Los padres del credo laico de ZP

El recién estrenado 2005 será el año del parto de la auténtica hoja de ruta socialista en cuestiones religiosas. Objetivo: pasar del Estado aconfesional al laico. Con el modelo francés en mente, tres laboratorios socialistas diferentes pergeñan el credo laico: el Estatuto de Laicidad. Así va a ser la España laica de la mano de los nuevos clérigos de ZP. Éstas son las grandes líneas básicas de una propuesta que promete ser polémica y que seguramente calentará las ya tensas relaciones Iglesia-Estado.

Con el tono grandilocuente, propio de los grandes textos fundantes, los padres de la España laica definen así el Estatuto de Laicidad en un manifiesto de principios: «No es un código de laicidad elaborado a través de una ley o de un texto jurídico cerrado y definitivo, sino un bloque de legalidad constituido por un conjunto coherente de normas, principios y acuerdos, enmarcados siempre en las decisiones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, que permitan garantizar a todos los ciudadanos cualquiera que sea su creencia, la libertad de conciencia y creencia, la neutralidad de autoridades y funcionarios, la igualdad de trato a todas las creencias y la separación entre religión y política, entre iglesias y Estado, lo cual no excluye que con todas se realicen las actividades de cooperación que se acuerden».

Los nuevos clérigos de ZP están convencidos de que en la España actual existe «un creciente pluralismo social y religioso», que está en íntima relación con el pluralismo político y los demás valores proclamados en el Artículo 1 de la Constitución. Es decir, «la laicidad positiva del Estado, reconocida en el Artículo 16.3 de la Constitución, se presenta en este contexto como la garantía de la libertad de conciencia para todos, de la igualdad de todos ante la ley, de la no discriminación por motivos religiosos y de la neutralidad del Estado en lo referente a las creencias religiosas y morales de sus ciudadanos».

Para que se entienda mejor, los pensadores laicistas del PSOE quieren dejar muy claro en los diferentes bocetos del Estatuto de Laicidad que ésta « no es la religión de los no creyentes ni una alternativa a ninguna creencia religiosa». Más aún, «la laicidad no es en modo alguno la religión civil de un Estado ni el dogma intolerante de los que no tienen religión, sino un pacto de convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas que profesan diferentes creencias, o ninguna creencia y diferentes opciones morales, y también la exigencia política, jurídica y moral que deriva del principio de libertad de conciencia».

Lógicamente, los grandes principios fundantes del Estatuto de Laicidad se plasman en toda una batería de medidas concretas que van conformando y haciendo visible esta nueva «sociedad laica».Por eso, el Estatuto de la Laicidad bendice las iniciativas legislativas del Gobierno en temas como el divorcio, la regulación de la convivencia entre parejas homosexuales, la igualdad de hombres y mujeres, la ley integral de violencia doméstica, la regularización de la inmigración o la reforma del sistema educativo. Pero, además, pide la «laicidad de las administraciones públicas que integran el Estado, así como de las instituciones y de los servicios públicos».

Por ejemplo, «reflejo de la laicidad del Estado debe ser la existencia de una Escuela pública laica, basada en los valores recogidos por la propia Constitución». Porque, «ni la Constitución ni el Estado están vacíos de valores. Por lo tanto, la Escuela pública laica debe proporcionar una formación humana capaz de superar las diferencias derivadas del origen social como las confesiones religiosas y las etnias». Es decir, se trata de que la escuela promueva los «valores constitucionales de libertad, justicia y tolerancia». Para estimular el conocimiento y la práctica de dichos valores, los padres del Estatuto de Laicidad abogan por introducir en primaria y secundaria la asignatura de Educación Ético-cívica, con carácter común y obligatorio.

CONDICIONES

¿Y la clase de religión? «Siempre que se respete y no se perturbe el carácter laico de la Escuela pública, la formación religiosa y moral que demanden los padres deberá ser impartida en los centros de enseñanza». Pero con las siguientes condiciones: «Trato igual para todas las confesiones y creencias; libre elección, es decir que nadie será obligado a realizar actividad alternativa alguna; no será materia evaluable; los profesores serán designados y contratados según el Estatuto de los Trabajadores; no podrá hacerse en la escuela proselitismo confesional ni utilizar en ella símbolos, signos o atuendos religiosos ostensibles».

Aparte de todo eso, el Estatuto de Laicidad implica la revisión de los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede en 1979, «base de los actuales privilegios de la Iglesia católica, especialmente en los aspectos relacionados con la enseñanza de la religión y con la autofinanciación de la Iglesia católica».

Los motores ideológicos del Gobierno en materia de laicismo son la Universidad Carlos III de Madrid de Gregorio Peces-Barba y Dionisio Llamazares, la Fundación Cives de Victorino Mayoral y la célula gubernamental, dirigida por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar e integrada, entre otros, por José Antonio Alonso, Alvaro Cuesta, Luis Gómez Lorente o los ex ministros Gustavo Suárez Pertierra y Tomás de la Quadra.

El núcleo laicista de la Carlos III esta formado por Gregorio Peces-Barba, rector de la citada Universidad, la ministra de Educación y ex vicerrectora del centro, Maria Jesús San Segundo, y sobre todo por Dionisio Llamazares, que dirige la cátedra de Laicidad y Libertades Públicas Fernando de los Ríos, única en España. En la cátedra del que fue director general de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993, se esté elaborando el grueso del estatuto laicista.

La fundación educativa y asistencial Cives está liderada por Victorino Mayoral y constituye, junto a otras 50 asociaciones, la Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica, que acaba de lanzar un manifiesto en el que pide la revisión de los pactos con la Iglesia católica.

Tanto Dionisio Llamazares como Gregorio Peces-Barba y Victorino Mayoral son partidarios de romper los acuerdos entre España y la Santa Sede, porque, a juicio de los tres «son inconstitucionales».Para el rector de la Carlos III, estos acuerdos «regulan privilegios contradictorios con el principio de laicidad del Estado».

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LOS TRES MOSQUETEROS DEL LAICISMO
Gregorio Peces-Barba. Participó en el Proceso de Burgos, fundó la revista Cuadernos para el Diálogo, fue presidente del Congreso de los Diputados y es uno de los padres de la Constitución. A sus 66 años, el rector de la Universidad Carlos III acaba de ser nombrado alto comisionado para la atención a las víctimas del terrorismo. Aunque procede del sector democristiano del PSOE, sostiene que «una democracia moderna es inseparable del pluralismo y de la neutralidad religiosa en la que consiste la laicidad» y que hay que «reconocer la autonomía de la política y de la ética pública frente a las pretensiones de las iglesias de dar una legitimación social al poder político, vinculándolo con su particular concepción de la verdad».

Dionisio Llamazares. Es uno de los maestros del Derecho Eclesiástico.Nacido hace 67 años, conoce como nadie la institución eclesial por dentro y por fuera, es un experto en relaciones Iglesia-Estado y uno de los adalides del laicismo desde su cátedra de Laicidad. Ocupó la Dirección general de Asuntos Religiosos con el PSOE entre 1991 y 1993. En su época se firmaron los acuerdos, que ahora se están activando, con musulmanes, judíos y protestantes. Cree que «la laicidad es la única garantía del derecho a la libertad de conciencia» y entraña dos características principales: «Separación sin confusión y neutralidad». A su juicio lo peor es que la Iglesia «quiera imponer su moral a todos los ciudadanos». «No puedo imponer un artículo de mi fe a todos los demás», remacha tajante.

Victoriano Mayoral. Este diputado socialista por Cáceres, de 64 años de edad, es uno de los baluartes de la laicidad en el PSOE desde la presidencia de la Fundación Educativa y Asistencial Cives, hermanada con la ONG Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Su fundación es un auténtico laboratorio de ideas laicistas, que cuenta con el apoyo de más de 50 asociaciones de todo tipo, incluso algunas católicas. Partidario de un «laicismo incluyente», Victoriano asegura que ni en el partido socialista ni en su asociación «hay masones o comecuras». Asegura que «no sólo no queremos acabar con la Iglesia, sino que incluso valoramos su labor. Lo único que nos parece inaceptable es que quiera predeterminar la moral de todos, porque estaba antes que nadie y es más numerosa que nadie».

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