El presidente de la comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta, recibe hoy a dos asesores jurídicos de la plataforma en defensa del patrimonio navarro, que lucha contra las inmatriculaciones de la Iglesia. Los socialistas, que hasta ahora han guardado silencio, dan este primer paso para abordar un problema extendido por toda España: la Iglesia católica está poniendo a su nombre miles de edificios de culto, iglesias, ermitas, etcétera, que nunca antes habían estado registradas como propiedad de nadie.
Muchos alcaldes consideran que esto supone un "expolio" del patrimonio público amparado por una ley de tiempos de Franco, que permite al clero emitir certificados de dominio como si fueran funcionarios. Con esta reunión que se celebra hoy en el Congreso, "se pretende hacer una denuncia pública de la situación y aportar la documentación pertinente", dice la convocatoria del Grupo Socialista.
Álvaro Cuesta escuchará a los representantes de la plataforma Navarra (una comunidad donde se han inmatriculado más de 1.000 edificios desde 1998) y trasladará su mensaje al resto de grupos parlamentarios, así como al Gobierno, para buscar una solución.
Alejandro Torres e Isabel Urzainqui, los asesores jurídicos de la plataforma, pedirán al diputado socialista que se derogue el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 del Reglamento Hipotecario. Una posible vía de modificación de esta normativa que se contempla sería aprovechar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Por su parte, Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, pretende, con esta reunión, "poner en conocimiento del Parlamento la situación en la que se encuentran muchos Ayuntamientos, afrontando miles de inmatriculaciones donde la propiedad de la Iglesia es dudosa. Hay dudas más que fundadas de que este procedimiento es inconstitucional", dijo ayer.
El Gobierno también ha sido interpelado en este asunto. Lo ha hecho Izquierda Unida, planteando una batería de preguntas en el Congreso y pidiendo información sobre el número de inmatriculaciones en toda España. Este grupo también ha planteado la posibilidad de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) alertara a los alcaldes sobre la situación en que puede encontrarse el patrimonio público de sus pueblos y las medidas a tomar. Álvaro Cuesta también cree que la FEMP puede ser una vía de solución a este asunto.
