Abdelhak Jiam, director del Buró Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ), responsable de la lucha contra el terrorismo en Marruecos, ha pedido a España que los lugares de culto en nuestro país estén «bajo tutela de una institución gubernamental», informa Efe
En Ceuta hay una decena de mezquitas además de otros lugares de culto de menor entidad. Es el Ministerio de Asuntos Religiosos marroquí el que se encarga de determinar quiénes son los imames que dirigen los cultos en Ceuta.
Jiam, que concedió una entrevista a la agencia con motivo del primer aniversario de los atentados yihadistas de Cataluña, considera que España «tiene una importante comunidad de musulmanes, entre conversos y llegados de otros países», que deben estar encuadrados en comunidades religiosas públicas y supervisadas por el Gobierno.
En el caso de la célula de Ripoll nadie reparó en los mensajes radicales que lanzaba Abdelbaki Es Satty desde su púlpito de la mezquita nueva de la localidad. Es más; aprovechaba su condición para abordar a jóvenes a la salida de la mezquita, si bien luego se reunía con alguno de los miembros de la célula de esa población en un parque y en una furgoneta. Es Satty fue el dinamizador del grupo -todos ellos eran marroquíes o procedían de ese país- y quien dio el barniz ideológico radical a sus miembros, hasta convencerles de que debían perpetrar un atentado de envergadura.
«Hemos puesto en marcha una nueva estrategia para hacer un seguimiento de los marroquíes que están en el extranjero, y de hecho hemos llamado a nuestros homólogos occidentales para que compartan con nosotros los datos que tienen», señala en este sentido el director del BCIJ. La misión se antoja complicada, al menos en el caso de España, donde pese a la voluminosa comunidad musulmana no se conoce el número exacto de imanes que guían la oración en las más de 1.300 mezquitas conocidas desplegadas por todo el territorio nacional.
Éstas actúan como punto de encuentro para los miembros de las 1.562 comunidades islámicas regladas tras su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas (RER) del Ministerio de Justicia. Así lo reconocen desde la Comisión Islámica de España (CIE), organismo que representa a todas las comunidades religiosas de este tipo en nuestro país, y que actualmente está inmerso en la elaboración de dicho censo de imanes.
Requisitos religiosos
La elección del imán de cada mezquita responde a un proceso en el que toman parte el Ministerio de Justicia y la Comisión Islámica, que se inicia cuando una comunidad de fieles alcanza la estabilidad y entidad suficientes -unas 40 o 50 familias involucradas- como para organizarse en torno a una mezquita. Al abrir el lugar de culto, la comunidad aborda los trámites para adquirir personalidad jurídica, lo que implica su inscripción en el RER. Además solicita al Ministerio de Justicia la dotación de un imán, que la propia comunidad propone, para encabezar la oración en el templo. En este punto, el Ministerio pide a la Comisión Islámica la conformidad con el líder religioso escogido, que se otorga o no -como detallan desde la propia Comisión- únicamente en virtud de que éste acredite una sólida formación y conocimientos en el Islam tradicional.
Si hubiera algún problema de otro tipo con el individuo propuesto, ahondan desde la Comisión, se solucionaría en el Consulado español del país de origen del religioso antes de que viajara a España.
Al margen de esta normativa están las comunidades que no figuran en el RER. Las fuentes consultadas de la Comisión Islámica admiten que existen, aunque matizan que son una minoría, que están compuestas por pocos miembros y que no gozan de gran estabilidad ni de recursos suficientes como para abrir una mezquita y mantener a un imán de forma permanente.
«Surgen por ignorancia de sus miembros, que se constituyen como asociación cultural en lugar de como una comunidad religiosa», precisan desde la entidad islámica, donde también indican que en estas pequeñas comunidades -más difíciles de controlar ya que no pasan por el filtro del Ministerio de Justicia- puede ejercer como imán «cualquiera que sepa leer el Corán». No obstante, la Comisión asegura tener delegados repartidos por todo el territorio nacional para evitar problemas con las comunidades clandestinas.
