Su titular Carlos Lombardi le pidió al Procurador General de la provincia que controle a la “comisión” que, por orden de Bergoglio, se instaló allí para inmiscuirse en la causa de los curas pedófilos.
El titular de la filial de San Rafael de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Carlos Lombardi, envió al jefe de los fiscales de Mendoza una solicitud de intervención directa en el causa en la que se investigan los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Provolo de esa provincia a manos de un grupo de curas y empleados.
Lombardi es, además, uno de los abogados de familias de víctimas querellantes en la causa y su escrito (al que tuvo acceso La Izquierda Diario) refleja la preocupación de muchas personas que por estos días asistieron a una maniobra peculiar de parte de la Curia.
El pedido expreso de la APDH al Procurador General de la provincia de Mendoza, Alejandro Gullé, es que “tome intervención directa en las gestiones que lleva a cabo una Comisión nombrada por la Santa Sede destinada a hacer una investigación interna para determinar la responsabilidad -en sede eclesiástica- de los sacerdotes implicados en los abusos sexuales cometidos contra alumnos y alumnas del Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza”.
Concretamente el doctor Lombardi le pide al Procurador Gullé que garantice tres cuestiones relevantes para el caso: la legalidad del procedimiento penal que está en desarrollo; la defensa de los intereses generales de la sociedad, en especial de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los imputados; y “fundamentalmente” que se controle el accionar de la Comisión Vaticana enviada desde el Arzobispado de Córdoba.
La preocupación de la APDH (extensiva a la de las familias de las víctimas) es que esa comisión “pretenda acceder -sin ser parte- a las actuaciones penales y lugares de comisión de los delitos, por cuanto existe serio riesgo de entorpecimiento del procedimiento y lesión de garantías procesales como también de derechos humanos tutelados por el estado constitucional de derecho, pudiendo generar las consiguientes responsabilidades internacionales para la Provincia de Mendoza”.
En rigor, la solicitud no hace otra cosa que prevenir sobre lo que es el modus operandi de la jerarquía católica a nivel mundial frente a casos de pedofilia eclesiástica. Pero el pedido no sólo se sustenta en la experiencia que Lombardi (asesor legal de la Red de Sobrevivivientes de Abuso Sexual Eclesiástico) cosechó durante años sino en una serie de prerrogativas elementales amparadas en la Constitución Nacional y pactos internacionales.
En ese marco, escribe Lombardi, “esta parte considera que la referida Comisión clerical carece de legitimación procesal para solicitar de la autoridad judicial información que obra en el expediente penal en trámite”. Se refiere a lo que, como ya informó este diario, pretende esa comisión “investigadora” respecto a la causa por la que están detenidos Nicola Corradi (82), Horacio Corbacho (56) y tres empleados del Provolo desde fines de 2016. Entre otras cosas ya solicitó, como si fuera posible legalmente, tener acceso al expediente y acceder también a las instalaciones del Provolo ubicadas en Luján de Cuyo.
El pedido de la APDH de San Rafael cursado a la Procuración General de Mendoza obliga a su titular, Alejandro Gullé, a demostrar su decisión de ir hasta el final en la búsqueda de verdad y justicia. Allí podrían quedar en evidencia los alcances de la capacidad de lobby del Arzobispado de Córdoba y, sobre todo, de su mandante la Santa Sede encabezada por Jorge Bergoglio. La sombra de Francisco es, como se sabe, demasiado gruesa y pesada. Pero el coraje de los denunciantes y la verdad que los asiste, acompañados del accionar determinado de Carlos Lombardi y sus colegas, cada vez es más fuerte.
