COMENTARIO: Se demuestra una vez más que las confesiones religiosas tienen otra vía de financiación a través de la asignación tributaria a "fines sociales". La ciudadanía debemos reclamar justicia para atender las necesidades sociales directamente desde los presupuestos del Estado, y no dejar este asunto tan importante en manos de quienes marcan o no la casilla. Una casilla que sirve de justificación a la de la iglesia católica, y que pretenden convencernos con un supuesto ejercico de "libertad y de solidaridad". Debemos exigir justicia y no permitir que esto sirva de pretexto para justificar sus desmanes y ataques a la atención social y los servicios públicos básicos. No sirve que el Estado cierre hospitales y luego se asigne de fines sociales a ONGs sanitarias. Por eso reclamamos un año más que en el IRPF no se marque NINGUNA casilla y que el Estado cumpla sus obligaciones.
Un total de 42 ONG católicas se benefician del dinero procedente de la casilla de la declaración de la renta destinada a “fines sociales”. Esas organizaciones, entre las que se encuentra Cáritas, gestionan 52 millones de euros, el 25% del total del dinero que reciben de la llamada casilla solidaria las ONGs del sector social. El dato ha salido este martes en la presentación de la campaña “Marca fines sociales en tu declaración de la renta, no te cuesta nada”, promovida entre otras por la Plataforma del Tercer Sector y la Plataforma de ONG de Acción Social. La campaña se mueve a través de www.xsolidaria.org y con este anuncio:
Un total de 425 ONG como Cruz Roja, la Federación de Mujeres Progresistas o Mensajeros de la Paz (las católicas suponen un 10%) financian parte de sus proyectos a través de esta partida, que el año pasado ascendió a 270 millones de euros. Este sistema arrancó en 1989 y ese año las entidades beneficiadas recibieron 45 millones de euros.
En medio de los drásticos recortes en asuntos sociales, la vía de financiación a través del IRPF toma más importancia para las ONG, que se han lanzado, como todos los años, a promover entre la ciudadanía que marquen en la declaración de la renta la X solidaria. “Esta es la única partida donde el Gobierno no puede hacer ningún recorte”, afirma Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social.
A la hora de hacer la declaración de la renta, los contribuyentes tienen la opción de marcar la casilla de la iglesia, la de fines sociales, las dos o ninguna. El porcentaje de la recaudación tanto en la casilla de la iglesia como en la de fines sociales es del 0,7%, si se marcan las dos del 1,4%.
Organizaciones como Europa Laica abogan por no poner la X en ninguna de las dos, para evitar que la iglesia o sus organizaciones se beneficien de la declaración de la renta. Pero desde la campaña de la X solidaria se apuesta precisamente por animar a ese 30% de contribuyentes que deja las dos casillas en blanco o al 20% que marca sólo la x de la iglesia a que sepan que se pueden marcar las dos casillas de manera simultánea sin que suponga un perjuicio ni para el contribuyente ni para las ONG beneficiadas.
La cantidad recaudada en 2012 (270 millones de euros) se repartió entre los proyectos de acción social (el 77,72%), los programas de cooperación al desarrollo (el 19,42%) y los destinados al medio ambiente. “Son programas que están bien gestionados, con transparencia”, señala Lara. Un total de 1.103 proyectos se pondrán en marcha a lo largo de 2013 beneficiando a más de seis millones de personas.
Además del beneficio de la Iglesia, hay otra polémica en torno a la casilla solidaria, y es sobre quién debe gestionar esta partida, si el Estado o las comunidades autónomas. En la actualidad es el Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el que reparte el dinero, pero Catalunya, que aporta más de lo que recibe, ha conseguido ya varias sentencias a favor del Tribunal Supremo y del Constitucional para que sean las comunidades las que gestionen la casilla solidaria.
Las ONG estatales prefieren que siga siendo el Estado el que reparta. “En estos momentos de crisis al tercer sector no le viene bien meterse en temas de competencias. Defendemos la gestión estatal del 0,7 porque lleva funcionando bien 20 años y porque ayudamos a las personas independientemente del territorio. Si se transfiere, a lo mejor hay comunidades que no destinan este dinero a las ONG, o hay demora en los pagos”, advierte Luciano Poyato, presidente del Tercer Sector.
