Los socialistas anuncian que potenciarán la enseñanza pública y suprimirán la obligatoriedad de la asignatura de Religión

La concertada prevé una «guerra escolar» con el PSOE El efecto de la victoria electoral del PSOE ha oscilado entre la preocupación de la escuela privada por el futuro de los conciertos y la incertidumbre sobre la aplicación de la reforma de la enseñanza, entre el entusiasmo de colectivos de gays y lesbianas por la perspectiva de la regulación de los matrimonios de homosexuales y las adopciones de niños, y la esperanza de las asociaciones de las mujeres maltratadas en que Zapatero apruebe una Ley Integral contra la Violencia. Lo cuenta M. Villasantes en La Razón.

  Colectivos de profesionales y asociaciones se pusieron ayer en guardia para exigir al futuro presidente del Gobierno el cumplimiento de sus promesas electorales en todos los ámbitos:

    Educación. El PSOE anunció ayer que su prioridad será suprimir la obligatoriedad de la Religión y potenciar la enseñanza pública. El presidente de la patronal Educación y Gestión (EyG), Néstor Ferrera, no ocultaba su preocupación por el futuro de los conciertos, habida cuenta de las restricciones en comunidades autónomas socialistas. Además de alertar del riesgo de reavivar un enfrentamiento entre la escuela privada y pública ¬con la enseñanza de la Religión como telón de fondo¬, lamentó que hay todo un proceso normativo en marcha para aplicar la Ley de Calidad de la Enseñanza que se va a quedar «a mitad de camino».

   Con todo, Educación y Gestión ¬patronal mayoritaria en la escuela concertada¬ ofreció diálogo al nuevo Gobierno, al igual que la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que confió en que Zapatero «garantizará que los padres españoles puedan elegir en libertad el modelo educativo que desean para sus hijos». «Esperamos que tenga en cuenta la escuela concertada, sabiendo que presta un servicio social y que es fuertemente demandada por la sociedad», añadió por su parte el secretario general de Fere (federación de centros religiosos), Manuel de Castro.

   Entretanto, las federaciones de enseñanza de CC OO, UGT y STEs apostaron por «paralizar» la reforma educativa, comenzando por el calendario de aplicación, para tener tiempo para alcanzar un gran acuerdo educativo. El sindicato independiente Anpe pidió al Gobierno un apoyo decidido a la enseñanza pública, un mayor compromiso con el profesorado y más inversiones.

    Inmigración. Representantes de sindicatos, organizaciones de inmigrantes y ONG pidieron a Zapatero que recupere el consenso y el diálogo en materia de Inmigración para así alcanzar el tan prometido pacto de Estado anunciado por Zapatero. Las asociaciones pidieron, además, mayor control de las fronteras y una mejor regulación de los flujos migratorios. En concreto, la asociación Rumiñahui exigió que «abra inmediatamente un canal de diálogo» para este colectivo.

    Sanidad. Las asociaciones de diabéticos quieren que se impulse la investigación con células madre, mientras que los sindicatos de profesionales sanitarios (médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería) desean que se mantengan las reformas emprendidas en la anterior legislatura y aumenten los recursos del Sistema Nacional de Salud.

    Homosexuales. Gays y lesbianas felicitaron al líder socialista y recordaron que este colectivo se ha movilizado por el cambio. Confiaron en que Zapatero cumpla sus promesas electorales sobre la regulación de los matrimonios entre homosexuales y, como consecuencia, la posibilidad de que estas parejas adopten niños.

    Violencia doméstica. La Red Feminista contra la Violencia de Género mostró su satisfacción por la victoria del PSOE, ya que este partido había asumido la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia. En la misma línea, la Asociación de Mujeres Juristas Themis destacó que Zapatero, «ya se comprometió a tratar los malos tratos como una cuestión de Estado».

    Medio Ambiente. La Plataforma en Defensa del Ebro, ecologistas y CC OO pidieron a Zapatero que cumpla sus promesas y derogue el Plan Hidrológico Nacional. La plataforma pide un nuevo proyecto que no incluya trasvases. Los agricultores solicitan una modificación del proyecto, pero que garantice los recursos hídricos en toda España. Mientras, Greenpeace le reclama que «cumpla sus compromisos de desechar el PHN, cumplir el Protocolo de Kioto y cerrar de forma progresiva las centrales nucleares».

    Drogas. Los defensores del cannabis esperan que se despenalice la tenencia, consumo y compra-venta de esta hierba, y que se permita también el cultivo de esta sustancia. Pidió que traslade el Plan Nacional de Drogodependencias del Ministerio del Interior al de Asuntos Sociales.

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