El presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, desgrana en esta entrevista las demandas que llevan reivindicando desde hace años.
Derogar los acuerdos con la Santa Sede, el cese de la financiación del culto y el clero y la supresión de sus privilegios fiscales, sacar la religión confesional de la enseñanza y la elaboración de una nueva ley de libertad de conciencia que termine con los privilegios simbólicos de los que dispone la Iglesia católica. Son las cuestiones principales que Europa Laica pide de cara al 26-J. “Algunos partidos piensan que pueden perder votos si hablan de la cuestión religiosa”, afirma Francisco Delgado (Albacete, 1949), presidente de la asociación Europa Laica.
¿Por qué España no es un Estado laico?
Es un Estado que, según la Constitución, no tiene que tener religión oficial pero que sin embargo mantiene una coletilla en el artículo 16.3. (“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”). De facto, por los privilegios que tiene la Iglesia católica en materia simbólica, económica y tributaria y tanto en educación como en servicios sociales, hacen que en la práctica España sea un estado confesional católico, por eso no es un Estado laico. Un estado laico tiene que ver con la neutralidad ante la cuestión religiosa y en donde ninguna confesión, ni la mayoritaria ni otras, tengan ningún tipo de privilegio. Deben ser consideradas como cualquier otro tipo de asociación, en este caso de creyentes, cosa que no ocurre. La Iglesia católica no paga el IBI, tiene obligatoriamente que dar clase en la escuela con fondos públicos, ha estado inmatriculando bienes porque era considerada como una entidad pública… En fin, una serie de privilegios que hace que España en la práctica sea un Estado confesional católico.
¿Se está avanzando hacia la laicidad en España?
Se avanza en consecución de derechos civiles. Se han hecho leyes que han ido en contra de la Iglesia católica: el divorcio, el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo… Derechos muy importantes en los que en algunos casos hemos sido abanderados a nivel mundial. Otra cosa es que las relaciones preferenciales que se mantienen a nivel municipal, autonómico y estatal con la Iglesia católica hacen que algunas cuestiones no se resuelvan.
Se ha creado una comisión permanente en el Ayuntamiento de Córdoba para avanzar en la reclamación de la titularidad pública de la Mezquita. La Diputación de Zaragoza va a realizar un informe relativo a las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia desde 1998. ¿Qué opinión le merecen estas acciones?
Surgen desde denuncias que hemos venido haciendo desde organizaciones laicistas como Europa Laica. En 2006 nos enteramos de la inmatriculación de la mezquita por un chivatazo. Todo suma. Que haya organizaciones que presionen a las administraciones, que visibilicemos, que seamos el faro del laicismo en España está muy bien porque muchas veces los gobiernos actúan en función de la presión ciudadana. En el caso del laicismo la presión que ejercemos estas plataformas u otras, entre las que incluyo algunas cristianas de base que también están por la construcción de un Estado laico, viene bien para que el Estado se ponga las pilas. Los próximos diputados y senadores deberán legislar para construir un país laico.
En campaña y en la oposición muchos partidos, sobre todo los que se mueven en el espectro progresista, suelen mostrar su apoyo a medidas como la derogación del concordato entre el Vaticano y España. Pero sigue en vigor desde 1953…
En este octubre y noviembre se abrió el debate de la laicidad en el Parlamento, quizá como consecuencia de la movilización de la sociedad. Partidos como IU, Podemos y Compromís han dado un impulso a cuestiones que venimos demandando desde hace bastante tiempo. En épocas anteriores, aparte de IU, ERC por ejemplo llevó iniciativas en esa dirección, que fueron tumbadas por la inmensa mayoría de la Cámara. Ahora en los programas políticos de muchos partidos aparecen citadas las demandas que nosotros consideramos fundamentales. Quizá lo que más me preocupa actualmente es que en esta campaña de ahora el tema de la laicidad no está saliendo en los debates, ni en los mítines o en la televisión. Sólo en pequeñas mesas redondas sin suficiente fuerza. Algunos partidos piensan que pueden perder votos si hablan de la cuestión religiosa.
En el debate si salió la cuestión religiosa: cuando Rajoy acusó a Rivera de ser de “la inquisición”.
(Risas) Rajoy sabrá. No nos hemos reunido con Ciudadanos para hablar de este tema. En todo caso, el Partido Popular se mantiene muy firme en mantener una relación preferencial con la Iglesia católica. En las últimas reuniones que mantuvimos con ellos estaban dispuestos a ceder un poco en la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF y en mirar todo el tema de la exención de impuestos porque incluso la Unión Europea está tirando de las orejas a De Guindos en ese tema. En el resto de cuestiones, como los colegios concertados católicos o el mantenimiento de la religión en la escuela, no estamos de acuerdo.
Dice el programa del PSOE: “Si en la próxima legislatura hay consenso, se abrirá el debate sobre la eutanasia”. ¿Es necesario el consenso para hablar de eutanasia, aborto o muerte digna?
Hay casi un 80% de personas que desde muchos años, incluso ya antes de la democracia, se pronunciaban por que se abriese el debate. Gente que, da igual el partido que vote, está de acuerdo con que las personas mueran bien y como ellos decidan. Y por tanto con facilitar y no penalizar la posibilidad de que una persona pueda ayudar a otra a morir bien si esa persona así lo ha decidido. Es un tema tan sencillo como ese, la dignidad de la persona. Para ello lo primero que hay que hacer es derogar el artículo 143 del código penal. Sí que se habla de abrir el debate, pero lo importante ahora mismo es derogar ese artículo. Luego ya veremos cómo conseguimos que las personas puedan pronunciarse sobre la manera de la que quieren morir. Pero mientras siga el 143, que penaliza cualquier ayuda a una persona que decida morir bien, tendremos un problema.
El 75% de la escuela concertada en España es católica. ¿Se debe acotar el espacio del concierto educativo?
Desde hace años se viene pidiendo por parte de algunas organizaciones sociales y sindicales reducir los conciertos educativos y ampliar las plazas de la enseñanza pública. Desde el año 85 hasta hoy, y a pesar de que el Estado no está obligado a financiar la enseñanza privada e incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, cada vez se financia más. Hay varias fórmulas para avanzar en la dirección contraria: empezar a construir centros de titularidad pública en los barrios y espacios nuevos que hagan falta. Deben tener una muy buena calidad y unos servicios que compitan con los centros privados. Y también tomar la decisión, y esa va a ser la más difícil para los políticos, de que el Estado deje de financiar la enseñanza privada en un momento determinado. Para ello toda la red privada debe pasar a la pública, con conciertos progresivos que permitan que unos cinco o diez años los buenos profesionales de la concertada pasen a la pública y no se queden en la calle. Un ejemplo es el caso de las ikastolas en Euskadi, que pasaron a ser de titularidad oficial. Soluciones hay si existe voluntad política, otra cosa es que la haya. La enseñanza privada puede existir pero que la financie quien quiere enseñanza privada, no el Estado.
Manifestaciones como la Procesión del Coño Insumiso en Sevilla o protestas como la de Rita Maestre en la capilla de la Complutense. En un caso la justicia ha dicho que es libertad de expresión y en el otro no.
Estas discusiones son internacionales. Se pueden encontrar visiones extremistas de personas de diferentes sensibilidades y confesiones que se sienten heridas cuando alguien bromea sobre la religión o la ataca. En el ámbito español pensamos que debe desaparecer la figura de delito por motivos de blasfemia, que aunque no se cite como tal, aparece sugerido en artículos como el 522 o el 525 del Código Penal. Todos estamos sometidos a crítica, no se trata de herir sino de expresarse libremente.
