La Iglesia evangélica vuelve a levantar la voz para protestar por la “discriminación” a la que se ve sometida y denunciar el “régimen de privilegios” de la Iglesia católica. Lo cuenta Juan G. Bedoya en El País.
Del dicho al hecho… Los cristianos protestantes españoles, 800.000 agrupados en 2.000 iglesias, alzaron ayer su voz con "decepción" porque, pese a que la Constitución consagró hace 25 años el principio de libertad religiosa como uno de los derechos fundamentales, crece ahora la "discriminación religiosa" y se hace cada día más evidente "el régimen de privilegios excepcionales aplicables" a la Iglesia católica por leyes y autoridades del Estado. La Federación de Entidades Evangélicas de España (Ferede), la organización que les representa, emitió ayer un extenso argumentario con esas percepciones, firmado por Federico Aparisi Camarena y Mariano Blázquez Burgos, presidente y secretario ejecutivo de la citada organización, respectivamente. Lo remitirán en los próximos días a las Cortes Españolas, al Parlamento Europeo y a las numerosas instituciones internacionales que se ocupan de este tipo de denuncias.
Los protestantes piden "una rectificación" para poner fin a la discriminación que sufren junto al resto de confesiones religiosas más o menos arraigadas en España -judaísmo, islamismo, hinduismo, budismo, etcétera-. En épocas pasadas de la historia de España, esa marginación fue trágica, con persecuciones incluso a muerte, pero los protestantes consideran que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no avalan la situación vigente. Y consideran "lamentable que en ninguno de los programas electorales presentados por los partidos políticos se aborde el tema de la igualdad y neutralidad religiosas".
Entre las "afrentas y agravios" contra la neutralidad religiosa proclamada por la Constitución, la Ferede menciona la limitación del derecho de manifestación en espacios públicos, las dificultades de acceso de los pastores evangélicos a centros públicos para dispensar asistencia religiosa y la no exención del IVA para los bienes destinados al culto, uno de los muchos privilegios con que cuenta la Iglesia católica, única religión financiada por el Estado mediante la ley de Presupuestos anual y un generalizado paraíso fiscal.
