El documento al que ha tenido acceso eldiario.es exige que los superiores dejen constancia por escrito de los casos y acompañen a las víctimas en todo momento
El arzobispo de Granada ha mantenido al algunos de los curas oficiando misa y se ha negado a facilitar informes a la acusación
¿Ha cumplido el arzobispo de Granada, Javier Martínez, con las normas -vaticanas y de la propia Conferencia Episcopal española- en el caso de los Romanones? “No me atrevo a opinar sobre ello, pues el caso está sub iudice”, fue la lacónica respuesta del portavoz del Episcopado, José María Gil Tamayo, al ser preguntado sobre el particular este jueves.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal tiene desde 2010 un protocolo para casos de abusos sexuales que “es preceptivo y que se envió a todos los obispos”, según ha revelado Gil Tamayo tras confirmar su existencia el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez. Según se desprende de este documento, reservado hasta ahora y al que ha tenido acceso eldiario.es, los sacerdotes envueltos en estos casos deberían haber sido apartados de sus funciones. El obispo granadino Francisco Javier Martínez, tendría que haber dejado constancia en un informe todo el episodio.
Ante estos escándalos de abusos, los obispos trataron de ofrecer transparencia y claridad, pues “las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos, y tienen el derecho y el deber de acudir a ella, porque es la casa de todos”, añadió el secretario general de la conferencia.
El documento se titula Protocolo de actuación según la legislación del Estado. En él se regula, en tres supuestos, cuál debe ser la actuación de las autoridades eclesiales ante casos de abusos sexuales a menores: en primer lugar, cuando el obispo recibe una denuncia de abusos antes de que ésta se presente a los tribunales -caso de los abusos en Granada-; en segundo término, cuando la autoridad eclesiástica conoce los hechos por la opinión pública o la Justicia, después de formulada la denuncia -caso de los recientes abusos conocidos en la diócesis de Lugo-; o si, finalmente, el conocimiento de los hechos vengan por una confidencia o en secreto de confesión -al estilo de la película Yo confieso, de Alfred Hitchcock, como confirmó el propio Tamayo.
Cooperadores, cómplices y encubridores
Según el documento, toda actuación del arzobispo de Granada debía dirigirse hacia los supuestos abusadores, pero también hacia los conocedores, cooperadores, cómplices o encubridores. Algo que él mismo reconoció que no había hecho en una entrevista en la Cope, en la que subrayaba que algunos de los Romanones podrían haber conocido los hechos (esto es, ser encubridores o cómplices), pero que por ello no debía sancionarles. De hecho, siete de los sacerdotes investigados continúan, a día de hoy, oficiando misa en sus parroquias, con total normalidad.
A este respecto, el protocolo dice que “en materia de delincuencia sexual es posible hablar de acción, comisión por omisión, así como de cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento”. Sobre la actuación de un Superior, como el arzobispo, especifica que su manera de hacer puede influir decisivamente para evitar los hechos si se actúa “diligentemente”.
Ante “una situación de riesgo en el trato con menores” –como parece ser el caso de los siete sacerdotes que, habiendo sido declarados imputables, continúan ejerciendo sin ser suspendidos–, el protocolo es tajante: “Se destinará al clérigo, religioso, etc., afectado, a una labor pastoral exclusivamente con personas mayores u otra que se considere adecuada atendiendo a sus circunstancias personales, con apartamiento efectivo de la relación con menores de edad y con la prohibición expresa de mantener ninguna clase de trato de naturaleza pastoral con ellos”.
Y también incide en que “debería documentarse adecuadamente la prohibición aludida”. Algo que no se ha hecho, ni pública ni privadamente, como lo demuestra el hecho de que hasta en cinco ocasiones el juez instructor haya solicitado los expedientes de los interrogatorios a los acusados, infructuosamente.
“Si la conducta denunciada se refiere a hechos ocurridos hace años y, por tanto, se consideran prescritos los presuntos delitos, tanto civil como canónicamente, sin perjuicio de concluir el oportuno expediente canónico, la Autoridad eclesiástica adoptará las medidas pastorales que procedan, en interés general de la Iglesia”, añade el protocolo.
Reunión con la víctima
El protocolo esablece que “el Sr. Obispo o su delegado se entrevistará, lo antes posible, con el denunciante, en presencia de un testigo, para cerciorarse de la seriedad de la denuncia y, si es posible, se ratifique. Se redactará un Informe escrito para dejar constancia del hecho”. En Granada, fue Daniel quien intentó contactar con el arzobispo de Granada en varias ocasiones. Al final se celebró esa reunión, en la que la víctima se ratificó. Hasta el 17 de octubre, como el propio prelado admitió en sus entrevistas, se mantuvo la correspondencia entre ellos, momento en el que cesó después de que desde la diócesis se pusieran pegas al pago de los informes periciales, tal y como consta en el sumario.
Además, “el Sr. Obispo o su representante tendrá un encuentro, a la mayor brevedad, y si pareciera oportuno con la presencia de un testigo, con el sacerdote o religioso denunciado, para informarle de los hechos de que es acusado y de los trámites que van a seguirse: garantizarle el respeto de sus derechos, en especial el de presunción de inocencia; ofrecerle la ayuda que necesite; prohibirle todo contacto con el denunciante, la presunta víctima y su familia e informarle, cuando las circunstancias lo aconsejen, de las medidas-cautelares- que se piensan adoptar sobre su persona en relación a sus actuales actividades pastorales”. Todo esto se produjo, según la documentación enviada por el arzobispo al juez Moreno, respecto a los tres sacerdotes sancionados, pero no sobre los otros siete.
Constancia por escrito
En todo caso, lo más relevante es que el protocolo insiste en que “se redacta un Informe para dejar constancia de lo expuesto”. Algo que no se ha llevado a cabo, hasta el punto de que la acusación ha solicitado a la propia Santa Sede toda la información relativa al caso, puesto que el arzobispo se escuda en que el caso está siendo investigado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
