Los objetores buscan una rendija para alargar el boicot a Ciudadanía

Los insumisos atacarán los decretos de desarrollo de la asignatura y los manuales

En la letra pequeña tienen puesta la mirada las plataformas y asociaciones andaluzas de objetores a Educación para la Ciudadanía. Analizan con lupa las cuatro sentencias del Tribunal Supremo (TS), en las que se afirma que no es legal objetar. Quieren mantener vivo el frente que abrieron contra esta materia y que han sostenido gracias al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). "Todo sigue igual, seguimos sin entrar en clase". Es el mensaje que lleva días trasladando María Emilia García de Blanes, de Córdoba Educa en Libertad, a las familias objetoras de su provincia. "La sentencia da lugar a objetar a los textos y a los profesores", añadió ayer Carmen Moreno, de la plataforma sevillana Ni Un Paso Atrás.

El abogado Carlos Seco, militante del PP y encargado de llevar muchos de los casos de objetores al TSJA, sostuvo que se va a crear "un observatorio" para vigilar cómo se aplica la materia. Y apuntó al siguiente paso: atacar legalmente el desarrollo de la asignatura y los manuales. Seco sí reconoció que el Supremo ha eliminado la posibilidad de objetar totalmente a Ciudadanía. Aunque, en su opinión, se puede mantener de forma "parcial". La Consejería de Educación estudia ahora cómo obligar a los insumisos a volver a clase.

La Consejería de Educación lo tiene claro: los alumnos "tienen que ir a clase". Los servicios jurídicos de la consejería están estudiando ahora las sentencias del Supremo para planificar la forma de obligar a los insumisos a cursar de Educación para la Ciudadanía.

Hay tres tipos de casos. Existen alumnos que no tiene ahora la obligación de entrar a esa clase gracias a que disponen de una sentencia personalizada de la sala tercera del TSJA, vinculada al Opus Dei y a una de las plataformas de apoyo a los objetores. Son unos 25 casos, según Educación. La Junta mantiene que habrá que esperar a que lleguen del Supremo los autos que revocan cada una de las sentencias del TSJA que amparaban la insumisión. Dentro de este grupo está la familia de Bollullos, cuyo caso ha sido estudiado en el Supremo. El auto no había llegado ayer a Educación. En el momento que les sea notificada, la consejería se dirigirá al centro y a la familia para comunicarles que el alumno debe entrar en clase.

El segundo grupo estaría compuesto por aquellos casos en los que el TSJA ha dictado medidas cautelares. Son 87 alumnos y Educación también dice que hay que aguardar a los tribunales. Si TSJA se empecina en respaldar la objeción habrá que esperar a que de nuevo, una a una, el Supremo revoque las sentencias de los magistrados andaluces.

El último grupo estaría compuesto por los alumnos que, por indicación de sus progenitores, no están acudiendo a Ciudadanía sin sentencia ni medidas cautelares. "Tienen que ir a clase", afirmó ayer Educación: "Si no estarán suspensos". La consejería estudia la forma de integrar a los alrededor de 70 adolescentes que están en estas circunstancias. Se baraja adaptarles los horarios de clase para que puedan recuperar los contenidos que no han recibido durante el primer cuatrimestre. "No acudir a una clase obligatoria es absentismo", recordó el presidente de la Junta, Manuel Chaves, el jueves 12 de febrero en el Parlamento, antes de que se conociera el texto de las sentencias del Supremo.

Las pequeñas asociaciones y plataformas de apoyo a los objetores no tienen todavía una postura única. Dicen estar estudiando las sentencias del Tribunal Supremo y tienen previsto reunirse en los próximos días para acordar una posición unitaria.

Hay casos como el de Luis de Loma-Ossorio, responsable de la asociación Jaén Educa en Libertad, quien insiste en esperar a que la Junta de Andalucía de un paso para decidir qué hará. Tiene un hijo que estudia tercero de ESO, curso en el que se imparte la asignatura en Andalucía. No dispone de sentencia del TSJA ni de medidas cautelares que le amparen. "Pero no va a entrar en clase hasta que la Junta no se lo comunique". El abogado y miembro del PP Carlos Seco difiere en su postura personal. Su hija estudia también tercero de ESO en un colegio católico de Sevilla. La chica, según Seco, volverá a entrar a esta clase: "pero determinados contenidos no los va a cursar y le pediré permiso al centro para que se ausente y no sea examinada sobre esos contenidos".

Y también hay quien apuesta por salidas más duras. "Hasta con tres asignaturas suspensas se puede titular en la ESO", sostuvo ayer Carmen Moreno, de la plataforma sevillana Ni Un Paso Atrás. Es decir, que habría progenitores dispuestos a que sus hijos obtengan el título de ESO con la mancha de un suspenso en el expediente porque ellos discrepan de esta asignatura.

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