La devoción que los vecinos de las poblaciones que conforman el valle de Santibáñez e incluso otras del entorno, manifiestan por la Virgen de la Cuadra, se remonta al siglo XIV. Ahora, están inmersos en un contencioso con el Arzobispado, una vez que aquéllos han conocido que la titularidad de la ermita está inscrita desde 2009 a favor de la parroquia tanto en el Catastro como en el Registro de la Propiedad y, por extensión, a la Diócesis, entienden los fieles denunciantes de esta situación.
Avalado por la firma de unos 500 vecinos de todo el Valle -con una población de unos 600 habitantes- se ha remitido al Arzobispado un escrito en el que reclaman que se restituya la titularidad de dicho inmueble a quienes corresponde por razones jurídicas e históricas, y que no son otros que los pueblos y sus vecinos, quienes constituidos en hermandad -según costa en documentos en el año 1816- han controlado y financiado la actividad de la ermita durante siglos. En su escrito, los promotores de la recogida de firma, entre ellos Nicolás Miñón, que fuera alcalde tanto del municipio como de la pedanía de Ros en varias legislaturas, aseguran que tal inscripción de la ermita no le corresponde al Arzobispado ni «ética, ni moral ni jurídicamente». En este sentido, se remontan a la Edad Media y a distintas documentaciones recopiladas, tanto en el Archivo Diocesano, el Archivo del Monasterio de las Madres Bernardas y otros documentos -recopilados por estudiosos, como René Payo Herranz- para ‘demostrar’ que la ermita de Nuestra Señora de la Virgen de la Cuadra es un bien que pertenece a los pueblos del entorno de Mansilla de Burgos -en cuyos término se alza-, fundamentalmente éste, Zumel, Miñón y La Nuez, recordando que fueron quienes constituyeron hermandades formadas por vecinos que se reunían periódicamente para organizar las procesiones anuales al santuario, así como los clérigos de los pueblos próximos que crearon una cofradía para organizar la vida religiosa de la ermita. Con estos argumentos, defienden que el deseo actual de los habitantes es «seguir como antaño, siendo la ermita propiedad de los vecinos, venerada por los vecinos, mantenida y reparada por los vecinos y ¡nadie más!».
Desde el Arzobispado defienden, según la respuesta a la demanda vecinal, que la mejor forma de conservar el inmueble es inscribiendo la propiedad a nombre de la parroquia porque «le concede importantes resortes jurídicos para preservar y defender su destino cultural, y en modo alguno la inscripción limita el deseo de los feligreses y de aquellos vecinos que tienen sensibilidad sobre el patrimonio, para que puedan seguir venerando, mantenimiento y reparando dicha ermita». El Arzobispado sugiere a los vecinos que a través de la parroquia se puede crear una cofradía que se encargue de promover el culto y conservar la ermita.
La indignación es manifiesta ante esta contestación de las autoridades eclesiásticas y por haber tomado de forma unilateral la decisión de inscribirla. «Se quedan con la titularidad, pero su mantenimiento y reparación nos piden que la hagamos nosotros», afirma Miñón, que asegura que claro que quieren seguir haciendo esto, como siempre lo han hecho, por otra parte, pero insisten en reclamar su titularidad, aunque aseguran que si el Arzobispado no la revierta, ellos no tienen intención de ir por la vía judiciales porque eso supone unos costes económicos que no pueden permitirse.
