Los sindicatos dicen que la reducción de zonas escolares creará «guetos»

Consideran que favorecerá a los centros privados y concertados frente a los públicos

Los sindicatos integrados en la plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita (Stes, CC.OO. UGT y CGT), así como Anpe, rechazaron ayer de plano la reducción de las zonas escolares en Castilla y León por parte de la Consejería de Educación, que alega para tomar esta medida que se apoya la libre elección de los padres a la hora de elegir colegio, medida que se aplica hoy mismo con la apertura de la elección de colegios e institutos para matricular a sus hijos.

Frente a este argumentos, los representantes de los profesores consideran que por encima de «un pretendido derecho relativo como es el de la libre elección de centro están otros como el del acceso en condiciones de igualdad y la adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo».

Pedro Escolar, en representación de la mencionada plataforma, en la que también participan la Confederación de Ampas de Castilla y León, Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos e Izquierda Unida CyL, la Consejería, además de utilizar «la vía de los hechos para cambiar la normativa», obviando la negociación, va suponer «la profundización de la segregación educativa» al generar un vaciado de las aulas de los centros educativos con alumnos con necesidades educativas especiales y de zonas menos desarrolladas». Por todo ello, consideran que «se equipara de hecho la red privada-concertada con la pública y desaparece el criterio de subsidiariedad».

Escolar reiteró que «la verdadera libertad de elección pasa por una oferta pública de calidad en el entorno de influencia de las familias». En la nota remitida por la Plataforma de Escuela Pública Laica y Gratuita se apunta que «con la aplicación de esta medida, se les pone en bandeja a determinados centros un instrumento para la selección del alumnado, con lo que, en realidad, van a ser los centros los que elijan».

En este sentido, Escolar advirtió que abaremos como la renta ahora sólo puntúan un 0,5, el de proximidad pierde importancia, mientras que los centros escolares pueden adjudicar a las solicitudes un 0,75 por cuestiones como ser antiguos alumnos o tener hermanos en el centro, «con lo que ejercerán de filtro para alumnos que no quieran admitir».

De todos modos, Pedro Escolar reconoce que las familias por diferentes razones pueden tender a concentrar sus preferencias en un número determinado de centros, lo que podría llevar a que éstos superen la ratio máxima, «pues por razones excepcionales se puede subir un 10 por ciento, algo que podría consolidarse».

Decisión unilateral

El sindicato Anpe, no integrado en la Plataforma, denuncia también la unilateralidad de la medida, que considera, en boca de su presidenta regional, Pilar Gredilla, como «preocupante» al perjudicar a los centros públicos, ya que originará «desequilibrios en el mapa escolar de la Comunidad». De todos modos, Gredilla confía en que las familias sigan apostando por la proximidad de los centros escolares.

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