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El Gobierno de Nicaragua que encabeza Daniel Ortega está violando las normas internacionales de los derechos humanos. La madrugada del viernes pasado, la policía nacional irrumpió en la Curia Episcopal de Matagalpa, para sustraer con violencia al obispo Rolando Álvarez y ocho personas más, entre ellos sacerdotes, seminaristas y laicos.
La Policía Nacional declaró que “la extracción del Obispo para llevarlo a Managua (capital de Nicaragua) se hizo con absoluto respeto y observación de sus derechos humanos”, afirmación rechazada por la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
El Obispo en sus homilías ha estado criticando al régimen de Ortega-Murillo, por sus constantes violaciones a los derechos humanos, por el abuso del poder, por no permitir elecciones libres y su persecución religiosa.
Restringir el derecho a disentir es violatorio a los principios universales que garantizan la libertad de opinión. En un régimen totalitario, no hay permisividad, su poder permea en todos los estratos sociales y priva al individuo de sus mas elementales derechos.
La dupla Ortega-Murillo, ha tomado muy a pecho los conceptos de Estado totalitario como los de Mussolini en Italia; el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels; Stalin, en Rusia; Mao Tse Tung en China; y el “presidente eterno” de Corea del Norte, Kim il-Sung.
Inútiles hasta la fecha han sido hasta la fecha las protestas de las Conferencias Episcopales de Perú y Costa Rica, ni “la preocupación” del secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterre. Y lo más triste es que al momento de escribir el presente artículo -domingo al mediodía- el pronunciamiento oficial del Vaticano a través del Pontíficeha sido tibio, pues expresó solo una “preocupación” en lugar de expedir una nota diplomática exigiendo la liberación del Obispo, sus sacerdotes y el laico aprisionados indebidamente por el régimen dictatorial de Ortega.
Disentir y criticar un gobierno no significa una conducta desestabilizadora y provocadora como erróneamente lo conceptúan Daniel Ortega y su esposa, la señora Rosario Murillo. No estar conformes con el abuso de los derechos, con la imposibilidad de elegir la vía democrática para optar por un gobierno que garantice las libertades no es un acto de provocación.
Cuando el disenso se prohíbe; cuando la opinión se censura; cuando la crítica se silencia, el gobierno transforma la esencia del pacto social, para convertirlo en un acto de subyugación.
Los dictadores que gobiernan Nicaragua y sus imitadores, deberían dedicar un tiempo a repasar sus olvidadas lecciones de historia y remontarse al siglo XIII cuando se expidió la Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215), o al siglo XVII con el surgimiento del Habeas Corpus (1679) y el Bill Of Rights (1688), para que entiendan que disentir es un derecho y que debe respetarse.
