«Me da igual que suspendan a mi hijo hasta que nos den la razón»

Los padres del boicot a Educación para la Ciudadanía desprecian la sentencia del Supremo

Los padres agrupados en las plataformas que mantienen el boicot a la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía sacrificarán las notas de sus hijos antes que acatar la sentencia del Tribunal Supremo que declara su postura como ilegal. De hecho, su particular interpretación del fallo de los jueces les lleva a concluir incluso que les da la razón. Frente a esta inquebrantable insumisión, la Junta de Andalucía prepara un plan para conseguir que los hijos de los objetores casi 200 en la comunidad vayan por fin a clase.

Los padres insumisos no van a dar su brazo a torcer. "Me da igual que suspendan este curso a mi hija, porque ya saldrá una sentencia que nos dé la razón", afirmaba ayer la portavoz de la plataforma de objetores de Córdoba, María Emilia García Blanes. "Ninguno de los 42 alumnos que no van a clase en mi plataforma van a ir ahora", añadía, en un acto convocado por 65 colectivos de padres de toda España. En el fondo confían en que sus hijos obtengan el título de Secundaria sin que Ciudadanía sea evaluada.

La Consejería andaluza de Educación explicará uno a uno a cada padre insumiso a través de los centros escolares que su hijo está obligado por ley a cursar la materia. Lo harán tras recibir por conducto oficial la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza la objeción de conciencia contra la asignatura. "Nuestro objetivo es que se incorporen con normalidad, para que puedan culminar su formación", aseguró ayer a Público la consejera andaluza de Educación, Teresa Jiménez.

Los padres del boicot sostienen que el Supremo ha dejado una puerta abierta a que futuras sentencias "que entren más a fondo en los contenidos" les den la razón. A pesar de que los jueces reiteran que no existe en el ordenamiento jurídico español el derecho a la objeción de conciencia para una asignatura, estas plataformas insistirán con su táctica.

El plan andaluz persigue darles "todas las facilidades" a los alumnos para que recuperen el tiempo perdido

El plan andaluz persigue darles "todas las facilidades" a los alumnos para que recuperen el tiempo perdido. Eso implica la posibilidad de hacer trabajos como ya se ha hecho en algún caso, adaptar horarios o cualquier otra fórmula que los centros acepten. Pero los padres están dispuestos a suspender. La portavoz del colectivo en Soria, Marisa Pérez Toribio, cuyos hijos aún no tienen edad de cursar la asignatura, llegó a exigir al Gobierno que busque fórmulas para "no perjudicar el expediente académico de los alumnos que no acuden a clase".

El discurso de la consejera es más conciliador: "La sentencia, que avala la actuación de la Junta de Andalucía, tiene que marcar un antes y un después, queremos animar a las familias a que [sus hijos] se incorporen a las clases". Jiménez pedirá al centenar de padres andaluces que aún tiene el respaldo de medidas cautelares que reconsidere su posición.

Si aún así los padres persisten en su campaña, la consejera andaluza es clara: "Confío en el sentido común, pero como en cualquier otra materia obligatoria, no podemos permitir que no se curse".

"Cuando cuente la nota, no objetaré"

Luis Loma tiene seis hijos. Dos ellos se levantan de su pupitre en cuanto comienza la clase de Educación para la Ciudadanía en el colegio privado Alto Castillo, en Jaén, perteneciente a la CECE (colectivo de centros que apoya la objeción a Ciudadanía). Tienen 14 y 15 años y cursan 2º y 3º de ESO respectivamente. Suspenderán la asignatura como ya les ocurrió el año pasado, pero su padre está convencido de que eso no afectará a su expediente.

“La legislación dice que si un alumno no ha ido a clase, no ha sido evaluado y en Secundaria se puede pasar curso con varias asignaturas suspensas”. Loma cree que la sentencia del Supremo, basada en el caso de un niño objetor en Huelva, “no le afecta”. Está a la espera de que el tribunal “de Madrid”, como él llama al Supremo, decida sobre el caso concreto de su hijo. Aguantará en su postura hasta que sus hijos lleguen a bachillerato, dentro de dos años, y la nota empiece a contar para la prueba de acceso a la universidad.

“Yo objeto por conciencia y [esta] me dice que en bachillerato ya no se evalúan las actitudes de los alumnos, sino sus conocimientos de los contenidos”, argumenta. Como sus dos hijos hay otros 17 alumnos en cada clase que se dedican a estudiar en la hora de Ciudadanía.

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