Como España, muchos países eximen a las confesiones religiosas de pagar tributos
El PSOE lanzó el pasado domingo una polémica iniciativa encaminada a dar oxígeno a las arcas de los ayuntamientos de todo el país. Propuso que los municipios comenzaran a cobrar a la Iglesia católica -y al resto de confesiones religiosas- el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por sus propiedades no dedicadas al culto.
Tanto el PP como la jerarquía eclesiástica mostraron de inmediato su rechazo. Más aún, desde la Conferencia Episcopal se ha recalcado a lo largo de la semana que la Ley de Mecenazgo de 2002 no sólo exime a la Iglesia del pago de ese gravamen, sino también a partidos políticos, sindicatos, federaciones deportivas, el Hotel Ritz o el Palacio de Liria (residencia de la duquesa de Alba). Incluso los obispos han querido aclarar que las diferentes diócesis ya pagan el IBI y las tasas correspondientes por los inmuebles que están fuera de la actividad religiosa. «No estoy de acuerdo. La verdad es que cada provincia y cada diócesis funcionan de manera distinta», explica el periodista José Manuel Vidal, responsable de la web Religión Digital. «Es un totum revolutum. Algunos sí pagan, otros han hecho ley de la costumbre y no abonan ni las tasas… Habría que aclararlo mejor», añade.
Estas exenciones tributarias de que disfruta la Iglesias no son, sin embargo, algo exclusivo de España. Un rápido vistazo a otros países muestra que, con ciertas diferencias, también se repiten en Italia, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra y Alemania.
Sus locales comerciales pagarán a partir de 2013
La Iglesia italiana se ha librado de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, llamado ICI, desde 1992, con una ley que la declaraba exenta, incluso en los locales que desarrollaban una actividad comercial, como hospitales, colegios o también hoteles turísticos. En Italia el patrimonio eclesiástico es inmenso, se calcula en 50.000 inmuebles, 30.000 de ellos con uso comercial, pero ni siquiera existe un censo preciso. Varios municipios llevaron la cuestión a los tribunales, estimando en 700 millones anuales el dinero que se dejaba de recaudar, y en 2004 el Supremo les dio la razón. Sin embargo, el Gobierno conservador de Silvio Berlusconi y luego el de centroizquierda de Romano Prodi lo arreglaron con un truco: quedaban exentos los locales destinados a actividades «no exclusivamente comerciales». Es decir, bastaba que en el lugar hubiera una capilla.
El Partido Radical llevó en 2007 el asunto a la UE, que amenazó a Italia con una condena si no lo regulaba de acuerdo a las leyes europeas de competencia. Había dos exenciones más a la Iglesia de otros impuestos que subían la cuenta no pagada a 2.000 millones anuales. El asunto estalló el pasado mes de diciembre en la emergencia de la crisis, cuando el nuevo Gobierno técnico de Mario Monti anunció un duro plan de ajuste que incluía una subida del impuesto sobre inmuebles, rebautizado como IMU. Entonces se empezó a recordar que la Iglesia no lo pagaba. Por primera vez se convirtió en un gran debate público. Al final Monti, de forma histórica, ha impuesto el IMU a los locales comerciales de la Iglesia a partir de 2013, aunque deja fuera a los colegios sin fines de lucro y estableció un ambiguo sistema de autodeclaración. La UE habría dado su visto bueno.
Declaran los inmuebles edificados a partir de 1905
Desde 1946, la Constitución francesa dispone que el país es una «república indivisible, laica, democrática y social». La ley del 9 de diciembre de 1905 sobre la separación Iglesia-Estado estipula que «la república no reconoce ni subvenciona ningún culto». El artículo 12 de esa normativa dispone que los edificios que sirven para el ejercicio público de los cultos o como alojamiento de sus ministros son propiedad del Estado, de las provincias o de los municipios. No obstante, acuerdos particulares entre las dos partes han permitido a algunas parroquias convertirse en inquilinas de sus antiguos presbiterios por sumas simbólicas. Esos edificios de culto están exentos de impuestos, tanto catastrales como hipotecarios, mientras que las casas curales y seminarios están sometidos a los mismos impuestos que los particulares.
Los bienes inmobiliarios construidos después de 1905 pertenecen a las asociaciones diocesanas, reconocidas por el Derecho francés. Por consiguiente, es la Iglesia quien soporta sus cargas mobiliarias, inmobiliarias, impuestos y tasas diversas.
Exentos por el principio de libertad religiosa
Algunos se remontan al Génesis para justificar la exención de impuestos de la que disfrutan las Iglesias, organizaciones religiosas, ministerios, lugares de oración y «otras entidades cuyo propósito sea estudiar o avanzar la religión». A todas se les presupone que ejercen una labor a la comunidad en obras de caridad que de otra manera tendría que ser costeada por el Gobierno. Con respecto a las propiedades de las iglesias, cada municipio es libre de gravarlas o no, pero la inmensa mayoría no lo hace en base al principio de libertad religiosa. Pero quienes más se benefician no son, digamos, los Testigos de Jehová, que apenas poseen bienes inmuebles, sino la Iglesia católica, las sinagogas judías y los mormones, que son los que más han invertido en terrenos inmobiliarios. Se calcula que poseen más de 4.000 millones de dólares en suelo que a menudo alquilan sin pagar impuestos por esas rentas o dedican a negocios lucrativos como colegios privados, hospitales y universidades de pago. De cara al Gobierno federal, todos los ingresos están libres de impuestos, pero a diferencia de otras organizaciones sin ánimo de lucro las iglesias tradicionales ni siquiera tienen que lidiar con el papeleo que conlleva.
Templos estatales y curas con sueldo público
El funcionamiento económico de la Iglesia belga se rige fundamentalmente por la legislación impuesta tras la Revolución francesa. Con el paso de los años, la normativa se ha actualizado, pero la mayoría de los templos y sus obras de arte son de titularidad estatal. Por ello, las propiedades están exentas del pago de impuestos inmobiliarios. Se calcula que el Gobierno deja de recaudar anualmente alrededor de 14 millones de euros por este concepto.
Esta cantidad, sin embargo, adquiere una dimensión todavía más modesta si se tiene en cuenta que el Estado corre con los sueldos y las pensiones de los religiosos como si formaran parte del cuerpo de funcionarios. La Hacienda pública asumió estos gastos en la época napoleónica en compensación por la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Actualmente, también se benefician de los salarios estatales tanto los clérigos musulmanes como los judíos. Por ejemplo, un cura católico recibe 1.660 euros brutos al mes, mientras que el arzobispo de Bruselas cobra casi 8.500. Entre nóminas y exenciones, los distintos cultos cuestan alrededor de 320 millones cada año.
Más de 5.000 millones de euros en propiedades
La Iglesia de Inglaterra y otras instituciones religiosas del Reino Unido se consideran legalmente 'charities' o entidades orientadas al bien público y, por tanto, están exentas del impuesto sobre la renta. Pueden también recuperar el IVA abonado en facturas relacionadas con obras de restauración o mantenimiento de su patrimonio arquitectónico de interés histórico. La Iglesia de Inglaterra genera gastos anuales en torno a los 1.000 millones de libras anuales (1.200 millones de euros) en salarios, pensiones y mantenimiento de sus 13.000 parroquias y 43 catedrales. Más del 75% de los ingresos proceden de donaciones – el donante puede además desgravar la parte correspondiente en su declaración de la renta- y la Comisión Eclesiástica financia directamente en torno al 15%. Este organismo rector gestiona los activos financieros y patrimoniales de la institución, que en 2008 superaban los 4.400 millones de libras (unos 5.280 millones de euros).
Impuesto eclesiástico por pertenecer a una religión
La Ley del impuesto sobre bienes inmuebles establece que quedan exentos los lugares dedicados al culto de una sociedad religiosa -incluye de manera explícita a la congregación religiosa judía-. También quedan exentos del IBI todos los edificios propiedad de la Iglesia como guarderías, escuelas o pisos. La polémica que surge de manera regular en Alemania no es sobre la conveniencia o no del pago del IBI de la Iglesia, sino sobre el impuesto eclesiástico. Esta tasa se remonta a principios del siglo XIX y es hoy en día la fuente más importante de financiación de la Iglesia católica y de la protestante. Todos los alemanes que se encuentren inscritos en los registros de alguna confesión están obligados a pagar dicho impuesto eclesiástico -entre un 8 y un 9% del salario bruto mensual del trabajador-. Es un impuesto obligatorio para quien confiesa pertenecer a una religión. A pesar de la pérdida continua de feligreses, la Iglesia católica alemana recaudó en 2011, gracias a este impuesto, 4.918 millones de euros netos, lo que supone un 2,6% más que en 2010.
