Con una reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el PRD propone que en toda iniciativa de ley, la exposición de motivos sea redactada en términos objetivos, dejando fuera cualquier consideración personal que pudiera resultar violenta, discriminatoria o que atente en contra de los derechos humanos.
No es con el fin de censurar ninguna opinión, aclaró la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, es con el ánimo de que éstas se hagan lo más apegadas a los principios rectores de los derechos humanos, así como nuestras obligaciones de protegerlos y garantizarlos.
“Como legisladores no podemos ser reconvenidos por lo que expresemos en la sede parlamentaria; sin embargo, debemos ser conscientes de que nuestro discurso puede generar violencia o agresión cuando no nos expresamos de manera correcta y más aún, cuando nuestras expresiones quedan plasmadas en los textos que sometemos ante este Congreso”.
“Nuestras propuestas de leyes deben ir sustentadas en información cierta, fidedigna y veraz, evitando en todo momento plasmar en las leyes nuestras creencias y convicciones moralistas personales o religiosas, o cualquier otro tipo discurso o información que pueda restringir, atacar, violentar o discriminar de manera indebida los derechos humanos de cualquier persona o grupo de personas o bien los valores democráticos y el Estado laico”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un test de proporcionalidad que establece la metodología para elaborar iniciativas de ley.
Así, cuando un diputado o diputada somete a consideración de la legislatura cambios o reformas a la ley, debe hacer un ejercicio a consciencia de la proporcionalidad de la norma que propone, a fin de que ésta tenga un bien jurídico constitucionalmente válido, es decir, que esté protegido por el máximo ordenamiento nacional.
En segundo lugar, el legislador debe establecer si la norma que propone es idónea para lograr el objetivo que se plantea y si resulta necesaria para cubrir alguna laguna legal o bien expandir el ámbito de derechos de quienes representa.
También, debe cerciorarse de que la ley que propone no violenta ni limita los derechos de otras personas o causa algún perjuicio desproporcionado a terceros, esto con el fin de que la norma sea armónica con el resto de ordenamiento jurídico.
