En concreto, el Ministerio de Educación tiene pendiente con la Comisión Islámica de España (CIE) la implantación a partir del próximo curso de la clase de religión islámica en la ESO y Bachillerato en los centros educativos de Ceuta y Melilla, que son los de su competencia.
Asimismo, el Gobierno deberá valorar si introducir en el Calendario Laboral de 2018 algunas festividades musulmanas como el día de la ruptura del Ayuno del Ramadán, Aid El Fitr, como festivo en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas donde residen más de 80.000 ciudadanos musulmanes, tal y como ha pedido la CIE. En toda España, viven cerca de 1,9 millones de creyentes de esta religión.
Entre las reivindicaciones de los musulmanes en España también destaca la de regular el enterramiento por el rito islámico –sin ataúd, en una tela blanca, directamente en la tierra– en una ley nacional sanitaria. El presidente de la CIE, Riay Tatary, ha asegurado a Europa Press que hicieron esta petición al exministro de Sanidad Alfonso Alonso para que las normas sobre el enterramiento de los fieles de esta religión no difieran de una comunidad autónoma a otra.
Por otro lado, el ministro de Justicia deberá plantearse si atender una reivindicación de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) que viene solicitando desde hace años una Ley de neutralidad de la Administración del Estado en asuntos religiosos que promueva la gestión pública del hecho religioso y la formación, en materia de libertad religiosa, en las instituciones.
FUNERALES DE ESTADO
Al mismo tiempo, los protestantes reclaman que se establezcan protocolos para la participación de autoridades en las celebraciones religiosas y funerales de Estado. También piden una “Ley de Entidades religiosas” que contenga los derechos y obligaciones de todas las confesiones y, en su caso, beneficios fiscales, así como una casilla del IRPF, igual a la de la Iglesia Católica.
Otra herida abierta en la comunidad evangélica es la situación de los pastores jubilados. Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condenó a España por el caso del pastor Manzanas –que no había obtenido pensión de jubilación–, el Gobierno aprobó un Real Decreto sobre los términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de estos ministros de culto.
Sin embargo, los protestantes aseguran que los pastores no podrán recibir la pensión en la práctica al exigirse unos requisitos que “ninguno puede cumplir”. Por este motivo, la FEREDE interpuso el pasado 20 de noviembre de 2015 un recurso contencioso-administrativo contra dicho real decreto. Además, desde FEREDE indican a Europa Press que desde las Iglesias evangélicas se han presentado demandas contra el Gobierno español, caso por caso, la mayoría de las cuales han resultado favorables pero que el Ejecutivo las está recurriendo.
Por otra parte, con respecto a la comunidad judía, Catalá cuenta con una Ley ya aprobada y en funcionamiento sobre la concesión de la nacionalidad a sefardíes –los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492–, que deberá seguir aplicándose.
En el primer año de la ley –entró en vigor el 1 de octubre de 2015– han obtenido la nacionalidad 4.538 sefardíes, de los cuales 4.522 la han obtenido por Real Decreto, 13 por residencia y tres por el nuevo procedimiento que establece la ley. Además, otros 406 sefardíes ya tienen el acta de notoriedad y se encuentran a punto de obtener la nacionalidad, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.
