En España este derecho está regulado en la Constitución sólo para temas relacionados con lo militar
Apelar a la objeción de conciencia cada vez es más común en España: aborto, Educación para la Ciudadanía, pastilla del día después. Las jerarquías ultracatólicas llaman a sus simpatizantes a acogerse a lo que consideran el último recurso para no cumplir con algunas normas dictadas por un gobierno con el que se sienten incómodos. Pero donde unos ven un derecho individual, otros ven un abuso.
Los últimos en subirse al carro de la objeción han sido los farmacéuticos que no quieren vender la píldora poscoital sin receta porque atenta, según dicen, contra su libertad ideológica y religiosa. Sin embargo, en este caso, la norma ha quedado bien fijada y los facultativos sí están obligados a venderla según la Ley del Medicamento, excepto en Catalunya, donde se les da la posibilidad de no dispensarla. Aunque en este caso deben indicar a la usuaria dónde puede conseguirla en un plazo de tiempo breve.
Cuando a mediados de la década de 1970 decenas de jóvenes reclamaban su derecho a la objeción de conciencia para no hacer el servicio militar, poco se imaginaban que treinta años más tarde los principales defensores de esta opción serían conservadores. A finales de septiembre, en el I Congreso de Juristas Católicos, el catedrático de Derecho Eclesiástico Fernando Valls afirmó una máxima muy extendida en ciertos círculos: cualquier persona puede recurrir a la objeción de conciencia aunque no haya una ley que específicamente la reconozca.
Obligación de cumplir la ley
Pero no todos los magistrados comparten este punto de vista. Y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dejó claro hace unos días que él tampoco: "En nuestro país no hay más objeción de conciencia que aquella que está expresamente establecida en la Constitución", es decir, la que afecta a lo relacionado con lo militar. Pero además, el ministro advirtió de que "las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley porque si no, nos llevaría (…) a la desobediencia civil".
Caamaño pretendía zanjar así lo que para muchos es sólo una excusa. "Estos grupos lo utilizan como disculpa para bloquear unas determinadas leyes porque han sido dictadas por un gobierno distinto a sus ideas", afirma el magistrado Marcelino Sexmero, de la Asociación Jueces Francisco de Vitoria, que advierte de los peligros de respetar en demasía la libertad individual, puesto que "se estaría abriendo el campo a la desobediencia civil".
En los últimos años, el hecho de que algunos médicos de la Sanidad Pública se amparen en su derecho a la objeción de conciencia (protegidos por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985) para no practicar interrupciones del embarazo ha causado una creciente controversia. De hecho, las entidades en defensa de la libertad de elección de la mujer han pedido una y otra vez que se regule la objeción.
En el borrador del programa electoral para las últimas elecciones generales, el PSOE proponía regular la objeción en las prestaciones sanitarias, "especialmente en las interrupciones voluntarias del embarazo". Sin embargo, el anteproyecto de la Ley del Aborto ha llegado al Congreso sin que esta cuestión quede bien resuelta.
A principios de año, el Tribunal Supremo concluyó que "no existe" el derecho a la objeción de conciencia en cuatro casos de familias que se oponían a Educación para la Ciudadanía y estableció que la asignatura no atenta contra los derechos de los padres. Sin embargo, esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló a favor de los padres objetores, apartándose así del criterio del Tribunal Supremo sobre esta materia.
Ante este tipo de situaciones, algunos se plantean si no sería necesario regular la objeción de conciencia en una ley de carácter general, pero los juristas advierten de la dificultad de una empresa de tal envergadura y proponen soluciones intermedias. El magistrado Miguel Ángel Gimeno, de Jueces para la Democracia, advierte de que "la conciencia es un cajón desastre donde cabe casi todo" y por eso, afirma, podría ser una buena solución crear una comisión de expertos que evaluara los casos más espinosos.
Pero esta solución desagrada a los grupos conservadores. "Es peligroso que se empiece a hablar de regular la objeción, si hubiesen comités sería para condicionar nuestra libertad", afirma Gádor Joya, de Hazte Oír.
Zanjar la cuestión de la objeción de conciencia no es fácil, y algunos magistrados advierten de que lo peor está por llegar. Los desafíos que la ciencia irá planteando, advierten, añadirán más incógnitas al debate.
