La ciudadanía exigimos un Estado que garantice la laicidad, es decir un espacio público ajeno a las interferencia religiosas y que garantice la libertad de conciencia individual.
APOSTATADA MASIVA EL 8 DE JULIO (DIA DEL LAICISMO)
MANIFIESTO 8 DE JULIO: CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO. ¡QUE NOS BORREN YA!
La Iglesia Católica está empeñada en su cruzada contra las libertades públicas e individuales, interfiriendo en nuestro sistema político y atacando a colectivos diversos. Busca situarse por encima de las leyes, incluyendo la Constitución, y anular los avances que se están produciendo en la legislación y en la realidad social.
Se muestra especialmente beligerante contra la igualdad civil de gays y lesbianas. Contraria a la reforma del matrimonio, considera este reconocimiento de plena igualdad como un cuestionamiento y desafío a la institución matrimonial y la familia más tradicional, imponiéndonos una sola forma de organizar la convivencia, las relaciones personales y sociales,la sexualidad.
Su actitud retrógrada y machista es también sumamente lesiva para los derechos y la libertad de las mujeres, a las que limita a una realidad que niega su derecho a decidir sobre su propia vida, el derecho al placer, a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a abortar. Presiona al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para influir en las políticas públicas, tratando de impedir cualquier avance o reforma que suponga un paso más hacia la libertad de las mujeres. Un claro ejemplo son las subvenciones cuantiosas que reciben asociaciones pro-vida por parte de algunas Comunidades Autónomas.
Igualmente se muestra beligerante contra el laicismo escolar, presionando al poder legislativo para que se sigan manteniendo en los colegios públicos a más de 15.000 catequistas católicos que adoctrinan a nuestros niños y niñas en esa religión, además de intentar seguir manteniendo un status quo intolerable de subvenciones indiscriminadas a los colegios católicos, erosionando la escuela pública.
También la Iglesia Católica presiona a la comunidad científica, intentando frenar cualquier cambio legislativo en materia de reproducción, investigación con embriones y células madres o eutanasia, para encorsetarlo en la doctrina moral del catolicismo. Con la voluntad de la Iglesia de intervenir en los asuntos del Estado, el mismísimo Juan Pablo II, pocos días antes de morir, reunido con los obispos españoles, lanzó una denuncia contra el Gobierno y la sociedad política española.
La homofobia declarada de la Iglesia, la lucha contra los derechos emancipadores de las mujeres, la lucha permanente por reservarse un papel privilegiado en el sistema educativo resultan intolerables. Sin embargo la Iglesia en nuestro país goza de un régimen de religión oficial unos privilegios y prebendas propios de un estado confesional (sin serlo) y todo ello amparado en un Concordato con el Vaticano que hunde sus raíces en el régimen franquista. Exigimos del Gobierno que denuncie sin más demora ese vergonzoso concordato.
La ciudadanía exigimos un Estado que garantice la laicidad, es decir un espacio público ajeno a las interferencia religiosas y que garantice la libertad de conciencia individual. Cuando queremos que nuestros datos no figuren en los registros parroquiales la Iglesia se niega hacerlo y lo que es peor la administración pública no obliga a esta autoritaria organización a que, de acuerdo a la ley de protección de datos, borre y destruya nuestros datos de bautismo y otros de sus ficheros parroquiales. La Iglesia nos llama apóstatas, pero nosotros somos simplemente ciudadanos libres: ¡QUE NOS BORREN YA!
