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El presupuesto ejercido por Sedena ha crecido 50 por ciento entre 2018 y 2021. Esto, sin contar los recursos destinados a la Guardia Nacional que en 2022 alcanzaron los 60 mil millones de pesos. Dato curioso. Las FFAA no reclamaron ni el aumento presupuestal ni las nuevas tareas. El nuevo gobierno se los regaló. Las preguntas que nos debemos hacer son, ¿por qué razón y a cambio de qué? y, sobre todo, ¿volverán a sentirse acreedoras a ser parte de la élite gobernante?
Se han trastocado dos factores que fueron esenciales para la estabilidad del país: la iglesia y las fuerzas armadas.
El retiro de las iglesias – en particular la Iglesia católica- y de las fuerzas armadas de la política activa, respondieron a tiempos y razones distintas pero, en esencia, las dos corporaciones fueron expulsadas de la vida política nacional porque ambas habían amasado demasiada fuerza, tenían amplias bases sociales y representaban un peligro al monopolio del poder del Estado mexicano.
Después del Siglo 19 la Iglesia católica volvió a sentirse amenazada con la Revolución para después encontrar un modus vivendi que excluyó el radicalismo anticlerical del callismo y el radicalismo eclesiástico de los grupos católicos que insistían en luchar contra el estado laico y mantener espacios que permitieran no sólo la influencia sino la participación política abierta del clero (“ligueros”, “acejotaemeros” y cristeros).
El principio del laicismo fue la fórmula encontrada para mantener a la Iglesia católica a raya aunque no puede esconderse que mucho hubo de simulación y tolerancia. La historia posrevolucionaria registra el crecimiento de órdenes religiosas, organismos católicos, publicaciones periódicas, educación religiosa y del uso del púlpito con fines políticos. Con todo, su participación política fue prácticamente desterrada del sistema y no puede compararse ni en forma ni en fondo a la de otros países en América Latina.
Con las fuerzas armadas se ensayaron y combinaron distintos métodos: la profesionalización del Ejército, la rotación de mandos militares para impedir que sentaran raíces, generaran lealtades y redes de poder en territorios específicos, la jubilación o retiro temprano de no pocos mandos militares acompañada de la dotación de recursos económicos, la reducción del presupuesto militar, el establecimiento de un régimen especial para sus integrantes y, la inclusión institucionalizada de las FFAA dentro del partido oficial para, después, retirarla.
Como con las iglesias, la desmilitarización de la política no significó que las FFAA no jugaran papel alguno en el sistema. Siguieron siendo primordiales en el escenario político nacional para solucionar los siempre presentes conflictos rurales y frenar las amenazas provenientes de organizaciones y movimientos sociales que se resistían a encuadrarse en los estrechos márgenes que el sistema procuraba. También jugaron un papel importante de salvamento y solidaridad con “el pueblo”. Pero el propósito se logró: dejaron de reclamar el derecho a gobernar directamente, se retiraron de las disputas y contiendas por el poder y se desvanecieron las pretensiones de exceder las funciones establecidas.
Este esquema ha sido trastocado en la presente administración. La presidencia actual ha fortalecido a las fuerzas armadas a una velocidad y en una magnitud inusitadas además de mantenerles un régimen de excepción impenetrable porque todo es clasificado como régimen de excepción.
No se ha llegado a revertir la máxima política civilizatoria de que las FFAA no intervengan en la disputa por el poder pero, sin duda, sí la de exceder de manera extraordinaria sus funciones. Las FFAA han asumido más de un centenar de tareas muchas de ellas centrales para el funcionamiento económico, político y social del país: seguridad pública, contención de la migración, proyectos ferroviarios y aeroportuarios, reforestación; protección de oleoductos, aduanas, construcción de sucursales bancarias, reparto de vacunas, robo de combustible, aduanas …
Por si fuera poco, el presupuesto ejercido por Sedena ha crecido 50 por ciento entre 2018 y 2021. Esto, sin contar los recursos destinados a la Guardia Nacional que en 2022 alcanzaron los 60 mil millones de pesos. Dato curioso. Las FFAA no reclamaron ni el aumento presupuestal ni las nuevas tareas. El nuevo gobierno se los regaló. Las preguntas que nos debemos hacer son, ¿por qué razón y a cambio de qué? y, sobre todo, ¿volverán a sentirse acreedoras a ser parte de la élite gobernante?
A la iglesia, en cambio, se le ha tratado mal. Por sus posturas sobre el asesinato de los jesuitas asesinados el 20 de junio, López Obrador les acusó de “no seguir el ejemplo del Papa Francisco” y estar “apergollados por la oligarquía”. Hasta el momento se les ha negado el diálogo. Como consecuencia, la Iglesia católica convocó a todos los obispos, sacerdotes, fieles y otras iglesias a unirse a las Jornadas de Oración por la Paz y exigir una nueva estrategia de seguridad ante “la barbarie de la violencia”. Una movilización social de este tipo no se veía hacía décadas. La última que recuerdo es la Campaña Nacional de fomento de la conciencia y la participación políticas de 1986-1987 a raíz de los fraudes electorales en el norte del país.
Así que, con sus decisiones, el gobierno actual ha regresado a dos actores que habían encontrado un acomodo aceptable y aceptado, en la política.
