Los padres objetores de Educación para la Ciudadanía en Cáceres, dispuestos a acudir a Estrasburgo

La Plataforma Independiente de Padres Objetores a Educación para la Ciudadanía, que agrupa a 50 familias, siente que se vulneran sus derechos

Los padres cacereños, que han presentado un recurso de alzada ante la Consejería de Educación para que se reconozca su derecho a la objeción de conciencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, están dispuestos a acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para defender sus derechos. 

Así lo ha asegurado el portavoz de la Plataforma Independiente de Padres Objetores a Educación para la Ciudadanía de Cáceres, Fernando Bernáldez.

Cuatro miembros de esta plataforma, que agrupa a unas 50 familias, presentaron ayer en Cáceres un recurso de alzada a título individual, ya que como colectivo no pueden hacerlo, según Bernáldez, para que las autoridades educativas extremeñas reconozcan el derecho de los padres a su objeción de conciencia.

Tres meses de plazo 

Los recurrentes piden que sus hijos, que cursan tercero de Secundaria, no sean suspendidos por no asistir a las clases de la asignatura.

Según Bernáldez, la Junta de Extremadura tiene un plazo máximo de tres meses para resolver el recurso, pero espera que lo haga antes, pues de lo contrario habrá terminado el curso y los alumnos podrán haber sido suspendidos.

El recurso presentado por los padres cacereños alude a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 4 de marzo de 2008, en la que se reconoce el derecho a objetar y no cursar la materia, y el deber del centro y del Estado de no evaluar a ese alumno.

Los progenitores extremeños también exponen en su recurso su disposición a aceptar una alternativa a la asignatura que no vulnere sus derechos fundamentales.

Sin alternativas 

Según Bernáldez, la negativa del Ministerio a estudiar alternativas y su empecinamiento en mantener la obligatoriedad de la asignatura han hecho que la objeción de conciencia sea la única medida posible para los padres disconformes con la materia.

Hasta la fecha, dice la plataforma, se han presentado en España más de 27.000 objeciones.

Las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Murcia son las únicas que aceptan el reconocimiento a la objeción de conciencia.

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