Se opone el PAN a la propuesta de reforma en materia de educación para sancionar a los particulares prestadores de servicios educativos por “no mantenerse por completo ajenos a cualquier doctrina religiosa”. En la sesión de la Comisión de Educación se determinó analizar a profundidad la iniciativa del diputado de Movimiento Ciudadano Jonadab Martínez que pide garantizar la libertad religiosa y no se destinen recursos públicos a instituciones que incumplan.
La presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Mara Robles Villaseñor, manifestó: “Pluralidad y diversidad es el Estado laico. Es decir, que la red pública que el dinero que se ejerce con dinero de toda la gente sea absolutamente recto, imparcial y no beneficie a nadie es el espíritu de la iniciativa”.
El diputado del PAN Carlos Eduardo Sánchez Carrillo indicó que la iniciativa del legislador de MC no distingue entre educación pública y privada. “En cuanto a las prohibiciones a los servidores públicos y a las entidades públicas podría limitar la capacidad de las instituciones del Estado para garantizar el ejercicio pleno de la libertad religiosa y poner en riesgo las condiciones de orden, seguridad e higiene en los actos de culto público en espacios de uso común y donde intervenga infraestructura o inmuebles destinados al servicio público”.
Puntualizó que “representaría una afrenta para los particulares que prestan servicios educativos porque establece infracciones por no mantenerse ajenas a doctrinas religiosas. En Jalisco la mayoría de los particulares que prestan servicios de educación son congregaciones religiosas católicas y la iniciativa es una clara afrenta a este sector, incluyendo a la Arquidiócesis de Guadalajara que administra sus propias instituciones educativas”.
Algunas de sus disposiciones afectarían el turismo religioso, que se convierte en una vía fundamental de ingresos en el Estado, como en el caso de Zapopan, San Juan de los Lagos o Talpa, “adentrarse nuevamente en estas discusiones sobre el Estado laico es innecesario porque actualmente no se registran afectaciones considerables causadas por las tradiciones y costumbres populares que se ejercen dentro o fuera de los inmuebles del servicio público o para uso común, como se les denomina en la iniciativa”.
