El colectivo de Profesionales por la ?tica expresa su sorpresa porque “se impone taxativamente un criterio único”
Las instrucciones dadas por parte del fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, a los fiscales de la región para que se opongan a las objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, no han sentado bien a los profesores de ética.
El colectivo de Profesionales por la Ética, a través de la abogada Maite Gálvez, ha expresado su sorpresa y ha afirmado que "cuesta entender" que desde la fiscalía "se imponga taxativamente un criterio único, uniforme y restrictivo" en una cuestión en la que hay "motivos sobrados para sostener" que los padres objetores están ejerciendo derechos constitucionales.
Conformes hasta ahora
Hasta ahora, dicen los Profesionales por la Ética, al menos los fiscales de lo contencioso administrativo de Albacete y Toledo "se habían mostrado conformes o al menos no se habían opuesto a la concesión de medidas cautelares a favor de los alumnos objetores".
Entienden que como crece el miedo de las administraciones ante los fallos judiciales que desvelan que estas materias vulneran los derechos de los padres, "utilizan todos los recursos a su alcance para frenar el tsunami de fallos judiciales favorables a los objetores", se indica en el comunicado.
En este sentido aluden a los 122 fallos favorables a los objetores dictados en las Comunidades de Andalucía, Aragón, La Rioja, Extremadura y la propia Castilla-La Mancha, donde cuatro autos son favorables a ejercer el derecho de objeción de conciencia solicitado por los padres de los alumnos.
Según Gálvez, a estas alturas de la controversia "es evidente que el Gobierno se ha equivocado al querer imponer una asignatura que entra en conflicto con la libertad de conciencia y el derecho de los padres a la educación de sus hijos".
Poco prudente
Por su parte, el responsable de los Servicios Jurídicos de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, ha valorado también negativamente la instrucción del fiscal superior de la región al entenderla "poco prudente".
Y ello, porque están en cuestión derechos fundamentales de los ciudadanos, a los que la Constitución otorga la máxima protección, vinculando a todos los poderes públicos, agrega el abogado del colectivo.
Además, los autos favorables a los padres de los juzgados de Albacete y Toledo "fueron dictados con la conformidad de los correspondientes fiscales, lo que pone de manifiesto que hay importantes razones jurídicas a favor de la objeción de conciencia que el Ministerio Fiscal no puede desconocer", añade Bazán.
En la instrucción dada por el fiscal superior, Martínez pide a los fiscales que se opongan a las demandas sobre la objeción de conciencia, a las peticiones de los padres de medidas cautelares para no cursar la asignatura a la espera del fallo del Supremo y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la postura del ministerio fiscal.
