención Americana de los Derechos Humanos, que indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

En febrero de 2014 quedó integrado el Comité Estatal de Protección al Periodismo, teniendo como presidente a Cándido Ochoa Rojas y como secretario, Elías Navarro Páramo; además lo integraron Miguel Ángel García Covarrubias, entonces procurador general de Justicia; Joel Melgar Arredondo, secretario de Seguridad Pública; Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Jaime Hernández López, periodista de Editora Mival; Roberto Gutiérrez Turrubiartes, periodista de la Organización Editorial Mexicana, y Fernando Sánchez Lárraga, director de la facultad de derecho de la UASLP.

 

México, de los países más peligrosos para ejercer el periodismo

La Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí reconoce que México se ha enfrentado grandes retos que involucran la vida de cientos de personas, que con el compromiso de informar, tienen que negociar entre su integridad o la información; entre su familia y su ética profesional; y en muchas otras ocasiones, entre la nota y su vida.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nuestro país es el más peligroso de América para ejercer el periodismo, con al menos 66 periodistas asesinados en los últimos 10 años; cifra a la que hay que sumar los profesionales amenazados, atacados, heridos o que han debido exiliarse.

El documento señala que la labor periodística, al verse amenazada por las circunstancias que vive nuestro país, no solo afecta a quienes se dedican a informar y buscar la noticia, sino que perjudica también a sus familias que pueden llegar a sentirse inseguras, atacadas y, sobre todo, sin sustento económico, en un caso que puede parecer cruel y frío, pero que es una de nuestras realidades a la que no podemos cerrar los ojos.

Asegura también que las autoridades deben velar por la integridad de los periodistas, “es labor obligatoria que como representantes y gestores de la ley nos corresponde. No valen omisiones, ni el silencio, cuando la información por ley es un derecho para los ciudadanos; sin embargo, quienes son el vínculo entre información y sociedad se encuentran en un momento de inseguridad, incertidumbre y amenaza”.

“El ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de imprenta, y el acceso libre a la información pública, no se pueden garantizar mientras estén amenazados. Y es que el periodista y los medios de comunicación son quienes cumplen las labores sociales de información, análisis de situaciones, denuncia ciudadana, evidencia, proyección y reflejo a los principales problemas sociales. En los tres casos se trata de prerrogativas generales, es decir, son de toda la ciudadanía, y están estrechamente vinculadas con el ejercicio del periodismo. Los medios de comunicación y los periodistas han de ser canal indispensable de cohesión colectiva, que cumplen funciones sociales prioritarias: informar, comunicar, analizar, denunciar, evidenciar, proyectar, y reflejar los problemas sociales”.

 

Cifras 2017

Tan solo en 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reportó dentro de su documento que condena el asesinato de periodistas en México once casos de periodistas asesinados, entre ellos el fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, cuyo cadáver fue hallado el 6 de octubre en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de San Luis Potosí.

La directora general de la Unesco, Irina Bokova, condeno y pidió que se investigue el homicidio en San Luis Potosí, que socava los derechos a la libre expresión y libre información.

Esqueda Castro fue visto con vida por última vez el 5 de octubre, cuando presuntos ministeriales lo privaron de su libertad y fue encontrado sin vida y con rasgos de tortura al otro día.

El caso de Daniel Esqueda Castro es el primero registrado en San Luis Potosí.

 

El objetivo

La esencia de este comité es velar por el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de imprenta, el libre acceso a la información pública y por la integridad de los periodistas, a partir de la prevención, de la implementación de protocolos de atención a periodistas, así como de una mejor y mayor capacitación de los funcionarios involucrados, tanto de procuración de justicia como de seguridad pública.

De acuerdo a la Ley de Protección al ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí, el Comité tendrá carácter honorífico y sesionará por lo menos una vez al mes.

El artículo 18 de esta Ley marca que sus funciones son analizar y diagnosticar las situaciones de riesgo de los periodistas; recabar los datos y elaborar estadísticas que impliquen violaciones a la libertad de expresión. Documentar los casos de agresiones a periodistas y demás actividades relativas que sean del interés de esta Ley. Capacitar a los agentes del Ministerio Público, policías de las distintas corporaciones y demás funcionarios involucrados con la procuración de justicia y seguridad pública, sobre protocolos de investigación y atención a periodistas víctimas de agresiones o violaciones a la libertad de expresión; así como proponer al Ejecutivo del estado las adecuaciones legales tendientes a la protección del ejercicio del periodismo.

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