Los recursos de la Iglesia católica, que no tiene un presupuesto anual como ente patrimonial, proceden sobre todo de las aportaciones directas de los fieles, que suman hasta el 70 por ciento de su financiación total
El reciente acuerdo entre Gobierno y Conferencia Episcopal Española (CEE) por el que se ha llegado a un nuevo sistema de financiación que modifica la asignación del IRPF del 0,52 por ciento al 0,7 vuelve a despertar el interés por las cuentas de la Iglesia. Así, surgen preguntas como ¿Con qué presupuesto funcionan estas instituciones? ¿Cuál es el sueldo de un sacerdote o de un obispo? ¿De dónde proceden sus fondos? o ¿A qué fines se destinan?
Sobre esto último, fuentes de la Conferencia Episcopal han asegurado que estos bienes se destinan a la conservación de los templos, al ejercicio del apostolado y la caridad (la acción social de la Iglesia) y al mantenimiento del clero: un sacerdote cobra al mes entre 600 y 750 euros, mientras que un obispo cobra 864 euros.
El vicesecretario de asuntos económicos de la CEE, Fernando Giménez, ha explicado también que en muchas diócesis existen fondos con finalidades específicas que tienen un carácter indisponible, es decir, que no pueden ser empleados en ninguna otra finalidad. Ese capital permanente de fundaciones es invertido en ocasiones, con sus consecuentes rendimientos.
Sin embargo, el Estado entregó el año pasado otros 3.000 millones de euros que se dedican a los conciertos de los colegios (2.400 millones) y las clases de Religión (unos 500 millones).
Lo cierto es que la Iglesia como tal no tiene un presupuesto anual, porque no existe como ente patrimonial único y cada institución (67 diócesis, cientos de órdenes y congregaciones religiosas, 23.000 parroquias y más de 14.000 fundaciones y asociaciones) tiene autonomía total y su propio estatus económico. Ni siquiera están obligadas a rendir cuentas ante la CEE, sólo ante Roma de acuerdo al Código de Derecho Canónico.
Los recursos de la Iglesia proceden en primer lugar de las aportaciones directas de los fieles, que suponen hasta el 70 por ciento de la financiación total, según ha indicado Fernando Giménez. La segunda fuente de financiación son los fondos procedentes de su patrimonio y, en tercer lugar, las cantidades percibidas de las administraciones públicas, bien por asignación tributaria o por ayudas para rehabilitación de templos, etc. Es este último apartado el que se ha visto modificado con el acuerdo con el Gobierno.
En los acuerdos de enero de 1979 con la Santa Sede el Estado español se comprometía a colaborar con la Iglesia en su adecuado sostenimiento, pero también se preveía la sustitución progresiva de la dotación con cargo a los Presupuestos Generales hacia la autofinanciación. De este modo, junto a la modificación de la asignación voluntaria del IRPF que hace el contribuyente, se ha suprimido la dotación directa (el complemento presupuestario) del Estado a la Iglesia. Como ejemplo de cantidades, en 2005 el total de la Asignación Tributaria de la Iglesia Católica por parte de los contribuyentes (uno de cada tres marca la equis al hacer la declaración) ascendió a 128,6 millones de euros, mientras que el complemento presupuestario fueron 141,5 millones.
Ese dinero lo recibe la CEE, que lo reparte entre las instituciones, fundamentalmente entre las 67 diócesis, en función del número de sacerdotes y de habitantes. Las diferencias entre unas y otras son bastante importantes. Dos ejemplos, el presupuesto del arzobispado de Oviedo para 2006 con los ingresos procedentes del IRFP es de 9,8 millones de euros, mientras que el de Zaragoza es de 5,1 millones y el de Madrid de 48 millones.
