El conflicto se centra ahora en los contenidos de la asignatura educación para la ciudadanía
Los obispos ultiman estos días una agenda para 2007 que apuntala rencillas internas y, sobre todo, nuevos conflictos con el Gobierno socialista. Apenas hay novedades sobre el pasado curso. Los prelados, descontentos con las decisiones de Educación sobre la enseñanza del catolicismo en la escuela pública, centrarán en cambio la ofensiva en cómo el Ejecutivo ha planteado la asignatura educación para la ciudadanía. La batalla contra la supuesta "ilegalidad" de los contenidos de esa materia curricular alcanzará a instituciones e instancias judiciales españolas y europeas.
"En los años pasados los alumnos podían tener dos horas de clase de religión a la semana. Ahora, el Gobierno las quiere reducir a una sola hora. Parece que existe el deseo de que la religión quede como algo residual, algo de muy poca importancia que se deja ahí por no quitarlo, casi como un residuo decorativo. Da pena comprobar que después de 30 años de democracia estemos todavía con esta discusión de 'religión, sí; religión, no', cuando es un asunto que cualquier país serio debería tener resuelto". Estas palabras del arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, uno de los grandes ideólogos de la jerarquía católica, resumen el estado de ánimo de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La tesis es que el Gobierno no sólo debe respetar la libertad religiosa de los ciudadanos, sino que debe favorecerla facilitando su enseñanza, en este caso de la moral y religión católicas. "La manera de entender las cosas del Ejecutivo lleva fácilmente a una cierta violencia espiritual y cultural", dice el arzobispo Sebastián.
La asignatura de religión sigue dentro del sistema educativo, impartida por decenas de miles de profesores contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados para cada curso por los obispos. Es decir, el Gobierno introdujo muy pocas novedades en la reforma aprobada el curso pasado. Pese a todo, los prelados se sintieron muy insatisfechos, casi agredidos, y respaldaron que sus organizaciones afines se movilizaran a fondo contra la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Eso fue el año pasado. En 2007 la ofensiva va más allá. Los obispos quieren intervenir también en el valor curricular y los contenidos de las asignaturas alternativas a la de catolicismo. Para ello preparan un manifiesto, que van a hacer público tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, los próximos días 27 de febrero a 1 de marzo. El comité ejecutivo episcopal ultimó el documento en su reunión del jueves, primera del año. Componen este órgano seis prelados y un sacerdote jesuita: los cardenales Antonio María Rouco (Madrid), Antonio Cañizares (Toledo) y Carlos Amigo (Sevilla); los arzobispos Lluis Martínez Sistach (Barcelona) y Carlos Osoro (Oviedo); el obispo de Bilbao y presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, y el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, como portavoz y secretario general de la institución.
El objetivo del manifiesto episcopal, que va a ser "muy duro" según fuentes eclesiásticas, es la asignatura llamada educación para la ciudadanía. Algunos prelados ya han reclamado a fieles que ejerzan la objeción de conciencia ante esa asignatura, y la propuesta ha sido asumida con entusiasmo por la asociación Profesionales por la Ética. Presentada como la "promotora de la campaña de objeción de conciencia frente a la imposición obligatoria de la asignatura educación para la ciudadanía", esta organización también está estudiando denunciar "la ilegalidad de los contenidos de esta materia curricular ante diferentes instituciones e instancias judiciales españolas y europeas".
Jaime Urcelay, portavoz de Profesionales por la Ética, apela a un dictamen del Consejo de Estado para decirle al Gobierno que "no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la Constitución". Afirma: "Los contenidos de la asignatura educación para la ciudadanía claramente se entrometen en la formación moral de los alumnos. Por tanto, es posible iniciar acciones políticas y legales en defensa de los derechos de los padres en todos los ámbitos posibles".
Profesionales por la Ética sostiene en un largo documento que el Ministerio de Educación ha sometido a varias "gravísimas manipulaciones" al dictamen del Consejo de Estado en que la citada asociación basa sus severas denuncias, y se propone hablar con los grupos parlamentarios del Congreso sobre el asunto antes de tomar otras decisiones.
Otro asunto es la unanimidad episcopal ante estas campañas. La severidad crítica que algunos prelados reclaman contra el Gobierno por estos conflictos educativos ahonda la división de la Conferencia Episcopal. Son muchos los que reclaman más energía -entre otros, los cardenales Rouco y Cañizares-, pero abundan también quienes apuestan por el diálogo o por unas denuncias menos agrias.
Es la misma discordia, por cierto, que la escenificada semanas atrás a propósito del fallido diálogo del Gobierno con ETA. Algunos obispos calificaron de inmoral cualquier contacto con los terroristas, mientras otros, como el presidente de la CEE, el obispo Blázquez, no vieron con malos ojos una posible negociación. La disputa continúa.
