En 2000, el entonces presidente de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el arzobispado que preside Antonio María Rouco acordaron que los cargos de responsabilidad de cualquier profesor de religión exigiría la previa "acreditación activa otorgada por la autoridad eclesiástica competente", acuerdo que echa abajo el Supremo, confirmando otra sentencia de la Audiencia.
Los recursos los había interpuesto la Asociación Profesional y Sindical de Profesores de Religión y la Unión Sindical Independiente de Trabajadores-Empleados Públicos. "La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, está sometiendo a los profesores de religión a una implacable persecución, sin prisas pero sin pausa", denuncia esta central, que también censura la actitud de los sindicatos CC OO, UGT, CSI-CSIF y ANPE. "Se ha confirmado que el pacto entre la Comunidad de Madrid y estos sindicatos ha vulnerado el principio de legalidad. Se empeñan en dar un trato de segunda a este colectivo. No les importa ir de la mano o compartir pancarta con otras instancias, pero no cumplen con sus trabajadores", concluye el sindicato demandante.
