Los privilegios de los monjes del Valle: 340.000 euros por rezar, gastos pagados y al amparo de una fundación opaca y franquista, mientras exprimen la inmunidad de la iglesia para boicotear la exhumación de Franco

El prior del Valle exprime la inmunidad de la Iglesia para boicotear la exhumación de Franco al enfrentarse al Vaticano y el Supremo

Los monjes del Valle de los Caídos cobran del Estado por dar misa, hacer ejercicios espirituales o «seguir el pensamiento social». Son 340.000 euros anuales que les llegan por transferencia de Patrimonio Nacional cada año y que los religiosos utilizan para comprar comida, pagar el teléfono, contratar a la «limpiadora» y la «lavandera», hacer excursiones con los niños de la escolanía, comprar velas para las misas o renovar los hábitos benedictinos cuando se desgastan. Así lo dejó atado el dictador Francisco Franco en un decreto de 1957 que sigue vigente en democracia y que convertía a los monjes de la «Gloriosa Orden de San Benito» en los gestores del conjunto monumental franquista a través de un instrumento franquista y opaco: la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Según los deseos del dictador, debían irse a vivir al Valle de Cuelgamuros al menos veinte monjes y tenían que cumplir unos fines: «mantener el culto en todo su esplendor», «dirigir la escolanía», «recopilar la doctrina de los pontífices» y «rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional». A cambio de hacer estas labores, eran sostenidos por fondos públicos, una situación que se ha alargado hasta 2018. En ese año, y en plena batalla por la exhumación de Franco, el Gobierno de Pedro Sánchez congeló la transferencia anual de 340.000 euros porque el prior se ha negado a presentar un presupuesto de ingresos y gastos ajustado. De hecho, el Tribunal de Cuentas ya alertó en un duro informe en 2016 de que no existía rendición de cuentas y detectó todo tipo de deficiencias contables en las cuentas de los monjes. En 2017, y con Rajoy todavía en la Moncloa, Patrimonio Nacional (que es el patrono de la Fundación del Valle de la que son beneficiarios los benedictinos) asumió parte de esas recomendaciones y acordó que en 2018 se presentara un presupuesto completo, algo que, después de 60 años recibiendo dinero público, los religiosos no han hecho.

eldiario.es tuvo acceso a través del Portal de Transparencia a algunos de esos gastos que se han hecho sin control y con confusiones contables. El concepto en el que más dinero público gastaron los monjes benedictinos, que no tienen salario puesto que han hecho voto de pobreza, es en comer. Son 405.000 euros en el periodo 2014-2017.

En el capítulo de «gastos educativos» hay excursiones que han organizado los religiosos para los niños cantores: «Visitas al Zoo y Aquarium de Madrid, al Centro de Naturaleza Ambiental Cañada Real y al Monasterio de Piedra». Todo a cargo del Estado. También han invertido el dinero público en folios «DIN A4 80 mgr», fotocopias o «lote de orlas». En cuanto a los gastos de culto, los financian igualmente las arcas públicas, de las que han salido 5.200 euros anuales para la celebración de misas, entre ellas, algunas en honor al bando franquista. Los monjes han comprado para la liturgia «lamparillas de cera, botellas de cera líquida y velones» con ese dinero.

Pero no solo tienen cubierto el funcionamiento, también es el Estado el que se encarga del mantenimiento de la abadía, la basílica, la escolanía, la hospedería, la gran cruz y la explanada. Cualquier desperfecto, obra o remodelación se paga con dinero público. Se emplean unos 250.000 euros públicos anuales de media: desde el mantenimiento del funicular que no funciona (más de 100.000 euros en tres años), conservación de los brazos de la cruz (22.000 euros), reparación de cornisas de la Abadía (11.610 euros) o la enfermería para los monjes (45.000 euros).

Respecto a la fundación creada por Franco que gobierna el Valle, el informe de expertos encargado en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero ya evidenció que tenía apariencia de fundación pero no lo era: sus ingresos provienen del Estado y gestiona bienes del Estado, de modo que debería ser un Real Patronato, no una fundación público-privada, que propicia mayor opacidad. También recomendaba renegociar el convenio con la Iglesia respecto a los monjes benedictinos por «anacrónico», ya que debería distinguir y separar las labores de culto de las civiles.

Han pasado ocho años desde ese informe y sesenta desde la llegada de la orden benedictina al Valle de los Caídos sin que haya habido cambios en el estatus de los monjes, que amenazan ahora con desacatar la sentencia de la exhumación de Franco y ponen en apuros la relación de España, la Iglesia española y el Vaticano.

El prior del Valle exprime la inmunidad de la Iglesia para boicotear la exhumación de Franco al enfrentarse al Vaticano y el Supremo

Todo le ha dado igual. Mandatos políticos, judiciales o eclesiásticos. Al prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, solo le ha valido su biografía falangista y la promesa que hizo a la familia Franco al recibir el encargo de «no permitir que nuestro abuelo salga del valle». El religioso ignora al Congreso, al Gobierno, al Tribunal Supremo y a la Conferencia Episcopal y amenaza con desacatar la sentencia que da vía libre al Ejecutivo para proceder a la exhumación del dictador.

El prior ha exprimido las intrincadas jerarquías católicas y los privilegios de la Iglesia en España para ejercer su resistencia ante todo tipo de instituciones y torpedear la pretensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sacar los restos del Franco de la abadía. El monje amenazó desde el principio del proceso, en julio 2018, con atrincherarse e impedir la exhumación, que contaba –antes de iniciarse los trámites en el Consejo de Ministros– con el visto bueno del Congreso. La decisión del Gobierno partía de una moción aprobada en mayo de 2017 a propuesta del PSOE con el respaldo de todos los partidos a excepción del PP y ERC, que se abstuvieron. En el caso de los republicanos catalanes, veían insuficiente la proposición no de ley.

La última maniobra ha sido una carta enviada a la vicepresidenta, Carmen Calvo,en la que asegura que no autorizará la entrada a la abadía y que, por tanto, impedirá que se lleve a cabo la exhumación, a pesar del fallo del Tribunal Supremoque autorizó al Gobierno a ejecutarla. Los jueces sentenciaron que «no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes» y que, por tanto, el destino de los restos «puede ser limitado por razones de interés público».

La misiva ha llegado a la Moncloa el mismo día en que el alto tribunal ha reiterado que los benedictinos no pueden impedir la retirada del féretro de la abadía. El Ejecutivo sostiene que el prior no será ninguna traba para sacar los restos del dictador y que entrarán en la basílica el día que acuerde de nuevo el Consejo de Ministros proceder a la exhumación y posterior reinhumación en el madrileño cementerio de El Pardo –para lo que también cuenta con el aval del Supremo–.

Alianza nietos-prior

Durante el largo proceso para la exhumación de Franco, Sánchez se ha topado principalmente con dos obstáculos que se han aliado entre sí: los nietos del dictador y el prior. En Moncloa siempre han minimizado la figura de Santiago Cantera porque sostenían que contaban con el visto bueno del Vaticano para proceder a la exhumación siempre y cuando el Supremo acreditara la legalidad del procedimiento. Desde luego, el papa Francisco, mediante su congregación [ministerio vaticano] para la Vida Religiosa que regula las órdenes como a la que pertenece el monje, tiene la autoridad para revertir los planes de Cantera.

El prior mostró sus esperanzas en el que alto tribunal diera la razón a la familia en su recurso y, ahora que no lo ha hecho, alega que no es el organismo judicial competente para pronunciarse sino que debe ser el Tribunal Constitucional, al que en el momento de avanzar su desobediencia no había llegado el asunto. El abogado de la familia Franco ha anunciado después que recurrirá al Constitucional la decisión.

Atrincherado desde el principio

Cantera es prior de la abadía desde 2014. No obtuvo los apoyos necesarios para convertirse en abad y dirige la congregación con un rango inferior. No le ha importado a la hora de erigirse en la última trinchera que los Franco han excavado para impedir la exhumación del dictador. Al fin y a cabo, son afines ideológicos: el religioso ha tildado la memoria histórica como «venganzas del pasado». En verano de 2018, los descendientes del militar sublevado en 1936 le entregaron un poder notarial en el que se negaban a hacerse cargo del cuerpo del dictador. Se desentendían de los restos de su abuelo. Ese documento ha ejercido de blindaje y casi mandato sagrado para el prior.

Santiago Cantera ha aprovechado la estructura católica y los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Por un lado, ha aplicado la arquitectura eclesiástica para no prestar atención al arzobispo de la diócesis en la que ejerce: Madrid. Y también su dependencia directa con una orden religiosa cuyo cabeza está en Francia para resbalarle la postura de la Conferencia Episcopal Española. Eso eleva la cuestión al mismo Vaticano.

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ya evidenció hace más de un año que su postura era la de dejar que el Gobierno exhumara la momia de Francisco Franco. Tampoco le parecía muy adecuado que terminara en la catedral madrileña de La Almundena, donde los Franco tienen adquirida una sepultura, pero aseguró que poco podría hacer para impedirlo. El Ejecutivo socialista obtuvo, según contó la vicepresidenta Carmen Calvo, el compromiso del Vaticano para impedir esa nueva ubicación.

Osoro es un hombre de Francisco, el Papa que ha encontrado entre los obispos hispanos un verdadero frente opositor ultraconservador. Aún así, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se ha adherido a la postura de Osoro. El jefe de los obispos se reunió con el presidente Pedro Sánchez el 19 de junio del año pasado en la Moncloa. Sánchez escuchó de boca de Blázquez que la CEE no barajaba oponerse al traslado de Franco. El prior no contaba con ningún apoyo directo en la cúpula católica española.

Sin embargo, la idiosincrasia de la Iglesia ha dejado en manos de este prior casi todo el poder por encima de obispos y cardenales. Su superior directo no está en España sino que es un abad en la localidad de Solesmes en el oeste de Francia. Cabeza de la orden benedictina, Philippe Dupont, se ha echado a un lado al considerar la exhumación del dictador un asunto político interno español. No dictó ninguna orden directa para que Cantera, prior, se allanara al criterio del cardenal Osoro o el obispo Blázquez.

Con esos mimbres, desde la abadía se ha asegurado que los planes del Gobierno, tras el mandato del Congreso, iba camino de producir una «profanación de tumba». Y, más munición, apelaban a la inviolabilidad de los templos católicos que consagran los Acuerdos Estado-Vaticano. Este martes, al subrayar que Cantera «no ha desacatado» el fallo de Supremo, la abadía ha insistido en que «no autoriza el acceso a un lugar sagrado para, a su vez, acceder a una cosa sagrada en defensa del principio de inviolabilidad de los lugares de culto» que, dice, emana de esos acuerdos firmados el 3 de enero de 1979. El PSOE llegó a defender la denuncia del Concordato con la Santa Sede en 2011 y Sánchez lo llevó como bandera en su disputa por el liderazgo en 2014, pero esa apuesta ha desaparecido del programa electoral de los socialistas.

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...