Manifestación en Madrid

Dirigida por el PP y los obispos, la mentira y la confusión se lanzan a la calle

Y muchos ciudadanos de buena fe creen defender realmente un derecho fundamental al reclamar la enseñanza de la religión católica como asignatura incluida en los itenerarios oficiales, en el marco de la escuela pública.

A estos católicos de buena fe, basta con recordarles que el derecho a educar a los hijos de una manera acorde con las propias convicciones es un derecho de todos los ciudadanos, no sólo de los católicos y no sólo de los ciudadanos con convicciones religiosas. Así queda este derecho recogido en la Declaración Universal de 1948:

Artículo 26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

La Constitución española de 1978 está comprometida -y obliga a los Poderes Públicos, aunque estos deliberadamente lo ignoren-, desde su artículo 10.2, a interpretar los derechos fundamentales en función de la Declaración de 1948.

Los católicos respetuosos con los derechos humanos y con la democracia (y en su mayoría lo son, por encima de las manipulaciones de los obispos) deberían, pues, reconocer que para solicitar como un derecho la enseñanza de la religión católica en la escuela pública tendrían también que solicitar ese mismo derecho no sólo para todas las religiones existentes sino también para todos los sistemas de convicciones y de creencias de carácter no religioso a los que nos adscribimos los españoles. De no hacerlo así, no se está reclamando un derecho, se está reclamando un privilegio.

¿Realmente puede asumir la escuela pública, en sus itinerarios oficiales, esa educación a la carta? ¿No es más razonable que la escuela instruya y forme en valores ciudadanos que son comunes a todos, independientemente de las creencias particulares? ¿No es más viable que la educación en doctrinas y morales que dependen de la elección de cada individuo se hagan en las parroquias, en las mezquitas, en las sinagogas o en el club de agnósticos y ateos?

En todo caso, lo que se pretende defender el día 12 de noviembre de 2005 no es un derecho fundamental, es la pretensión de los obispos y de la derecha involucionista a perpetuar su monopolio sobre la conciencia de todos los españoles. Y eso es algo que quienes defienden los derechos humanos y la democracia (donde se incluye la mayoría de los ciudadanos que se dicen católicos) no van a tolerar

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