México, arrodillado ante la jerarquía eclesiástica por obra y gracia de los legisladores

Al cierre del periodo de sesiones de la Cámara de Diputados -el pasado 15 de diciembre-, de los 487 que integran la máxima representación popular 119 legisladores del PRI y del PAN votaron en lo general y en lo particular reformas al artículo 24 de la Constitución Política, relativos a la libertad de religión, que abren la puerta para la realización de actos litúrgicos en edificios públicos, la impartición de enseñanza religiosa en escuelas públicas, más canales de televisión y radio religiosos, periódicos, es decir, más comercialización masiva de la fe.

Las reformas dejan también al descubierto el viejo amasiato que persiste entre la Iglesia y los dirigentes partidistas y sus activos, aun y cuando los últimos negaban en público no sólo sus dogmas, incluso que fueron legisladores y/o funcionarios públicos con el aval y apoyo abierto de la nomenclatura religiosa.

Entre las modificaciones que sufrió el artículo 24 de la Constitución Política está el reconocimiento a la libertad de religión como un derecho de todas las personas, creyentes o no, así como la de dejar de tenerla o cambiarla.

La reforma establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.

Dicha libertad, se añade, incluye el derecho a participar individual y colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley.

En la discusión del 15 de diciembre pasado, el presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor propuso a sus compañeros: En atención a la solicitud de la Junta de Coordinación Política para que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución y se pone a discusión y votación de inmediato.

Sin embargo el diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz replicó: A mí me parece que alguno de los argumentos que ya se han manifestado respecto a esta agilidad que tiene la discusión de esta reforma del artículo 24 de la Constitución tiene que ser tomado con mucha seriedad. No estamos hablando de cualquier cosa e incluso no estamos hablando de implicaciones de otro tipo.

Estamos hablando de un asunto que ha marcado la historia nacional, es un asunto que ha definido lo que somos como país, y el papel que ha jugado la jerarquía eclesiástica en la historia del país; de eso estamos hablando. Puede ser que algunos piensen que en algunos otros países hay ciertas reglas, normas que permiten esta convivencia, y sin lugar a dudas así es.

Sin embargo, el papel que ha jugado, no el pueblo ya no católico, no los sacerdotes del barrio, del pueblo, que atienden a sus feligreses, no. Estamos hablando de un poder fáctico que está actuando con todo su poder para imponer a esta Cámara de Diputados una decisión.

Esas presiones, esta Cámara las ha recibido muchas veces, y seguramente las seguirá recibiendo. Lo que no podemos permitirnos es que derivado de esas presiones dejemos de lado, incluso, para algunos, su ideología y su pensamiento respecto a estos asuntos y por la puerta de atrás querramos aprobar una reforma tan fundamental en nuestra Carga Magna.

Por eso yo los invito a reflexionar, a que no aprobemos, no discutamos, que se regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales, que se reponga el procedimiento y hagamos un debate de a de veras, no por la puerta de atrás, no inventando firmas o reuniones con este tipo de presiones. No estamos hablando de cualquier cosa, y no creo que ninguno de los miembros de esta Cámara esté dispuesto a tener esta responsabilidad.

Por eso los conmino, los invito a que tengamos un alto grado de responsabilidad y mandemos este dictamen nuevamente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

De muy poco valió el alegato, el acuerdo previo ganó por encima del argumento de la ya de por sí débil separación Estado-Iglesia.

La Formación del Estado Laico en México.

Valentín Gómez Farías, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Pedro Escudero y Echánove, Santos Degollado, Inacción Ramírez, José María del Castillo Velasco, León Guzmán Isidoro Olvera, Ponciano Arriaga, José María Mata, Ignacio L. Vallarta, Mariano y Vicente Riva Palacio, Melchor Ocampo y José María Lafragua, fueron electos diputados constituyentes, estos dos últimos prácticamente no llegaron a intervenir en las sesiones parlamentarias. Muchos de estos diputados poseían una regular cultura política y algunos conocían con cierto detalle el texto de la Constitución norteamericana y habían leído el libro de Tocqueville sobre La democracia en América, así como las obras de los principales tratadistas de esa Constitución. Además, el funcionamiento de las instituciones constitucionales de Inglaterra, España y especialmente Francia, no les era desconocido. Trabajaron sobre El modelo de Filadelfia, haciendo del gobierno un equilibrio de fuerzas, disposiciones que rompieron fundamentalmente el equilibrio constitucional: la cámara única, la supresión del veto presidencial, la acción congresional ininterrumpida, el juicio político sin garantías de justicia, en una palabra, la omnipotencia del legislativo.

Casi cuatro meses tardó en elaborarse el proyecto de Constitución, los debates que más adelante dividieron a los constituyentes, sobre todo los relativos a las materias religiosas y a la organización del propio Congreso. Los temas que se debatieron, la altura y seriedad del propio debate, el modelo histórico que se vivía, la formación intelectual y la responsabilidad de los constituyentes más destacados permiten afirmar que el Congreso Constituyente de 1856-1857 es el más importante de la historia constitucional mexicana.

México arrodillado…

A lo largo de la historia de nuestro país, desde la Independencia, da muestras de la constante lucha entre el clero político, dirigido desde el Vaticano y el Estado Mexicano.

Se debe recodar que el Vaticano condenó la Independencia; combatió la Reforma propiciando la intervención francesa y la imposición de un imperio; y finalmente combatió a la Revolución y al producto más importante de ésta, la Constitución de 1917. Luego "la cristiada" se levantó en armas contra la Constitución de 1917 proponiendo la llamada "Constitución de los Cristeros", que buscaba volver al orden político del virreinato.

Más de un siglo de la historia de nuestro país estuvo marcado por las difíciles relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado y hoy, los legisladores del siglo XXI, arrodillan al Estado mexicano, frente a ese otro imperio que representa la Iglesia Católica.

El punto más álgido de este conflicto, que involucró a las dos instituciones más importantes, la Iglesia Católica y el Estado Mexicano, tuvo su origen durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando el gobierno del presidente Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma para institucionalizar la separación de poderes y fortalecer al Estado Mexicano.

En 1926, las hostilidades entre la iglesia y el estado llegan a su punto de ruptura. El enfrentamiento pospuesto desde las leyes de reforma lleva, en estos años de luchas intensas postrevolucionarias, a una de las rebeliones más controvertidas de la historia de México: el conflicto religioso o Guerra Cristera, bajo el grito de Viva Cristo Rey.

La guerra cristera fue una lucha fratricida que alcanzó a cubrir tres cuartas partes del territorio nacional con cincuenta mil creyentes fanatizados e impulsados por el sacerdocio, levantados en armas. La resolución formal del conflicto se dio entre el gobierno de Emilio Portes Gil y, por parte del Episcopado Mexicano, el obispo Pascual Díaz y el arzobispo Ruiz y Flores en junio de 1929, después de las negociaciones, con la mediación del embajador de Estados Unidos, Dwight D. Morrow, se estableció un acuerdo de paz que suponía la no aplicación de las disposiciones legales emanadas bajo el régimen de Plutarco Elías Calles, pero sin abrogarlas. Cuando los cristeros que habían tomado las armas aceptaron deponerlas ante la reanudación de las actividades de culto, se puso fin a la llamada guerra cristera.

Para la Iglesia, si bien los cultos habían sido nuevamente abiertos a raíz de los acuerdos, en tanto que el estado se desentendía de aplicar la legislación que había causado tanto conflicto, existía un nuevo problema al cual volcó sus energías, denunciando lo que consideraba un atentado a los preceptos y la moral católicos: la educación socialista. En los boletines parroquiales de las décadas de los años treinta y cuarenta hay críticas exacerbadas con respecto a la educación que imparte el Estado a través de las escuelas oficiales, a la cual consideran ateizante y de ideas comunistas.

Aunque durante las décadas siguientes la lucha armada había dejado de ser una opción, las diferencias entre ambas instituciones no se habían resuelto y las asperezas en su relación continuaron latentes. Ambas, Iglesia y Estado, mantuvieron un profundo silencio con respecto al conflicto y, por supuesto, tampoco contemplaron hacer un balance sensato de su actuación en el periodo. Tal vez con ello se pretendía borrar de la memoria colectiva este episodio vergonzoso y así exculparse, ambos, de su responsabilidad frente a la historia.

Con la visita al Vaticano de Luis Echeverría Álvarez en los últimos días de su mandato, recordemos que buscaba un cargo en la ONU, dejó sentadas las bases para que en el gobierno de José López Portillo, el Papa Juan Pablo ll, llegara a nuestro país, y así reiniciaran nuevas estrategias para socavar al gobierno mexicano. Fue hasta 1988 con el acercamiento salinista con el Vaticano, cuando las relaciones diplomáticas entre ambos Estados toman un nuevo giro que pretende subsanar sus diferencias.

La reforma al artículo 130 constitucional, que otorga personalidad jurídica a la Iglesia (reforma que fue pensada en relación con la Iglesia Católica y que necesariamente hubo de ampliarse a las demás denominaciones) marcó el inicio de una nueva etapa. A muchos sorprendió la presencia de altos prelados católicos en la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 1988, pero esta invitación era el anuncio de los cambios que el nuevo régimen intentaba y que culminó con la reforma citada en 1992.

En este nuevo contexto la jerarquía de la Iglesia Católica inicia el proceso de canonización de los mártires de la guerra cristera, que culminó en mayo del 2000. Estos procesos de canonización pueden interpretarse como una respuesta de la jerarquía a un problema no resuelto; problema que sigue estando presente en la conciencia histórica con muchas implicaciones que causan confusión, crisis de conciencia, dificultades en la integración de la identidad cultural, falta de credibilidad en la institución y la búsqueda cada vez mayor de nuevas opciones religiosas.

Actualmente, por doquier aparecen signos y eventos de nuevos intentos de dominio de la Jerarquía Católica, encabezados por el propio Norberto Rivera Carrera y Juan Sandoval Iñiguez y grupos de la ultraderecha mexicana como: El Yunke, Vertebra, Pro-Vida, Conciencia Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia, Alianza Cívica, el Centro Nacional de Comunicación Social, las Universidades proclives a la religión, Caballeros de Colón, Opus Dei, Legionarios de Cristo, Desarrollo Humano Integral, A.C., etc.

Ante esta peligrosa situación de reto de las fuerzas más negativas, oscurantistas y fanáticas, los mexicanos tendrían que estar unidos en todas las actividades para defender a nuestra patria de la ofensiva de la derecha antinacional, para evitar una guerra civil que tendría consecuencias catastróficas para el futuro mediato e inmediato de nuestro país.

México y los mexicanos como tal, corren el riesgo de convertirse no sólo en un país retrógrado, pero además sumido en los confesionarios y el hábito pederasta y claro, la doble moral de los tiranos-gobernantes.

Abrir la puerta, como se ha hecho, a la intervención del Vaticano y de la jerarquía eclesiástica en la vida política del país, en este período de profunda crisis como la que vivimos, es un grave error porque el alto clero de la iglesia católica, como organización política que es, se halla empeñada en una nueva evangelización, similar a la de la conquista, que le permita recuperar la influencia perdida, aliándose, como lo ha hecho cuando así ha convenido a sus intereses, con las fuerzas reaccionarias y antipatrióticas para impedir la transformación progresiva y fortalecimiento de nuestra Patria.

De los mexicanos y sólo de nosotros, dependerá que nuestra nación pueda algún día ser realmente libre e independiente, ojala vivamos para verlo, y si no nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, pero créame que un día será.

Para ello debemos prepararnos, educarnos, desfanatizarnos y luchar con las armas del derecho y la razón, pues existen fuerzas semiocultas que desean establecer en México una Religión de Estado. Advertidos estamos quienes pretendemos ser libres y pensamos en el laicismo como una forma de vida.

Por eso, la sesión plenaria del 15 de diciembre, casualmente, en el antepenúltimo punto de la orden del día, de la última sesión de la Cámara de Diputados, sin considerar a la totalidad de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobaron reformas al artículo 24 constitucional para permitir que los actos de culto religioso puedan practicarse de manea colectiva en público sin aviso a la autoridad, reformas que no responden a un reclamo popular o a las necesidades sociales de los mexicanos, quienes desde hace muchos años viven su religiosidad sin problemas, sobre todo después de las reformas de 1992 a los artículos 3, 5,24, 27 y 130 constitucionales.

El pretexto o argumento de la modificación fue que se requiere alinear el texto con los tratados internacionales y el respeto a los derechos humanos en ellos incluidos. Inmediatamente los laicistas, liberales y masones en los medios y listas sociales iniciaron con los cuestionamientos siguientes:

Es preocupante que la reforma tenga como trasfondo cumplir las exigencias de la jerarquía católica, quien, enarbolando una sesgada interpretación de la libertad religiosa, busca resucitar antiguos privilegios: instrucción religiosa en las escuelas públicas; participación del clero en política electoral; instalación de capellanías en el Ejército y la Marina; control de medios de comunicación electrónicos.

¿Pero desde cuando recibir educación religiosa en la escuela pública se convirtió en un derecho humano?

¿Desde cuándo se volvió un derecho humano que las Iglesias puedan poseer medios de comunicación electrónicos?

¿Cuándo decidimos que las restricciones a la actuación política de los ministros de culto son violaciones a los derechos humanos?

¿Qué nos los restringe también, por ejemplo el derecho canónico de la Iglesia católica?

Así se concluye que las pretensiones clericales a que responde tal reforma van en detrimento del Estado laico y, en consecuencia, afectan las libertades de los grupos religiosos minoritarios del país.

Dicha reforma pasó al patio del Senado, y se deberá pugnar porque se convoque a un debate público en el que se escuchen las voces de los actores sociales. Y sobre todo, que el propio Senado de la República culmine el trabajo que iniciara la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, quien aprobó una reforma al artículo 40 de nuestra Carta Magna para elevar a rango constitucional el carácter Laico del Estado, lo que evitaría una virtual regresión a un Estado confesional, y a etapas oscurantistas ya superadas en nuestro país.

Por esto y para tener presente eventos pasados, tendríamos que tener de cabecera el texto de Martín Luis Guzmán, del 17 de diciembre de 1958 que tiene por título “1958, Necesidad de cumplir las leyes de reforma”, escrito hace 54 años.

Esperemos que la sentencia popular no se cumpla:

“Los hombres y los pueblos que olvidan su historia, para bien o para mal están condenados a repetirla”.

El presidente Fox inclinado ante Juan Pablo II

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