Critican que perjudicará a la educación pública y reclaman a la Junta que aclare en cuántos colegios de su titularidad se habilitarán espacios. La Consejería alega que están inmersos en su configuración.
La extensión de la enseñanza gratuita a los niños de 2-3 años supondrá, a juicio de los sindicatos, un beneficio para la privada, en detrimento de la pública, y abogan porque la Junta de Castilla y León utilice los fondos del gobierno central para habilitar este tipo de unidades únicamente en centros de titularidad pública, después de que la orden publicada este jueves en el Bocyl extendiera también la posibilidad a los privados y de que el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, explicara que funcionarán por la vía del concierto.
El problema radica en que no hay suficientes plazas en las escuelas infantiles gestionadas por la comunidad autónoma o por los ayuntamientos en la actualidad y, por tanto, no bastará con subvencionar este tipo de centros, sino que será necesario crear nuevas unidades en los colegios que ya imparten el segundo ciclo de Educación Infantil (y Primaria) pero, hasta ahora, la Junta ha blindado ese dato y no aclara qué colegios públicos lo ofertarán. El próximo 18 de marzo –y hasta el 6 de abril–, se ha fijado el plazo para que las familias matriculen a sus hijos en las diferentes etapas educativas y, a falta de dos meses, la Consejería de Educación todavía no ha dado a conocer el listado de colegios donde se extenderá la educación gratuita ni el número de plazas que abarcará.
Lo único que explicaron desde el área que dirige Rocío Lucas es que el periodo de admisión de los niños de 2 años también se realizará en fechas similares y que, para entonces, las familias tendrán disponible toda la información de centros que oferten la gratuidad en dicho curso, para que, a la hora de elegir, tengan claro qué centros tienen la oferta ampliada.
Por el momento, insistieron, están inmersos en la planificación y no darán a conocer los datos hasta que configuren el diseño en toda la comunidad, teniendo en cuenta que hay un tiempo máximo de 15 días para sumarse a la iniciativa.
Esa ausencia de información y esa incertidumbre es precisamente la que lleva a los sindicatos a criticar cómo se ha puesto en marcha la medida. «Consideramos muy negativo que se haya abierto el plazo a los privados […] Los fondos del gobierno, y así lo plantea la Ley de Educación, son para la ampliación de 0 a 3 dentro de los centros públicos, así que es lo que se debería haber priorizado, y no incluir a los sostenidos con fondos públicos, que al final es lo que siempre pretende esta Consejería de Educación y este gobierno de Castilla y León», subrayó la portavoz de Stecyl, Christina Fulconis.
La representante sindical incidió en que la LOE ya «abrió la puerta» a los conciertos en la etapa de los 3 a los 6 años y en la actualidad acaparan al 30% del alumnado. «Calculamos que hay 13.600 niños que podrían incorporarse el próximo curso a las aulas de 2 años, pero no hay tantas plazas públicas en la actualidad», explicó en referencia a las gestionadas directamente por la Junta y también por los ayuntamientos, para hacer hincapié en la necesidad de adaptar los colegios a fin de alcanzar el objetivo del gobierno central.
En términos similares se expresó la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León, Elena Calderón, bajo la premisa de que el objetivo que persiguen es «privatizar la educación pública». «Si no se implanta el primer ciclo de Infantil en los centros públicos, supondrá el hundimiento de la educación pública», remarcó antes de reivindicar a la Junta que les proporcione una información que ya han reclamado en numerosas ocasiones. «Tienen el estudio pero lo quieren ocultar y no nos dicen ni centros, ni listas, ni cómo se repartirá el dinero».
Por su parte, el secretario de Administración Autonómica de UGTde Servicios Públicos de Castilla y León, Carlos Arenas, achacó también una «falta de información» y cuestionó que no se hayan realizado modificaciones en las ratios de alumnado por clase. «Tener 20 alumnos por cada técnico de Educación Infantil es una salvajada, y mucho más en época de pandemia; así no hay forma de atender ni de educar», sostuvo antes de criticar que el anuncio se haya hecho «deprisa, corriendo y mal».
El representante sindical resaltó que tampoco se han abordado los «problemas» en este colectivo de técnicos, pese a que sería necesaria una modificación para garantizar, por ejemplo, que tengan un porcentaje de horas formativas y lamentó que toda situación vaya a repercutir en las familias, que no tendrán claro dónde poder matricular a sus hijos ni en qué condiciones.
En esa misma línea sobre la necesidad de aclarar las condiciones laborales de los técnicos y docentes de las aulas de 2 años se expresó la presidenta del Sector Autonómico de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, bajo la consigna de que defenderán que no se traduzca en «la pérdida de ningún puesto de trabajo» ni implique la «sobrecarga» de otros profesionales, pues temen que por ejemplo los equipos directivos tengan que asumir más gestiones.
Además, Madruga también expresó su «preocupación» porque la extensión de la gratuidad en el último año del primer ciclo de Infantil «acabe favoreciendo a la concertada» o que aprovechen el anuncio a nivel político, pues no hay que obviar que las elecciones autonómicas se celebran el 13 de febrero y que esta medida, publicada el jueves, apenas da quince días de margen para que los centros privados y las entidades locales, comuniquen si están interesadas en adherirse.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza FSIE, una organización del ámbito de la enseñanza privada, concertada y de atención a personas con discapacidad, tachó de «muy positiva» la noticia de que los centros privados puedan sumarse y reivindicaron que venga acompañada «de mejoras salariales y sociales del personal que trabaja en esa etapa».
